Canarias está muy lejos de poder asumir esta etapa de verano en el que acabamos de entrar con la relajación con que se acostumbra a hacer en tiempos de normalidad. Es evidente que nadie podrá hacerlo cuando todo el país tiene por delante el reto de la reconstrucción económica y social con la que paliar la crisis sobrevenida por la pandemia del coronavirus, así como evitar nuevos rebrotes de la enfermedad, pero Canarias tiene una vez más un plus de dificultad en esta tarea. La preocupación e inquietud con las que el Archipiélago entra en la nueva normalidad decretada hace poco más de una semana son muy superiores a las del resto del país, y la sensación de que las medidas para afrontar la crisis no alcanzan a la emergencia que se está viviendo es más evidente en el territorio que más está sufriendo la parálisis económica provocada por tantas semanas de confinamiento y de cierre de fronteras.

De esta forma, desde el Gobierno de Canarias y desde el conjunto de fuerzas políticas y agentes sociales se asume que el cuaderno de trabajo de este verano va a estar repleto de tareas de gran relevancia que indican que, en realidad, el curso no solo no ha terminado, sino que tiene por delante los exámenes más relevantes.

No se trata pues de un cuaderno de tareas típicas de periodo vacacional, sino de trabajos de los que dependerán en gran medida el futuro inmediato, y algo más, del Archipiélago, y del horizonte de sus empresas, su tejido productivo, el empleo y, en definitiva, la viabilidad a corto y medio plazo de la economía canaria y del bienestar de los canarios. Son, por tanto, tareas que van mucho más allá de las que tienen que ver con el ‘repaso’ o ‘reforzamiento’ de los conocimientos adquiridos durante el curso, sino de trabajos sustanciales para superar una evaluación determinante para Canarias.

Lo que en otras ocasiones estas fechas tienen de final de curso político, este año se ha convertido por efecto de la Covid-19 en un punto y seguido de la tarea de reconstrucción emprendida, y Canarias tiene elementos suficientes de preocupación respecto a cómo se perfilan las medidas puestas sobre la mesa, o en expectativa de aparecer, por parte del Gobierno central.

Las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado y la agenda de asuntos canarios en la política nacional se mueven en este inicio de verano de una forma irregular y sin afianzar los pasos que, de vez en cuando, parece que se van dando. El Gobierno de Canarias ha trasladado en reiteradas ocasiones y de forma contundente al Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid la gravedad de la situación por la que atraviesa el Archipiélago y la necesidad de que, como territorio donde la crisis turística más devastación económica y social va a producir, reciba un trato especial en los diferentes planes de reconstrucción y reactivación económica que el Estado va a poner en marcha.

La sensación, sin embargo, tanto por parte del Gobierno regional (sobre todo de dos los cuatros socios, NC y ASG), como del resto de fuerzas políticas, de las instituciones de gobierno en las diferentes Islas, y de los agentes sociales, es que es el Ejecutivo de Sánchez no está reconociendo plenamente el grado de excepcionalidad que vive Canarias en el marco de la crisis que afecta a todo el país, y que está dando poco relieve a las medidas con las que hacer frente a esta situación. La entrada en la nueva normalidad mantiene la mayoría de los asuntos canarios en un limbo legislativo, administrativo o político que impide despejar las dudas sobre la efectividad de esas medidas y, por tanto, sobre si la actividad económica podrá recuperar un cierto tono en lo que queda de año y con ello salvar también a las administraciones canarias del colapso económico ante la falta de ingresos tributarios.

Hoja de ruta

Estos meses de verano deberían servir por lo tanto para marcar la hoja de ruta para el inapelable rescate de la economía canaria a partir de la aclaración sobre cómo se van a aplicar en las Islas los diferentes programas anticrisis, poniendo mucho más énfasis en el reconocimiento de las singularidades isleñas. Aunque en casi todos ellos el Gobierno central ha incluido la excepcionalidad canaria, casi siempre lo ha hecho obligado por la presión desde las Islas y, en todo caso, de manera insuficiente o superficial, sin reconocer plenamente la gravedad de la situación y poner sobre la mesa medidas determinantes y efectivas. Ha ocurrido por ejemplo en casos como la prórroga de los ERTE, el plan estatal de apoyo al turismo, el plan de reconstrucción social y económica planteado en el Congreso, o la eterna y nunca concretada promesa de permitir el uso del superávit al conjunto de las administraciones isleñas, entre otras medidas.

En todos estos frentes, Canarias tiene por delante una amplia agenda de tareas para la etapa estival.

De entrada, está por avanzar los contactos de los cabildos y ayuntamientos con el Ministerio de Hacienda para analizar la situación financiera de estas corporaciones y la posibilidad de que puedan utilizar sus más de 3.000 millones de superávit. El malestar en las corporaciones con la ministra, María Jesús Montero, es evidente incluso entre los alcaldes socialistas canarios. La medida ya está aprobada para que la Comunidad Autónoma disponga de sus 380 millones de ahorro, pero pendiente aún de formalizar con el Estado. A su vez, Canarias y el Estado deberán concretar antes del 30 de septiembre las condiciones en que podrían prorrogarse los ERTE en las Islas más allá de esa fecha, hasta la que ahora están ampliados, en cumplimiento de la disposición adicional incluida en el real decreto aprobado la semana pasada, y sobre la que el sector turístico canario ha expresado su escepticismo para poder salvar el empleo si el tráfico aéreo internacional sigue sin despegar, y los hoteles cerrados en su mayoría al menos hasta diciembre.

La aplicación en las Islas del plan estatal de apoyo al turismo tendrá, a su vez, que desplegarse de manera singularizada en las Islas si quiere tener una mínima incidencia real, y para ello ambas administraciones tendrán que negociar y acordar medidas y ayudas específicas en relación, así como concretar las condiciones de seguridad sanitaria en que se reabrirán los aeropuertos y se permitirá el regreso de los turistas.

Plan de reconstrucción

La mayoría de estos asuntos se incluyen de una u otra manera en el genérico y abstracto plan de reconstrucción que se aprobará definitivamente en el Congreso dentro de unas semanas y en el que muy superficial, escasa y vagamente se reconocen medidas específicas para el rescate de Canarias. El documento que aprobó el viernes la comisión creada al efecto en la Cámara no asume ni de lejos la parte que al Estado remite el Pacto para la Recuperación Social y Económica de Canarias firmado por todos los partidos de las Islas, salvo el PP y Cs, y avalada tanto por cabildos y ayuntamientos, como por empresarios y sindicatos. Los más de 3.000 millones de fondos estatales con los que cuenta el documento canario deberían corresponderse de alguna manera con la aportación que el plan estatal reconocería para Canarias, pero no ese el resultado de la propuesta del Congreso.

Mientras tanto, se hace apremiante, por otro lado, que el Gobierno central se emplee a fondo en la Unión Europea para que el reparto de los fondos comunitarios para la reconstrucción post Covid-19 tenga en cuenta la situación de excepcionalidad de Canarias y no sólo por su condición de región ultraperiférica.

Mientras esta apretada y laboriosa agenda de verano se abre paso, Canarias pone además el foco, como complementaria tarea de verano, en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 que el Gobierno asegura que presentará en el Congreso antes del 30 de septiembre. Más allá de las dificultades del Ejecutivo de Sánchez para lograr los apoyos necesarios en un escenario político de apoyos parlamentarios cambiantes, en el que el papel de los nacionalistas canarios de Coalición y Nueva Canarias puede ser determinante, el Gobierno regional tiene que empezar a poner sobre la mesa sus objetivos de hacer cumplir del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto en la distribución de fondos, y rescatar la agenda canaria prepandemia de inversiones y dotación de convenios que, lejos de perder actualidad o relevancia, se ve ahora desde las Islas como más necesaria que nunca.