Los alcaldes canarios rechazan por unanimidad la fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos hagan uso de los fondos del superávit y de los remanentes. El comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), donde hay regidores de todos los partidos políticos con representación municipal, no quiere oír hablar de que el Estado se quede con una parte importante de estos fondos y mucho menos que les digan dónde se los pueden gastar. En el órgano de gobierno de la entidad municipalista se sientan 18 alcaldes, de los cuales ocho son del PSOE, tres de Coalición Canaria (CC), tres del PP, tres independientes (dos vinculados a NC) y uno de ASG.

Los miembros de la Fecam se reunían después de varios días de informaciones sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda y el terremoto que ha supuesto en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde hay un cisma entre los alcaldes del PSOE, con Abel Caballero al frente, y los del PP y otros partidos nacionalistas e incluso Podemos. Los cerca de 15.000 millones que acumulan las corporaciones municipales en los bancos se los quedaría el Estado en calidad de préstamo y éste le transferiría 2.000 millones este año y 3.000 en 2021, mientras que el resto se los iría devolviendo en diez años. El control del gasto lo seguiría tutelando el Ministerio en asuntos de agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados sociales y cultura.

Alcaldes socialistas de grandes ciudades como Vigo, Toledo, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria (Augusto Hidalgo) han mostrado su respaldo a esta propuesta al considerarla un "avance" para resolver este espinoso asunto, pero con la intención de seguir negociando con la ministra María Jesús Montero para que los ayuntamientos tengan más autonomía a la hora de invertir los fondos y ampliar los capítulos a los que se pueden destinar. Pero las grandes ciudades y las corporaciones saneadas no representan a la mayoría de los ayuntamientos gobernados por los socialistas y en varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias, regidores del PSOE de municipios medianos y pequeños y todavía endeudados o acuciados por los problemas sociales derivados del Covid-19 están mostrando su rechazo a esta fórmula aunque el Gobierno central sea de su formación política.

La Fecam insta al Ministerio de Hacienda a continuar negociando con la FEMP y a mejorar al acuerdo porque "la fórmula sugerida dista mucho de lo que desde la Fecam se había solicitado", según aseguró la presidenta de la entidad, la socialista Mari Brito, alcaldesa de Candelaria. "Debemos seguir con los contactos para alcanzar un acuerdo mejor porque llevamos luchando por el superávit mucho tiempo y porque se modifique la ley de estabilidad presupuestaria, para que no haya este tipo de condicionantes que aparecen en la propuesta", señaló la regidora.

Mucho más duro y contundente es el vicepresidente y responsable de Hacienda en la Fecam, Óscar Hernández, que tacha de "insultante" la propuesta de Hacienda porque sigue considerando a los ayuntamientos como instituciones "menores de edad" que no saben invertir sus ahorros y que deben seguir tuteladas mientras no ocurre lo mismo con las comunidades autónomas o los cabildos. "Rechazamos de plano y de forma contundente esta propuesta y así se lo vamos a trasladar a la Federación Española de Municipios y Provincia para que se busquen alternativas con el Ministerio de Hacienda, nos han engañado cuando había rumores sobre esta fórmula y negaron que iba a ser así", critica.

Promesas incumplidas

El alcalde de Agüimes advierte que la propuesta del Estado "no responde ni de lejos a las promesas anteriores que se habían hecho a los ayuntamientos, Hacienda está lejos de la realidad de los municipios y es una falta de responsabilidad y de sensibilidad con los problemas de los ciudadanos y que los alcaldes sabemos cuáles son".

Hernández no entiende la posición de algunos alcaldes socialistas como es el caso de Augusto Hidalgo y le advierte que con propuestas como esta se está vulnerando la "autonomía local". "Respeto el planteamiento del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y de otros socialistas pero la posición de la Fecam es unánime y se sientan regidores del PSOE, pero la entidad no funciona por colores políticos o por afiliación partidistas sino en defensa del municipalismo y de los ciudadanos", advierte el regidor grancanario.

De la posición final de la dirección de la FEMP depende que haya una "pérdida de confianza y lealtad" en el órgano nacional que representa a los ayuntamientos, cabildos y diputaciones. "Hay que reconducir esta situación", añade el vicepresidente de la Fecam, entidad que apela a retomar las negociaciones y que Hacienda tenga en cuenta la "crítica situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos para así mejorar el acuerdo".

La junta de gobierno de la FEMP suspendió su reunión del pasado viernes por la tarde para seguir negociando con el Ministerio y evitar así el cisma interno que se avecinaba por el rechazo de los alcaldes del PP y de otras formaciones. Está en juego también el tradicional consenso del que ha presumido hasta ahora el órgano municipalista nacional.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, consideró ayer "desproporcionada" e "injusta" la propuesta del Ministerio de Hacienda en relación con el superávit de los ayuntamientos. "Desde Nueva Canarias no aceptamos esta fórmula, el dueño del dinero tiene algo más que decir sobre lo que se hace con sus recursos, la propuesta es como el mundo al revés", criticó Rodríguez.

El líder de NC cree que "es de justicia que el ahorro que los ayuntamientos canarios, los cabildos y el propio Gobierno han generado debe revertir en las necesidades sociales y económicas de Canarias, el mérito es propio y esos recursos son nuestros, otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo con el Estado, pero la propuesta formalizada por el Ministerio de Hacienda no es aceptable y la vamos a combatir".

El dirigente nacionalista apeló a continuar dialogando para encontrar un punto de encuentro entre las necesidades financieras del Estado y de las corporaciones locales. Según Rodríguez "estos recursos son vitales para que los cabildos y ayuntamientos restituyan la pérdida de ingresos que inevitablemente produce la crisis este año y los siguientes".

El consejero de Hacienda del Ejecutivo regional recordó que compensar la pérdida de recaudación e ingresos con los fondos del superávit y los remanentes es fundamental para mantener los servicios públicos y las infraestructuras. "La primera función de los ahorros es compensar la pérdida de ingresos en las administraciones públicas y si fuera posible para que una parte de esos recursos también se puedan destinar a nuevas necesidades porque los problemas de la ciudadanía se acrecientan en una situación como esta, por eso vamos a defender con uñas y dientes que los ahorros se pacten con el Estado en un proceso de diálogo de igual a igual con las corporaciones locales", añadió el presidente de la formación nacionalista y número dos del Ejecutivo regional.