Aire fresco para los negocios que viven de la asistencia de bañistas a las playas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado esta semana un real decreto por el que les exime del pago del canon por la concesión de la ocupación del espacio marítimo terrestre durante el tiempo en que la lucha contra la pandemia prohibió ir a las playas. Además, habrá descuentos para el tiempo en el que se pueda pisar la arena pero continúa habiendo restricciones.
La mirada se colocó sobre los chiringuitos que pueblan la costa mediterránea peninsular. Bien los pocos que continúan siéndolo o los que un día se transformaron en auténticos restaurantes dentro de la playa. Su actividad, como la de tantas otras empresas, se vio reducida a cero con el decreto de estado de alarma, con lo que la incógnita sobre su pervivencia estaba más que justificada.
Sin embargo, no solo ellos se beneficiarán de la medida que ha impulsado la ministra y vicepresidenta cuarta del Gobierno central, Teresa Ribera. En Canarias también existen actividades económicas que tienen que pagar a Costas. Por ejemplo, el servicio de hamacas, que se veía seriamente amenazado por el cerrojazo.
En realidad es la Administración municipal la que ejerce como recaudadora para el Estado. Son los ayuntamiento los que pasan el recibo y por eso no faltaron los que desde el primer momento pusieron en conocimiento de los dueños de estos negocios que no iban a tener que pagar nada. Es más, el de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, que recauda por el servicio de hamacas de Las Canteras y es quien directamente paga por las piscinas de La Laja, no piensa volver a cobrar por este concepto a los hamaqueros hasta que la situación se normalice. "No es la población local la que les nutre de ingresos", recalcan fuentes municipales, "sino los turistas".
Lento retorno
El turismo se ha puesto en marcha, pero no hay una sola voz que defienda que el retorno de los visitantes se vaya a producir de manera rápida. Más bien al contrario, sobre todo mientras no exista una vacuna que garantice a los viajeros que no tendrán riesgo de contagio.
De todos modos, la ausencia de ingresos por estos conocidos como "servicios de temporada" no va a ser la que mayor agujero va a generar a las arcas del Estado. En el caso particular de la capital grancanaria, de hecho hasta la publicación del real decreto a mitad de esta semana quien corría con los gastos era el propio consistorio, que ahora verá aliviado el capítulo de recaudación.
¿En qué medida? Escasa. Los ocho operadores que trabajan en el alquiler de hamacas en Las Canteras suman 12.000 euros anuales. Si tenemos en cuenta que desde Las Palmas de Gran Canaria parten hacia Madrid 16.000 euros por este concepto, se deduce que el coste de la concesión en las piscinas de La Laja es menor de 4.000 euros por cada ejercicio, ya que también tributan otros conceptos. En cualquier caso, cantidades pequeñas.
Evidentemente, la suma de los pagos de todos los municipios costeros canarios conduce a una suma a tener más en cuenta, pero no sería lógico pagar por una concesión gubernamental que no puede sustanciarse precisamente por otra decisión del Gobierno de España, la de confinar a la población para afrontar la pandemia y, posteriormente, devolver con restricciones el uso de las playas.
"En realidad, han dado carta de naturaleza a una cuestión que ya se estaba produciendo. Nadie estaba pagando", explicó uno de los afectados. También lo son algunos hoteles que tienen la totalidad de su planta o parte de ella en zona pública previo permiso, más o menos reciente, de Madrid. En ese caso, el canon sí es más cuantioso y puede llegar hasta los dos millones de euros.
En el sector hay dudas sobre el alcance de la decisión del ministerio. ¿A quién alcanza la exención? El Real Decreto para la adaptación de la gestión del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre a las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia (...)" lo deja claro.
Los beneficiarios, si puede llamarse así a quienes no han tenido ingresos por el parón, son "los titulares de autorizaciones y concesiones de servicios de temporada en playas y establecimientos expendedores de comidas y bebidas que hayan sufrido merma en los beneficios debido a la imposición de medidas excepcionales de cese de actividad, reducción del aforo o aumento de las distancias entre los elementos de las instalaciones durante la emergencia sanitaria".
Las incertidumbres surgen para el tiempo actual y venidero. Tampoco la facturación va a dispararse ahora, porque por la misma emergencia sanitaria se adoptaron unas medidas restrictivas que afectan al turismo en su conjunto. Es más, la persistencia del problema de fondo -no hay vacuna- continuará lastrando la llegada de turistas. Basta saber que con menos del 10% de las plazas hoteleras en el mercado, la ocupación en junio no pasó del 17%.
Irá mejorando de manera paulatina y siempre que los rebrotes no pasen a mayores. Lo que los afectados demandan es que se tenga en cuenta la intensa pérdida de clientes y se adecúa a ella la recaudación del canon.
