La positiva evolución de la epidemia del nuevo coronavirus en Canarias ha llevado al Gobierno regional a levantar más restricciones impuestas para la nueva normalidad, la etapa inmediatamente posterior al estado de alarma decretado para luchar contra la expansión de la Covid-19. Después de abrir la mano con el ocio nocturno y suavizar las condiciones de uso de las habitaciones de hoteles y apartamentos, el Ejecutivo aprobó ayer elevar el aforo de los eventos, de manera que estarán permitidos los que reúnan hasta 1.300 asistentes al aire libre y 500 en recintos cerrados, frente a los topes de 1.000 y 300, respectivamente, autorizados hasta ahora.

Esta nueva flexibilización, sin embargo, va acompañada de una prohibición que no se había especificado hasta el momento, la del uso de la shisha, la pipa de agua. "Sanidad entiende que ya estaba prohibida, pero que, para mayor claridad, es necesario hacerlo expresamente", explicó el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El hecho de que estas cachimbas se utilicen por varias personas incrementa el riesgo de contagio, considera la Consejería que ahora dirige Blas Trujillo.

"La situación sanitaria sigue siendo buena", destacó Pérez. El Archipiélago no ha registrado rebrotes, al margen del grupo de 42 inmigrantes llegados en pateras y cayucos que han dado positivo en las pruebas de detección del virus. Las propias características de este colectivo -sus miembros están internados en centros- permiten que este foco de contagios esté "acotado", aclaró el portavoz.

El Gobierno canario está "atento" a los rebrotes que se han producido en distintos puntos del país, más de setenta hasta ayer. Cada día se examina a 150 personas sospechosas de ser portadoras del virus. "Las vamos a buscar para hacerles análisis, porque cada contagio da lugar a un rastreo minuciosísimo de contactos", remarcó Pérez. Pese a esa labor diaria, los casos de infecciones son "muy pocos". También se pone el foco en el ámbito familiar, por su capacidad para generar "contagios inesperados" que, en el caso de las Islas, no se han producido.

Tanto la favorable evolución del coronavirus -sin ninguna señal de "empeoramiento"- como el buen comportamiento de la población -los incumplimientos están siendo "minoritarios", aunque en algunos casos sean "estridentes"- no invitan a pensar en aplicar nuevas restricciones. En este sentido, el Gobierno autonómico no se plantea endurecer medidas como el uso de las mascarillas. Pérez recordó que estas "ya son obligatorias" en Canarias, aunque no en todo lugar y en todo momento y aunque se mantengan las distancias de seguridad, como han decidido los ejecutivos catalán y balear ante el temor a los rebrotes en ambas regiones. El también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad insistió en que "la mayor parte de las actividades" requiere la utilización de mascarilla. Imponer su uso con mayor rigor, tal y como han hecho ambas comunidades mediterráneas, no es necesario en este momento. "Si lo fuera, tomaríamos la decisión, pero no estamos en esa situación", añadió.

El Consejo de Gobierno fue informado ayer de un gasto de 190.000 euros, con destino a Cruz Roja, para el control sanitario en los aeropuertos. En estas instalaciones se mantiene la vigilancia de la epidemia, aunque Pérez reconoció que a medida que ha ido creciendo la actividad aérea y el volumen de pasajeros, "los controles se han suavizado, pero no han desaparecido". En los vuelos interinsulares, en particular, se ha rebajado la intensidad de la supervisión al comprobarse que son desplazamientos seguros. No obstante, se mantiene la opción de implantar "en cualquier momento" controles más estrictos.