Canarias mira más que nunca a Europa. El europeísmo canario se fortalece y se convierte en piedra de toque de su inmediato calendario político en las relaciones con el Estado. El histórico acuerdo en el seno del Consejo Europeo del pasado fin de semana sobre los presupuestos comunitarios para el periodo 2021-2027 y el reparto de fondos para la reconstrucción post-covid, refuerza las políticas singulares para las regiones ultraperiféricas (RUP), a las que otorga un apreciable montante de recursos. Es un elemento que ha pasado inadvertido en el contexto de la política estatal y de la celebración del éxito que el acuerdo ha supuesto para España, que recibirá 140.000 millones (76.000 millones a fondo perdido) de la bolsa global de 750.000 millones (390.000 millones de transferencias directas), pero que abre una senda por la que transitará el diálogo y las negociaciones entre Canarias y el Estado en los próximos dos años.

El mencionado acuerdo comunitario ha caído como una bomba en la política española y sus efectos en todos los ámbitos están aún por determinarse, aunque se presume que la onda expansiva puede ser considerable. De entrada, el Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial el propio presidente, salen fortalecidos, y abre un nuevo escenario de cara al inmediato reto al que se tiene que enfrentar, la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado para 2021. Aunque la aritmética parlamentaria en Madrid sigue marcando la pauta, y las mayorías posibles para tener nuevas cuentas se mantienen condicionadas a otros imponderables políticos, Sánchez gana margen de maniobra y amplia su espacio de movimiento para poder cerrar acuerdos.

El debate presupuestario marcará en los próximos meses el devenir de la legislatura estatal, pero nadie duda de que el acuerdo europeo acerca al Ejecutivo central a su objetivo de aprobar nuevas cuentas, a las que ya podrá incorporar algunos de los fondos logrados en Bruselas, y con ello encauzar la legislatura. Partiendo del hecho de que el PP se ha quedado muy descolocado por el éxito español en Europa y de que no logra despejar sus dudas estratégicas de actuación política, el escenario político da un giro importante. La debilidad del Gobierno de coalición en la primera etapa de la crisis sanitaria por el coronavirus y su gestión, se ha transformado en estos momentos en fortaleza política pese a que no ha logrado el consenso que buscaba en la Comisión de Reconstrucción que acaba de votar en el Congreso sus conclusiones sobre cómo afrontar la crisis derivada de la pandemia.

La geometría variable gracias a la cual el Ejecutivo puede sacar adelante sus propuestas con distintos apoyos y posibles mayorías, gracias al cambio de estrategia de Cs, abre nuevas expectativas, y el acuerdo europeo solo hace que confirmarlas. Si ERC se contrae en su respaldo a Sánchez por las elecciones catalanas, el partido naranja puede salir al rescate. Las reticencias del socio de Gobierno, Unidas Podemos, a estos posibles pactos con el centro político quedarán probablemente minimizadas por la actual debilidad política de los morados y de su líder, Pablo Iglesias, y por los propios condicionantes de la ayuda europea a España.

En este marco, Canarias ha logrado a partir del acuerdo del Consejo Europeo reforzar su enfoque sobre la necesidad de que le sean reconocidas medidas singulares, tanto en su condición de región insular y alejada, como por el hecho de se el territorio más afectado por las consecuencia de la pandemia. Esta argumentación no ha tenido efecto de momento en los documentos elaborados por la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que no recoge prácticamente ninguna de las medidas que a este respecto se habían incluido en el pacto canario por la recuperación social y económica, y tampoco está teniendo demasiado éxito en cuanto a la actuaciones que los ministerios están desarrollando en estos momentos. Desde el inicio de la emergencia sanitaria y la posterior puesta en marcha de las medidas para afrontar la crisis, las respuestas del Gobierno central se quedan lejos de las reclamaciones isleñas y de los objetivos que comparten tanto del Gobierno regional como del conjunto de fuerzas políticas y de los agentes sociales.

El acuerdo europeo, tras arduas y agónicas negociaciones, para mutualizar los efectos de la crisis entre el conjunto de los 27 y poder atender así con mayor intensidad a los países más afectados, como España o Italia, supone por ello un espaldarazo a las razones expuestas por Canarias para exigir mayor reconocimiento del Gobierno de Sánchez a sus singularidades y necesidades.

Es el plan de acción que queda expuesto sobre el tablero político para los próximos meses, más allá de los insatisfactorios resultados que a este respecto se han dado en el Comisión de Reconstrucción del Congreso. Es por tanto el nuevo punto de partida para el Gobierno de Canarias en su brega con el Ejecutivo central para ajustar la respuesta estatal a la lucha contra la crisis económica y social en el Archipiélago y cuyos hitos inmediatos son la autorización de todo el superávit a los ayuntamientos y cabildos de Canarias, no en los términos propuestos por el Ministerio de Hacienda, un plan especial de impulso al turismo, o la prórroga de los ERTE al menos hasta diciembre si se mantiene la baja actividad turística. Todo ello previa celebración de la comisión bilateral pendiente desde hace dos meses.

Además, la nueva hoja de ruta de Canarias y del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, sin embargo, tiene dos elementos clave que marcarán las negociaciones y las relaciones entre ambas partes en los próximos meses. Primero los Presupuestos estatales 2021, donde se deberán concretar las aportaciones estatales que contempla el pacto canario de reconstrucción (5.500 millones entre transferencias y créditos), así como todas las partidas que en materia de inversión y compensaciones a la lejanía y la insularidad establecen el REF y el Estatuto renovados. Y en segundo lugar el reparto de los fondos comunitarios propuestos por el Consejo Europeo y pendientes aún de ratificar por el Parlamento Europeo y las asambleas nacionales.

En ambos escenarios de relaciones con el Estado, Canarias se aferra a Europa para proteger sus intereses y un tratamiento justo a su condición de RUP y a circunstancia especial de ser la comunidad autónoma más golpeada por la crisis. Como ya han señalado distintos dirigentes y portavoces del Ejecutivo regional, se trata ahora de que España y su Gobierno reconozca que los fondos europeos para las RUP no contabilizan a la hora del reparto del resto de recursos presupuestarios para el conjunto del país.

Canarias debe entrar en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas a esos efectos en la distribución de fondos. Como ejemplo a no repetir en este sentido se tiene muy presente el grave perjuicio que supuso para el Archipiélago que en el aún vigente modelo de financiación autonómica se contabilizaran los ingresos del REF como recursos del sistema, lo que produjo durante años un importante déficit de cobertura de los servicios públicos.

Pero además, Canarias deberá vigilar asimismo que también en el reparto de los fondos post-covid que corresponden a España, el Ejecutivo central aplique el principio de compensación por su condición de RUP, así como por el hecho de que su economía se vea especialmente castigada por la crisis. La mirada europea desde el Archipiélago hacia la política estatal y hacia su agenda en Madrid será factor determinante en el abordaje de la actual situación y, sobre todo, en sus resultados.