La crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus se notará en toda su crudeza en Canarias el próximo año y en 2022. El impacto sobre los ingresos y los gastos pone en riesgo la situación financiera de la Comunidad Autónoma, que se verá obligada a echar mano del endeudamiento para sostener los servicios públicos porque el superávit y la financiación procedente del Estado sirven para salvar este año, pero serán insuficientes para los siguientes ejercicios.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte en su último informe que Canarias tardará al menos una década en volver a los niveles de endeudamiento con los que cerró el año 2019 debido a las necesidades financieras que va a provocar el impacto económico y social del Covid-19. No obstante, el organismo sí admite que el bajo nivel de deuda con el que cuenta la Comunidad Autónoma y el saneamiento financiero de las arcas públicas permite que Canarias "cuente con otros efectos positivos que contribuyen a amortiguar las consecuencias fiscales de la pandemia" en comparación con otras comunidades.

En 2021, la AIReF pronostica que los factores que ahora amortiguan el impacto de la pandemia en las cuentas del Gobierno de Canarias no continuarán y que el efecto combinado de la caída de ingresos y el aumento de gastos tendrá que ser compensado por la vía de elevar la deuda pública autonómica hasta unos niveles que se tardará "al menos una década" en amortizar.

Según el análisis realizado por el organismo que estudia las cuentas de las administraciones públicas, "las perspectivas en la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 y 2022 empeoran significativamente respecto a 2020". Con las previsiones actuales, los recursos del sistema para 2021 podrían experimentar una caída de entre el 7% y el 11% respecto a las cuantías abonadas en 2020", lo que supone un lastre para la estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma ya que es previsible un importante deterioro del saldo de la Comunidad en este ejercicio, que podría empeorar en dos puntos en relación al año anterior.

Si esos pronósticos se llevan a la última valoración del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística (45.720 millones de euros en 2018), se deduce que solo este año la crisis le va a costar al Gobierno regional entre 1.005 y 1.188 millones de euros (2,2% y 2,6 % del PIB regional). La AIReF incluye en esa factura el aumento de gasto en sanidad, las medidas adoptadas en distintos ámbitos para paliar las repercusiones de la pandemia y la caída de los ingresos fiscales que ha provocado la menor actividad económica.

El informe de la autoridad fiscal concede a Canarias una de cal y otra de arena en su estado económico y financiero. Gracias al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y del control del déficit público las Islas terminarán con superávit este año aunque menos de lo previsto, entre el 0,4 y el 0,2% del PIB ya que una parte importante del impacto provocado por el Covid-19 es compensada por las transferencias del Estado a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación y del fondo extraordinario aprobado por el Gobierno central a las comunidades autónomas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. En este sentido, estima que el importe conjunto de todos los tramos del fondo en la Comunidad podría suponer un 1,2% o 1,3% del PIB regional.

En relación con la caída de ingresos, el Ejecutivo es más pesimista incluso que la AIReF, a tenor del contenido del análisis. De hecho, las previsiones de Hacienda contemplan una caída de la recaudación, en conjunto, superior a la considerada por la AIReF para los principales ingresos ajenos a los del sistema de financiación, es decir, los impuestos del régimen fiscal canario -IGIC, AIEM y matriculaciones-, para los que la Comunidad prevé caídas superiores al 50%, y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que considera más de un 70% de pérdida, frente a los porcentajes por debajo del 20% y 40%, respectivamente, considerados por la AIReF.

No obstante, precisa de nuevo que los efectos se verán a partir de 2021, porque el volumen real de la deuda en 2020 no va a crecer tanto, sino que su mayor tasa relativa se debe a un efecto estadístico.