27 de julio de 2020
27.07.2020

Fitonovo llega a la Audiencia Nacional con nueve acusados de corrupción

Adolfo de la Torre, Sergio Machín, José Ulises Pérez y seis cargos de Extremadura y Andalucía crearon una trama societaria que acaparó contratos públicos con sobornos

26.07.2020 | 23:39
Fitonovo llega a la Audiencia Nacional con nueve acusados de corrupción

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza a juzgar hoy el conocido como 'caso Madeja' de corrupción, una infraestructura conformada en torno a la empresa Fitonovo para la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos, actuación que se prolongó durante más de 15 años en diferentes territorios.

La Fiscalía acusa en esta primera pieza que se va a juzgar al apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo de la Torre; el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín; el ingeniero del Cabildo de Las Palmas José Ulises Pérez González; el jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro; el secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen; José Francisco Cazorla, funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía; y el jefe del Servicio de Carreteras de esta última consejería José María López Torrego.

El escrito de acusación también se dirige contra directivos de otras empresas que también resultaron adjudicatarias de contratos públicos en Canarias y también habrían pagado dádivas: se trata de Rubén Coba (Api Movilidad); Gustavo Adolfo Gómez Jiménez (Elsamex). El Ministerio Público solicita condenas para los acusados de entre tres y cinco años de prisión por delitos de cohecho y prevaricación.

El juicio comienza hoy a las diez de la mañana en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares y continuará los dos días siguientes. El tribunal ha previsto las siguientes sesiones a partir del 2 de septiembre.

Según la Fiscalía, la sociedad Fitonovo realizó una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos. Así, su dirección creó una "infraestructura tanto operativa como contable" para obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación y creando una "contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

Al mismo tiempo, continúa el escrito, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se acaparó contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, ya que "pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas"

Fitonovo disponía de una 'caja B' que "se alimentaba fundamentalmente mediante facturación falsa" de empresas suministradoras o proveedoras y estos fondos se empleaban también para el pago de salarios en negro a trabajadores, gastos personales, financiación de ampliaciones de capital de otras sociedades de la trama, etc.

Según el Ministerio Público, "la entrega de comisiones se prolongó durante al menos 15 años" a partir de 1995, "afectando a múltiples administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades en Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias".

Concurrencias ficticias

Pero además, la dirección de la trama criminal creó otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.) que emplearon, ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que "se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo".

La dirección decidía las operaciones que la empresa debía acometer, autorizando cuando era preciso el pago de comisiones a funcionarios, o incluso materializando dichos pagos cuando, por el perfil del funcionario, se entendía que el interlocutor debía ser un directivo.

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