El levantamiento de reparos no solo es una práctica generalizada en los cabildos y ayuntamientos canarios, sino que incluso empieza a ser algo ordinario. Tanto que las entidades locales isleñas ignoraron en 2018 las advertencias de sus interventores en hasta 7.434 expedientes de gasto. Más de 7.400 acuerdos que implicaron el desembolso de 465 millones en contra del parecer de los funcionarios encargados de velar por la pulcritud de los expedientes. En ambos casos se trata del máximo histórico. Es decir, las corporaciones insulares y municipales de la Comunidad Autónoma nunca habían sacado adelante tantos acuerdos con el no de la Intervención y tampoco por una suma tan elevada. Es más, solamente en tres regiones se levantan más reparos que en el Archipiélago y solamente en una gastan sus entes locales más dinero que los de Canarias con la opinión desfavorable de los interventores.
Los datos del Tribunal de Cuentas, incluidos en su último Informe de fiscalización del sector público local (que corresponde al ejercicio de 2018 y que acaba de publicarse), cobran si cabe más relevancia por el caso abierto en un juzgado de La Laguna, caso en que la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de prevaricación continuada justamente en el levantamiento de reparos. En concreto se trata de unos 180 expedientes aprobados desde 2013 en contra de la opinión de la Intervención municipal por los exalcaldes José Alberto Díaz y Fernando Clavijo. En el caso de este último, actual senador por la Comunidad Autónoma, son menos de medio centenar los reparos levantados en que Anticorrupción vuelve a observar posibles irregularidades tras patinar en el Caso Grúas, donde también vio indicios de ilegalidades en la labor de Clavijo que el Tribunal Supremo acabó descartando de todo punto en un contundente auto de archivo. Sea como sea, el volumen de esos reparos judicializados en La Laguna por el mismo denunciante del Caso Grúas, el hoy concejal del grupo de gobierno municipal Santiago Pérez, palidece ante la enorme bolsa de expedientes aprobados a lo largo y ancho del Archipiélago en contra de la opinión de los interventores.
De hecho, el peso de los reparos levantados por los alcaldes y presidentes insulares excede con mucho del peso que las instituciones canarias (y Canarias en su conjunto) tienen en el mapa nacional. Esos 7.434 expedientes aprobados en 2018 contradiciendo el parecer de los funcionarios suponen un 11% de los 67.927 que salieron adelante en todo el país en las mismas circunstancias, esto es, en contra de los dictámenes de los interventores. Solo en Andalucía (14.579, un 21%), Comunidad Valenciana (10.386, 15%) y Galicia (9.760 y 14%) se superan los números del Archipiélago. Y eso en cuanto a la cantidad de resoluciones tramitadas a pesar de los avisos de la Intervención, porque las Islas escalan hasta el segundo puesto de este particular ranking si se toma como referencia el importe de esas resoluciones. Los exactamente 464,8 millones de euros desembolsados en 2018 por los cabildos y ayuntamientos tras ignorar a sus órganos internos de fiscalización son la segunda cuantía más alta del país, solo por detrás de los 705 millones de Andalucía. Cerca de 465 millones de euros que equivalen al 18% de los 2.593,7 millones que gastaron en conjunto las más de 8.000 entidades locales españolas tras levantar esos casi 68.000 reparos. Si se tiene en cuenta que Canarias representa entre un 4 y un 4,5% en el mapa institucional del país, resulta así que los entes locales de las Islas son particularmente proclives a pasar por alto las advertencias de los interventores. Hay que puntualizar, eso sí, que al margen del susodicho caso de La Laguna, no se conocen más denuncias sobre los varios miles de expedientes con levantamientos de reparos que acumulan los cabildos y ayuntamientos de todo color político.
Más de 19.000 en tres años
Si se echa la vista atrás en los informes del Tribunal de Cuentas, resulta que los alcaldes y presidentes de cabildo levantaron más de 19.000 reparos en solo tres años. O más bien aprobaron 19.000 expedientes con reparos de la Intervención (19.015 exactamente), ya que cada uno de estos expedientes puede incluir más de un reparo. En definitiva, ayuntamientos y cabildos obvian los avisos de los funcionarios fiscalizadores en una media de 17 acuerdos cada día, una práctica bajo la que sacaron adelante gastos por un montante de 1.315,4 millones de euros entre 2016 y 2018.
Aunque el Tribunal de Cuentas no desglosa en este caso los datos por comunidades autónomas, la gran mayoría de los acuerdos contrarios a reparos tiene que ver con la adjudicación de contratos, hasta el punto de que 44.572 de los 67.927 expedientes en cuestión están relacionados con adjudicaciones. Otros 8.954 tienen que ver con gastos de personal; 4.382, con subvenciones y ayudas; 2.777, con incumplimientos en la prelación de pagos; y los restantes 7.242, con otros tipos de operaciones.
