El Gobierno canario no tiene previsto seguir la senda del Ejecutivo central y elevar la fiscalidad para compensar la caída de ingresos. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, confirmó ayer su intención de "no tocar los impuestos" mientras se prolonguen los efectos económicos de la epidemia de Covid-19 y de las medidas adoptadas para combatirla. Esta decisión afecta tanto a los tributos vigentes como a los que pretende crear el Gobierno, en especial los medioambientales, que se derivarán de la futura ley autonómica contra el cambio climático y que aportarán nuevos recursos a las arcas autonómicas. "Propondré que se aplace su implantación hasta que se superen los peores momentos de la crisis", anunció ayer Rodríguez en el Parlamento. De esta forma, la medida se retrasaría, al menos, hasta 2023, dado que la recuperación económica no será total "ni en un año ni en dos".

En respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, durante la comisión de Presupuestos y Hacienda, el consejero se refirió a la fiscalidad como "un instrumento básico en la lucha contra la crisis climática", algo que en lo que coinciden -dijo- instituciones internacionales y gobiernos. "Hay un consenso mundial en que quien contamina, paga", recalcó Rodríguez.

Espino se mostró escéptica ante el compromiso del Ejecutivo de mantener congelados los impuestos. "En los últimos meses, el vicepresidente ha cambiado de discurso en varias ocasiones", sostuvo la diputada de Cs, que auguró que la falta de transferencias del Estado llevará a "subir los impuestos o poner en marcha otros nuevos, disfrazados de color verde para que sean más bonitos, pero que los canarios tendrán que pagar igualmente".

También el Partido Popular cree que finalmente el Gobierno canario incrementará la presión impositiva. "Es lo que le gusta a la izquierda", señaló Fernando Enseñat, diputado de la formación conservadora, quien recordó que el cuatripartito recuperó el medio punto en que había sido rebajado el IGIC "a la primera de cambio". Enseñat pidió al consejero de Hacienda una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para las 162 familias que han perdido a alguno de sus miembros a causa del coronavirus durante el estado de alarma. "Les pedimos sensibilidad y un gesto con estas familias", dijo. La solicitud cayó en saco roto: Rodríguez recordó que el tributo ya se encuentra bonificado de manera "progresiva".

El Gobierno no solo prevé atravesar los peores momentos de la crisis económica sin subidas de impuestos: también piensa que no será necesario recurrir al endeudamiento para mitigar el descenso de los ingresos. Rodríguez espera que el ahorro acumulado por la Administración regional y por los cabildos y ayuntamientos, unos 4.000 millones de euros, permita paliar esa merma de recursos, siempre que finalmente el Estado autorice a las corporaciones locales a hacer uso de su superávit y remanentes de tesorería. Por su parte, las "nuevas políticas" necesarias para afrontar la recuperación se financiarán mediante las transferencias procedentes del Estado y la Unión Europea.

No obstante, si estas previsiones no se cumplieran y fuera preciso acudir a la deuda -para lo que Canarias tiene "solvencia más que contrastada"-, Román Rodríguez calcula en 500 millones de euros las necesidades de la Comunidad Autónoma a partir de 2021. Pero para hacerlo todavía es necesario el visto bueno del Gobierno central.