El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, aseguró hoy que la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 comenzará desde que el Ejecutivo lo apruebe, lo que ocurrirá previsiblemente a mediados de octubre, de manera que las primeras promociones públicas estarán en el mercado entre finales de 2021 e inicios de 2022. Franquis presentó en el Parlamento el documento surgido del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna, firmado dos días antes de que se decretase el estado de alarma en España para contener la epidemia de coronavirus.

El plan prevé la construcción de 5.971 viviendas protegidas, la mayoría de ellas destinadas al alquiler, un objetivo que supondrá la inversión de 664 millones de euros y permitirá crear 28.300 empleos directos e indirectos. La financiación de estas actuaciones proviene sobre todo de los recursos propios de la Comunidad Autónoma, aunque incluye también fondos procedentes del plan nacional de vivienda y de la colaboración público-privada. Sebastián Franquis se mostró convencido de que el presupuesto para ejecutar los diferentes programas resistirá las restricciones que pudiera imponer la crisis de la Covid-19, salvo si se produjera un nuevo confinamiento, algo -dijo- que no está contemplado en ninguna previsión económica nacional o internacional. "Si no se toman medidas como las de hace unos meses, no habrá dificultades económicas ni por parte del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España", afirmó el consejero, quien subrayó que se han estudiado al detalle los distintos escenarios que pudieran producirse desde el punto de vista económico.

El objetivo central del plan es que "en Canarias se vuelva a construir vivienda pública después de ocho años". Esa meta, con la que se trata de combatir la "emergencia habitacional" que viven muchos ciudadanos del Archipiélago, se combina, tras la irrupción de la crisis sanitaria y económica originada por el virus, con la de contribuir a la recuperación mediante "una inversión pública muy importante" y la generación de puestos de trabajo.

De las casi 6.000 viviendas contempladas en el documento, 3.634 las ejecutará el Gobierno a través del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan. Un 63,7% de estas últimas se destinarán a alquiler público y el 36,3% lo hará en régimen privado. El resto de las unidades se desarrollarán mediante distintos programas, entre ellos el plan nacional 2020. Además, el plan prevé conceder ayudas al alquiler a casi 72.000 personas y emprender 10.227 actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbana y rural.

Franquis destacó que todas las viviendas recogidas en este instrumento cuentan con el respaldo de suelo disponible. "El plan se ha ido retrasando para incorporar a los ayuntamientos que estaban en disposición de ceder terrenos", remarcó el consejero. Otros municipios podrán sumarse en las próximas semanas.