La Comunidad Autónoma apenas ha adelgazado su sector público en la última década pese a los compromisos que se adquirieron por el Ejecutivo regional al inicio de la recesión de 2008. El entramado de empresas, fundaciones, consorcios, entes y organismos autónomos se ha reducido un 16% desde 2009, siendo la cuarta comunidad que menos ha recortado sus entidades dependientes junto a País Vasco, Aragón y Asturias. La media nacional de recortes es del 34%, pero por encima del 50% destacan Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares y Murcia.

En el informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público, el Tribunal de Cuentas constata que apenas varía el número de sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma porque en 2009 suponían más del 40% del sector público autonómico y ese porcentaje no se ha movido desde entonces, aunque el Ejecutivo ha acometido algunas liquidaciones de empresas a cambio de la creación de otras.

La Comunidad Autónoma tiene actualmente 15 empresas públicas operativas mientras otras cinco están en proceso de disolución desde hace años y a día de hoy siguen figurando en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma: Canarias Congress Bureau Maspalomas, Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, Gestión Urbanística de Las Palmas SA, Proyecto Monumental Montaña de Tindaya SA y Saturno.

El Tribunal de Cuentas recoge en su informe que en 2010 el Gobierno regional puso en marcha una serie de medidas extraordinarias para reducir el gasto público como consecuencia de la fuerte crisis económica, que provocó serios recortes en el presupuesto autonómico. Entre esas medidas figuraban bajar el gasto del sector público y en 2011 se aprobó un plan de disciplina presupuestaria, en el que se disponía la extinción de una serie de entes autonómicos. Sin embargo, en el presupuesto regional de 2010 figuran las mismas empresas públicas que en la ley de presupuestos de 2020.

Donde sí ha habido más reducción, según el informe del Tribunal de Cuentas, es en las fundaciones, en el que se ha acometido un mayor ajuste en relación con el inicio de la recesión económica anterior. En 2010 había 12 fundaciones pagadas con fondos públicos y ahora, diez años después, hay siete. El tribunal recoge que las fundaciones han sido los tipos de entidades con mayor reducción en Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana con porcentajes entre un 37,3 % de esta última y un 50 % de Canarias, en relación con el total de entes que han causado baja.

En el presupuesto de 2020 el sector público de la Comunidad Autónoma dispone de más fondos procedentes del presupuesto regional. Atrás quedaron los planes de viabilidad de las empresas públicas autonómicas, las reducciones de personal, bajadas de salarios y complementos y los ajustes para reducir el peso de las sociedades mercantiles. Las cuentas autonómicas de 2020 destinan 180,6 millones de euros a las 15 empresas del sector público operativas, lo que supone 9,3 millones más que en el ejercicio de 2019 (un 5,45% más).

El gasto de personal es el que absorbe la mayor parte de este incremento ya que el 88% de la subida va destinada a salarios y contrataciones: 8,2 de los 9,3 millones de incremento. En total 71,5 millones de euros. Hace diez años el gasto global en las empresas públicas era de 182 millones de euros, es decir, apenas dos millones más que una década después.

Las tres sociedades que reciben más fondos de la Comunidad Autónoma en 2020 son Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Televisión Pública de Canarias y Promotur. La primera de ellas es la empresa que gestiona el transporte sanitario y coordina la atención de urgencias -112- del Gobierno regional y depende de las consejerías de Sanidad y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Cuenta con un presupuesto de 79,1 millones de euros, 5,4 millones más que en 2019, lo que supone un 7,42% de incremento.

Junto a las siete fundaciones y las 20 empresas públicas, la Comunidad Autónoma dispone de 11 organismos autónomos, entre ellos el Servicio Canario de Salud, el Servicio Canario de Empleo o el Instituto Canario de la Vivienda. Ademas es titular de tres entidades públicas -Consejo Económico y Social, Radiotelevisión Canaria y Agencia Tributaria Canaria-, el Consorcio El Rincón de La Orotava y dos entidades públicas empresariales, que son la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y Puertos Canarios.