Paliar la escasez de vivienda digna y accesible que padece el Archipiélago tiene un coste, 664 millones de euros, una cantidad que se invertirá en los próximos seis años y que estará a salvo de las restricciones presupuestarias que haya que acometer para cuadrar las cuentas públicas tras el brutal impacto de la epidemia de Covid-19. Solo un "retroceso sanitario" y un nuevo confinamiento -que nadie quiere plantearse por sus catastróficas consecuencias económicas y sociales- pondría en peligro esta financiación, aseguró ayer el consejero Sebastián Franquis durante la presentación, en el Parlamento regional, del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2020-2025.
"Si no se toman medidas como las de hace unos meses, no habrá dificultades económicas ni por parte del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España. La financiación está absolutamente garantizada", afirmó el titular del departamento regional de Obras Públicas y Vivienda, quien subrayó que se han estudiado al detalle los distintos escenarios que pudieran producirse desde el punto de vista económico. Franquis entregó ayer el plan al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, para iniciar su tramitación en la Cámara. La intención del Ejecutivo es aprobar definitivamente el proyecto a mediados de octubre para empezar a ejecutarlo acto seguido. De esta manera, auguró, las primeras promociones de viviendas podrían estar en el mercado a finales del próximo año o a comienzos de 2022.
El plan prevé la construcción de 5.971 viviendas protegidas, la mayoría de ellas destinadas al alquiler, un objetivo que supondrá la inversión de 664 millones de euros y permitirá crear 28.300 empleos directos e indirectos. En sus casi seis años de vigencia, este proyecto debe permitir la ejecución de 88.195 actuaciones, que van más allá de la edificación de nuevos inmuebles para abarcar la concesión de ayudas al alquiler, el cohousing y la rehabilitación del envejecido y deteriorado parque de viviendas con el que cuenta Canarias. La financiación de estas medidas proviene sobre todo de los recursos propios de la Comunidad Autónoma, aunque incluye también fondos procedentes del plan nacional de vivienda y de la colaboración público-privada.
El objetivo central del proyecto es que "en Canarias se vuelva a construir vivienda pública después de ocho años", un plazo que en algunos municipios llega a los 25 años. Esa meta, con la que se trata de combatir la "emergencia habitacional" que viven muchos ciudadanos de las Islas, se combina, tras la irrupción de la crisis sanitaria y económica originada por el virus, con la de contribuir a la recuperación mediante "una inversión pública muy importante" y la generación de puestos de trabajo. El consejero recordó, en este sentido, que la puesta en marcha de esta iniciativa coincide con la del plan de reactivación económica y social elaborado por el Gobierno autonómico y suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
De las casi 6.000 viviendas contempladas en el documento, 3.634 las ejecutará el Gobierno a través del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan. Un 63,7% de estas últimas se destinarán a alquiler público y el 36,3% lo hará en régimen privado. El resto de las unidades se desarrollarán mediante distintos programas, entre ellos el plan nacional 2020. Además, el plan prevé conceder ayudas al alquiler a casi 72.000 personas y emprender 10.227 actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbana y rural.
Franquis destacó que todas las viviendas recogidas en este instrumento cuentan con el respaldo de suelo disponible, lo que, dijo, garantiza su construcción. "El plan se ha ido retrasando para incorporar a los ayuntamientos que estaban en disposición de ceder terrenos. Hemos aguantado hasta el último momento", remarcó el consejero. Otros municipios podrán sumarse en las próximas semanas, una vez tengan el suelo necesario para ello.
Esta colaboración de las corporaciones municipales ha posibilitado que el plan contenga objetivos "territorializados". Las cifras recogidas en el resumen ejecutivo revelan que Gran Canaria es la isla con un mayor número de nuevas viviendas previstas, 1.735. La capital de la Isla contará con 935, mientras que el resto se distribuirá de la siguiente manera: 340 en Telde, 89 en Santa Lucía de Tirajana, 83 en Mogán, 77 en San Bartolomé de Tirajana, 65 en Gáldar, 45 en Arucas, otras tantas en Santa María de Guía, 37 en Ingenio, 15 en Teror y cuatro en Artenara.
La previsión para Tenerife es de 1.440 viviendas, de las que 743 corresponden a Santa Cruz y 169 a La Laguna. Las demás se ubicarán en los municipios de Guía de Isora (78), San Miguel de Abona (76), Granadilla (71), La Orotava (65), Arico (58), Adeje (45), Santiago del Teide (35), Güímar (24), Candelaria (22), El Sauzal (17), La Victoria de Acentejo (16), La Matanza de Acentejo (12) y Los Realejos (9).
El documento presentado ayer en el Parlamento asigna a Lanzarote 622 unidades: 396 en Arrecife y 226 en Yaiza. A Fuerteventura le corresponden 298, de las que 209 se ubican en Puerto del Rosario y 89 en La Oliva. En La Palma se prevé la construcción de 157 (72 en El Paso, 57 en San Andrés y Sauces, 17 en Mazo y 11 en Breña Baja). La Gomera dispondrá de 68 nuevas viviendas (62 en San Sebastián y 6 en Agulo), en tanto que para El Hierro, finalmente, están contempladas 58, de las que 34 se levantarán en Valverde y 24 en Frontera.
Todas estas actuaciones cuyo emplazamiento ya está determinado suman 4.528 -incluyendo 150 correspondientes a varios municipios que se encuentran en proceso de cesión de suelo-, y se distribuyen en diferentes modalidades: de régimen de alquiler público, a través del Icavi, se calculan 1.992; en alquiler privado, promovidas por Visocan, 1.028; dentro del Plan 20.000 del Gobierno central, 894; para combatir la despoblación en pequeños municipios, 614.
Las viviendas dirigidas a evitar la salida de población y fijar esta a territorio se han concebido para localidades de menos de 20.000 habitantes, detalló Franquis. Estos municipios concentran el 18% de la población del Archipiélago, el 10% de la demanda de vivienda y el 12% de las unidades previstas. En los que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes vive el 42% de la población y registran el 39% de la demanda y el 44% de la estimación de nuevas viviendas. Finalmente, los grande municipios con más de 100.000 residentes -Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna- tienen el 40% de la población, el 51% de las solicitudes para acceder a una residencia y el 44% de las viviendas contempladas en el nuevo plan.
El plan ha ampliado su vigencia respecto a la inicialmente prevista -cuatro años- debido, entre otras cosas, a que cuando se ponga en marcha -en el último trimestre del año- el ejercicio prácticamente habrá concluido, explicó el consejero. La extensión responde, igualmente, a la conveniencia de "ajustar el presupuesto" y facilitar la ejecución de las acciones contenidas en el documento. Los 664 millones de euros de financiación de que dispone el proyecto suponen, remarcó Franquis, una cantidad "muy superior" al presupuesto del anterior plan -169 millones-.
Además de las 3.634 viviendas cuya financiación correrá a cargo en exclusiva de la Comunidad Autónoma, el plan cifra en 2.337 el número de casas obtenidas a través de los diferentes programas. En concreto, con cargo al Plan 20.000 del Estado, se construirán las mencionadas 894 nuevas viviendas en Canarias, y con el programa al fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento se edificarán otras 450. Asimismo, con el Programa de Viviendas Vacías se pretende alcanzar la cifra de otras 600 viviendas, en este caso ya construidas.
Visocan comenzará la construcción de las primeras 180 viviendas a finales de este mismo año. Para ellas hay consignados 84 millones de euros en el presupuesto del plan para 2020. Adicionalmente, el documento contempla otras actuaciones con objetivos cuantitativos más modestos. Entre ellos figura la cesión de 50 viviendas en régimen de cooperativa de cesión de uso o cohousing, 343 viviendas destinadas al programa Canarias Prohogar y otras 45 en ayuda a la autoconstrucción.
Rehabilitación
En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo el apoyo a actuaciones que beneficiarían a 10.227 viviendas en todo el Archipiélago a través de los diferentes programas existentes, tanto en entornos urbanos como rurales. Dentro de estas actuaciones se incluyen programas como el de las áreas de renovación y regeneración (ARRU) que se van a continuar o iniciar en las Islas en los próximos seis años.
También se recogen en el plan los diferentes programas de ayudas alquiler de vivienda que se pondrán en marcha en los próximos seis años para ayudar a los hogares con menos recursos y con los que se pretende llegar a 71.984 beneficiarios. El proyecto pretende, además, ayudar a 980 jóvenes a acceder a una vivienda en propiedad. En este sentido, el texto del plan prevé incrementar la dotación para las ayudas al alquiler social destinadas a sectores de población con escasos medios económicos, estudiar la creación de una prestación complementaria de vivienda y revisar la Ley de Viviendas de Canarias para adaptarla a la actual realidad social y económica.
El documento incorpora también medidas dirigidas al control del alquiler. Así, prevé la elaboración de un inventario de viviendas destinadas a casos de especial urgencia y necesidad ante situaciones de desahucio inminente para poder proporcionar una solución habitacional a los afectados. Los artífices del plan se proponen también crear un censo de viviendas vacías con el propósito de identificar dónde se encuentran los stocks de viviendas que se pueden activar en relación con la demanda y necesidades de casas existentes. En materia de control del alquiler se plantea, asimismo, establecer un control periódico sobre la situación de los inquilinos de las viviendas de alquiler social, especialmente las gestionadas por la iniciativa privada, para el aseguramiento de los objetivos sociales perseguidos en el pacto y para evitar en la medida de lo posible la necesidad de llevar a cabo desahucios.
Entre los ejes del plan aparece elaborar un inventario de suelos urbanos y urbanizables a disposición de todos los agentes implicados que lo soliciten en aras a la promoción de viviendas protegidas, estudiar la posible reconversión a régimen de alquiler de las viviendas públicas desocupadas y analizar la viabilidad de practicar permutas de suelo por viviendas y de que determinadas viviendas sean aptas para la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).
Antes de desgranar las actuaciones programadas, el consejero de Obras Públicas y Vivienda agradeció el trabajo de los agentes y trabajadores implicados e hizo un repaso por el camino que ha tenido que recorrer el nuevo plan, objeto de un anteproyecto aprobado en abril de 2019, cuando declinaba la anterior legislatura. El texto del Gobierno fue objeto de "un dictamen muy crítico" del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, que incidió en la "falta de concreción" en aspectos como el número de viviendas y la ficha financiera del documento. "El Gobierno actual asumió las consecuencias de ese dictamen y amplió el plan y le dio concreción", apuntó Franquis, quien resaltó que esta labor se hizo en coordinación con los ayuntamientos y los empresarios del sector y fraguó en el pacto firmado en marzo con una treintena de organizaciones empresariales y sindicales, colectivos sociales y formaciones políticas.
"Estamos, sin duda, ante uno de los planes de vivienda más ambiciosos de los últimos años en Canarias, tanto por su financiación como por la cantidad de viviendas que se construirán o rehabilitarán con el fin de hacer frente a la emergencia habitacional que se vive en el Archipiélago y dar respuesta a los demandantes de vivienda", señaló el consejero. "Con este plan -aseguró- ponemos en marcha uno de los principales objetivos sociales de este Gobierno que es dotar de vivienda digna a las familias sin recursos de las Islas".
