El Gobierno regional quiere acelerar en los tres próximos años la inversión en nuevas viviendas públicas después de ocho años de parón absoluto. Las primeras actuaciones se pondrán en marcha en el tercer trimestre de este año pero el grueso será en los próximos tres años, según explicó ayer el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis. El Ejecutivo inicia hoy en el Parlamento la tramitación del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el fin de tenerlo a principios de octubre y empezar a ejecutarlo.
La inversión global estimada por el consejero se eleva a 664 millones de euros en los seis años de duración del plan, con aportaciones de fondos propios de la Comunidad Autónoma y del Estado. Una de las razones por las que el Ejecutivo quiere acelerar la construcción de nuevas casas el año que viene es porque en 2021 finaliza el actual plan de vivienda estatal. Asimismo, en el caso de Canarias Franquis incluso apeló a que no hace falta que la Comunidad se endeude para hacer frente a estas inversiones necesarias ante la "emergencia habitacional" existente en el Archipiélago.
El número total de casas que se pretenden construir en este próximo sexenio es de 5.971, de las que 3.634 serán responsabilidad directa del Ejecutivo autonómico y el resto a cargo de la empresa pública Visocan y de otras administraciones. La estimación de empleo para este periodo es de 28.300 puestos de trabajo tanto directos como indirectos.
El plan será financiado con recursos propios de Canarias, por lo que no se tendrá que recurrir al endeudamiento para su financiación, y también contará con recursos del plan estatal que termina en 2021 pero que, según Franquis, posiblemente se amplíe para los próximos años. El consejero subrayó que la vivienda es un elemento esencial en la agenda del Gobierno canario y consideró que muestra de ello es "el ambicioso y potente" plan de vivienda y rehabilitación que se ha elaborado.
Recordó también que este plan cuenta con el apoyo de todos los sectores, con los que el Gobierno firmó el 12 de marzo un pacto, en el que el Ejecutivo se comprometía a elaborarlo en el plazo de seis meses.
La vivienda es uno de los ejes claves del Plan de Reactivación Económica de Canarias firmado el pasado 30 mayo y parte del acuerdo multilateral alcanzado el 12 de marzo de este año con los distintos subsectores y agentes económicos y sociales del Archipiélago. Su relevancia dentro de la recuperación por las consecuencias de la Covid-19 se debe a que no solo paliará el vacío público en este ámbito durante casi un decenio, con especial atención a las emergencias habitacionales de muchos residentes en Canarias, "sino que lleva aparejado la creación de unos 28.300 empleos", indicó el consejero.
Una vez que entre hoy en la Cámara regional, se convocará la comisión parlamentaria de Obras Públicas para debatirlo y el objetivo es que a finales de septiembre o principios de octubre salga de la Cámara para que el Consejo de Gobierno lo apruebe.
Una de las principales problemas que tiene que resolver la Consejería es la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas públicas. En los últimos meses el titular de Obras Públicas y otros miembros del departamento se han reunido con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para demandar de los ayuntamientos que aceleren las gestiones para la cesión de terrenos aptos para desarrollar el plan. Una de las principales críticas de los constructores es que, aunque hay bolsas de suelo disponibles, muchas de ellas no tienen aún las condiciones y trámites necesarios para ser urbanizables, porque están sujetos a lo que recogen los planes generales de cada municipio.
En la actualidad el parque público de viviendas está formado por más de 20.000 casas, además de las de Visocan.
