Ha finalizado una de las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, la primera desde el confinamiento y una de las más largas de su historia. El objetivo era frenar los efectos de la crisis causada por la pandemia del coronavirus y prever soluciones financieras para afrontar los costes de la deseada recuperación.

El pasado 18 de mayo, la Canciller alemana y el Presidente francés elevaron una propuesta para crear un fondo de reactivación de 500.000 millones de euros en subvenciones para hacer frente a la crisis en que estaban inmersos los países miembros de la Unión Europea.

Casi inmediatamente se manifestó en contra, con gran dureza, un grupo de países, liderado por Países Bajos y sus aliados Suecia, Austria y Dinamarca, los cuales proponían que se rebajara la cifra propuesta como subvenciones a fondo perdido, que se concediese como créditos reembolsables y que, además, se pudiera utilizar el derecho de veto.

Casi cinco días después se ha conseguido llegar a un gran acuerdo, pendiente de algunos flecos, por el cual la UE, por primera vez en su historia se endeudará para financiar 390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones de euros en créditos, además de un marco financiero para 2021/2027 de más de un billón de euros, todo financiado con emisiones de deuda conjunta. España recibirá 140.000 millones de euros correspondiendo 72.700 millones de euros a subvenciones y el resto a créditos.

Los países que se oponían han conseguido el mantenimiento de los llamados cheques mediante los que se consiguen descuentos -(52.000 millones de euros durante siete años)- a su contribución a los presupuestos de la UE. No han conseguido la posibilidad del derecho a veto, pero se sí consiguieron que se estableciera un control exhaustivo del plan de reformas que tendrá que presentar, entre otros, España, para conseguir el acceso a los fondos. Los países que no estén conformes con el cumplimiento de ese plan de reformas o con el destino final dado a las ayudas recibidas no pueden vetar la continuación de las ayudas, pero pueden activar lo que se ha denominado, con gran acierto, un "freno de emergencia" para que el país no siga recibiendo las ayudas. En este caso, se someterá la solución a la decisión del Consejo Europeo, que dispondrá de un plazo de tres meses para solucionar la controversia. En palabras de Sánchez, al asumir una deuda colectiva es natural que se trate de asegurar que los fondos van a cubrir los objetivos y reformas por cuya razón fueron concedidos.

La condición para acceder a los fondos se limita a la práctica correcta frente a los fraudes y a la ausencia de irregularidades relacionadas con la auditoría de los beneficiarios de proyectos comunitarios.

En definitiva, solidaridad entre los países miembros de la UE pero con un sometimiento férreo al control y a la disciplina presupuestaria y contable, algo que quizás no sea muy del agrado de la clase política más ideologizada.