Canarias busca digitalizarse sin caer en la deshumanización

Julio Pérez también ha subrayado durante su comparecencia ante el pleno del Parlamento regional que la administración no debe de revestirse de cierto "paternalismo" hacia los ciudadanos porque 400.000 ciudadanos disponen de la clave PIN, un porcentaje "elevadísimo" de la población, a su juicio.

Una clave PIN que permite acceder, según Pérez, a una "gran parte" de utilidades administrativas y con la que se puede resolver "prácticamente todos" los trámites, como el acceso a la historia clínica electrónica o la resolución de procesos de la Agencia Tributaria.

"No podemos pensar en una reactivación económica y una reconstrucción de la sociedad canaria tras una pandemia si no es con otra administración, (aunque) con los mismos empleados públicos actuales. La digitalización es inevitable, pero no debe convertirse en una nueva deshumanización, y aunque la administración tiende a la burocracia (…) no podemos quitar a las personas", ha recalcado el consejero.

La portavoz del grupo de Nueva Canarias, Sandra Hormiga, ha advertido en esa línea del "vacío" que produce la digitalización de la burocracia sin que la administración vaya a la par que la misma, y que padecen finalmente los ciudadanos porque no tienen una relación directa con la administración.

Ha ejemplificado así con las dificultades que entrañan pedir una cita en Tráfico o una reclamación en Educación: "cuando intentas hacerle frente a una acción administrativa, vía recurso o vía alegaciones, te encuentras con la acción digital, y con que no tienes enfrente a un funcionario al que pedirle explicaciones", ha lamentado la diputada nacionalista.

Simplificar la administración pública, ha continuado el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, implica prescindir de ciertos trámites, evitar duplicidades o inactividades, o evitar el dictado de resoluciones similares, entre otras medidas, pero en ningún caso se puede llevar esta simplificación "hasta el infinito".

Y tampoco se puede prescindir de controles y garantías porque "no todas las complicaciones son innecesarias", ni de las licitaciones de los contratos públicos, las ofertas de empleo público con arreglo a capacidades y méritos o los reparos de los interventores municipales: "conviene simplificar, pero no eliminar lo esencial", ha apostillado.

"Ese punto intermedio a encontrar entre lo que se nos demanda y lo que se practica por parte de esos 400.000 canarios que disponen de su clave PIN no nos debe llevar a la desorganización administrativa", ha rematado el consejero en respuesta al grupo proponente de Nueva Canarias.

Además, Julio Pérez ha añadido que el Ejecutivo pretende examinar lo que se ha denominado a lo largo del pleno como "maraña" administrativa para discernir en cuántos de ellos se puede sustituir o suprimir trámites innecesarios o que se pueden dar por finalizados mediante otros procedimientos.

Sandra Hormiga ha propuesto que todos los procedimientos entren en un estudio global del que tendrán que formar parte tanto representantes políticos como, sobre todo, la "parte técnica" del asunto, porque son quienes conocen las realidades de la administración, en su opinión.

Y ha pedido flexibilizar la normativa estatal, especialmente en materia de contratación, así como abordar los aspectos urbanísticos, que suponen un 70 % de la paralización de la actividad económica y administrativa en licencias de puesta en marcha, ocupaciones de terrazas o actividades del sector primario, entre otros factores.

"Este documento es del 2007, y en su exposición de motivos decía que quería simplificar las administraciones. Pero pasaron de un documento de 249 artículos a 408, a desarrollar en 5 reglamentos: si para ustedes este es el concepto de simplificación, hablamos de conceptos totalmente distintos", ha concluido.