El Gobierno de Canarias no imitará a otras comunidades autónomas y, por ahora, no convertirá en obligatorio el uso de las mascarillas, aunque sí intensificará los controles para que se cumplan las normas ya existentes, es decir, que esta protección se use en espacios cerrados y en aquellas zonas públicas donde no se pueda garantizar una distancia física de 1,5 metros entre las personas. El Ejecutivo autonómico toma esta decisión con base en la situación epidemiológica de las Islas -que cuentan actualmente con 83 casos de coronavirus activos-, tal y como explicó ayer su portavoz, Julio Pérez, tras un nocturno Consejo de Gobierno. "Hoy por hoy, los expertos consideran que no es necesario aumentar la obligatoriedad del uso de las mascarillas más de lo que ya lo son, pues actualmente ya deben utilizarse en muchas actividades", explicó Pérez, que sí reconoció que hay que controlar más el acatamiento de las reglas. "Los servicios técnicos de Salud Pública han detectado que se producen incumplimientos de la regulación actual", como por ejemplo reuniones de ciudadanos en la calle sin distancia y sin protección, y en familia.

Intensificar la vigilancia y promover más sanciones serán por lo tanto los principales cambios que acometerá el Ejecutivo autonómico, que además insiste en su mensaje de responsabilidad individual a todos los residentes y turistas que se encuentren en las Islas, pues el principal riesgo de contagio se concentra ahora en las reuniones de carácter privado que escapan a la inspección de las fuerzas y cuerpos de seguridad. "El mensaje que el Gobierno quiere transmitir es que, hoy por hoy, los mayores peligros de la falta de uso de mascarillas se producen en la esfera privada, en encuentros familiares o fiestas donde se pueden producir contagios". Sin embargo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros puntos de la Península, la dimensión de estos rebrotes no ha sido la suficiente como para endurecer la norma. "Si no se cumplen las reglas, se sancionará, pero en el ámbito privado es muy difícil entrar, así que apelamos al sentido de la responsabilidad", insistió el portavoz del Gobierno.

Comunidad rigurosa. De todas formas, Pérez, dejó la puerta abierta a que si la situación epidemiológica se agrava por "alguna actividad en algún sector" se corrija esta decisión y se endurezcan las normas, no sin antes recordar que "Canarias ha sido muy rigurosa en las exigencias de seguridad y siempre ha pedido aumentar los controles en las fronteras exteriores, además de que ha realizado cribados muy extendidos entre el personal sanitario, las residencias de mayores y los migrantes".

Quienes prefieren retrasar esta vuelta física al trabajo son los empleados de la Administración Pública. Tal y como explicó Pérez, al 43% de estos funcionarios le gustaría mantener la fórmula del teletrabajo, una vez que se haya superado el efecto de la pandemia, mientras que un 61% de los empleados públicos considera que se debería valorar una fórmula mixta. Estas apreciaciones se extraen de un estudio elaborado por el área que dirige Pérez, la de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.