El confinamiento decretado para luchar contra la expansión de la epidemia de Covid-19 ha puesto al descubierto la brecha digital que separa a la población con más recursos y menor edad de la más vulnerable y envejecida. El titular de la Diputación del Común de Canarias, Rafael Yanes, advirtió ayer de la necesidad de defender el acceso a internet como un "derecho de ciudadanía" y un "servicio básico esencial", puesto que proporciona, a su vez, acceso al conocimiento y el trabajo. "Los grupos parlamentarios deben presentar iniciativas que faciliten este nuevo derecho que nace en el siglo XXI", indicó. Alrededor de 400.000 residentes en las Islas no tienen conexión a la red en sus domicilios, un 19% de los hogares, aseguró Yanes durante la presentación ante el Pleno del Parlamento regional del informe anual de la institución que encabeza referido a 2019.

Aunque anteriores a la crisis del coronavirus, los datos detallados por el defensor del pueblo canario revelan esa brecha. Más de la mitad de las quejas formuladas por los ciudadanos -2.612 nuevas, que se suman a las 1.425 que ya se encontraban abiertas- fueron presentadas a mano, como destacaron Sandra Domínguez, de Nueva Canarias, y Ricardo Fernández de la Puente, del grupo mixto (Ciudadanos). Por su parte, Socorro Beato, del grupo nacionalista canario (CC-PNC), destacó la necesidad de promover "el acceso electrónico en condiciones de igualdad", dado que el confinamiento ha revelado las diferencias que ha provocado en aspectos como la educación, las posibilidades de teletrabajar y la obtención de bienes y servicios a través del comercio digital.

La cifra de reclamaciones recibidas por el Diputado del Común el pasado año supone un incremento del 20% en relación a la registrada en 2019. La lista de espera para acceder a las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia fue, una vez más, el principal motivo de queja de los ciudadanos de las Islas.

En materia educativa, Yanes llamó la atención sobre el modo en que los efectos económicos de la pandemia han puesto de manifiesto la conveniencia de revisar los criterios por los que se evalúa el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014. La norma recoge el objetivo de que la educación alcance el 5% del producto interior bruto (PIB) de Canarias en 2021. Hasta ahora, recordó el Diputado del Común, la meta parecía lejana y, de hecho, se detectaban desviaciones en el camino emprendido para elevar la inversión educativa. Pero el desplome del PIB que ha provocado la crisis sanitaria ha hecho, paradójicamente, que se llegue al objetivo "un año antes de lo previsto". Esta distorsión aconseja, apuntó Yanes, sustituir el criterio basado en el porcentaje de la riqueza autonómica destinado a educación por el gasto "adecuado" por cada puesto escolar.

"Hemos mejorado nuestra comunicación con las administraciones públicas", añadió Rafael Yanes. Las 89 advertencias remitidas en 2018 a diferentes instituciones por no contestar los requerimientos de la Diputación se han reducido a 67. Pese a la mejora, la diputada del PP Luz Reverón criticó la costumbre de las administraciones de ignorar las solicitudes de los ciudadanos. Reverón lamentó, en este sentido, el "tortuoso" camino que tienen que recorrer los ciudadanos para que sus quejas sean atendidas y que frecuentemente termina con el silencio administrativo por respuesta.