El administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, ya tiene el visto bueno del Parlamento para ampliar el ámbito de sus funciones ordinarias, que ahora incluyen también contratar el transporte de la señal y usar equipos, dispositivos e instalaciones para la producción de programas. La Cámara convalidó ayer el decreto ley del Gobierno que atribuye estas competencias al administrador, quien, no obstante, las ejercerá de forma temporal, puesto que en los próximos cuatro meses debe convocar un concurso para adjudicar el transporte de la señal del ente.

La situación de la dirección de RTVC es "anómala" y "peculiar", admitió el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, quien defendió la iniciativa ante el Pleno. La incapacidad del Parlamento de elegir la junta de control del ente y aprobar su mandato marco obligó en 2018 a nombrar un administrador único -José Carlos Naranjo, después reemplazado por Moreno-, quien ha desarrollado funciones que excedían de su ámbito competencial, tal y como ha determinado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma. La solución adoptada por el Gobierno -y ahora refrendada por la mayoría de los diputados, salvo las dos abstenciones de Ciudadanos- ha sido extender ese ámbito de funciones ordinarias, si bien con un límite temporal.

El amplio apoyo al real decreto gubernamental ha respondido a la necesidad de que RTVC siga funcionando y no vaya "a negro". El Consejo Consultivo de Canarias -el órgano encargado de supervisar que la legislación canaria se adecua al Estatuto de Autonomía y la Constitución- ha refrendado el texto normativo, aunque con un voto particular que pone en cuestión el procedimiento escogido para abordar esta solución.

El debate parlamentario sirvió para que los diputados practicaran un ejercicio de crítica y también de autocrítica al no haber sido capaces de acordar el órgano de dirección de la televisión y la radio autonómicas. "No hemos hecho la tarea", reconoció Francisco Déniz, de Sí Podemos. El diputado llamó a la Cámara a salir del "bloqueo" y a nombrar la junta de control "en el plazo de un año", el periodo durante el que se extenderán, como máximo, las nuevas atribuciones otorgadas a Moreno.

Servicios informativos

Jesús Ramos, de ASG, calificó de "excepcional y transitoria" la situación por la que atraviesa RTVC y recordó que convalidar el decreto ley es "imprescindible para la continuidad de la emisión de los servicios informativos". "Es nuestra responsabilidad y no la del Gobierno, que está supliendo nuestra inacción", afirmó Luis Campos, de NC, en relación al retraso en elegir el órgano de control del ente.

La diputada del PP Luz Reverón remarcó, por su parte, que "el procedimiento para nombrar la junta de control no es complicado". Aunque votó a favor de la convalidación del decreto ley, el grupo popular niega -apoyándose en el dictamen del Consultivo- que la tele canaria pudiera ir a negro si no se amplían las funciones del administrador único. Lo contrario opinó Yolanda Mendoza, del PSOE, que alertó de que no tramitar como ley la norma "supondría el cese de la prestación de los servicios informativos". La convalidación, agregó, "dará estabilidad al servicio y sus trabajadores". Desde las filas del grupo nacionalista canario (CC-PNC), José Alberto Díaz Estébanez recordó que en la pasada legislatura se elaboró un texto para el mandato marco, que se aprobó en comisión, "se guardó en un cajón y nunca más se supo".

Ciudadanos argumentó su discrepancia en las tesis del Consultivo que dudan de que concurra la "extraordinaria y urgente necesidad" que justifique la vía del decreto ley. La diputada Vidina Espino reclamó "mecanismos de control" y que la dirección de RTVC salga de la provisionalidad en que se encuentra.

La Cámara pide una acogida "digna" para los inmigrantes

El PP logró ayer en el Parlamento el pronunciamiento unánime de la Cámara a favor de un paquete de medidas ante el fenómeno de la inmigración irregular y para combatir el tráfico ilegal de personas. La portavoz del grupo popular y presidenta del partido en Canarias, Australia Navarro, señaló que, a través de esta iniciativa, el Parlamento regional pide al Gobierno de España, entre otras cosas, que dote a los centros de acogida en las Islas de los medios necesarios para albergar dignamente a los inmigrantes y, habilitar espacios independientes para que estas personas puedan pasar el correspondiente periodo de cuarentena. Navarro recordó en su intervención, que desde el 1 de enero, la llegada de embarcaciones a las costas canarias “no ha dejado de crecer”. “A día de hoy -indicó- han desembarcado cerca de 2.800 inmigrantes, superando ya holgadamente la cifra de inmigrantes llegados a nuestras costas en todo el año 2019”. Según la dirigente popular, esta situación ha colocado a los centros de acogida al borde del colapso, “hasta tal punto que se ha tenido que recurrir a cualquier espacio disponible: calabozos, naves industriales, albergues infantiles y aulas de la naturaleza, entre otros, para paliar la ausencia de instalaciones dignas”, agregó. Navarro advirtió de que es imposible abordar este problema con soluciones “simplistas y unilaterales”, por lo que destacó el “espíritu constructivo” demostrado por todos los grupos.