La más de una década transcurrida sin poder completar procesos de acceso al empleo público se ha traducido en una plantilla muy envejecida. La edad media del personal de la Comunidad Autónoma -funcionarios y laborales que prestan sus servicios en la administración general- roza los 53 años y cuatro de cada diez empleados públicos enfilan la recta final de su carrera y se jubilarán en los próximos diez años. Las restricciones que se impusieron tras la irrupción, en 2008, del último crac económico se suman ahora a la incertidumbre que ha creado la crisis del nuevo coronavirus que, de hecho, mantiene paralizados, por el momento, los procedimientos selectivos con mayor número de participantes, que se corresponden con los grupos funcionariales más afectados por el envejecimiento, los de administrativos y auxiliares administrativos.

La edad media del conjunto de empleados públicos autonómicos asciende a 52,8 años, según datos facilitados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias a la diputada María Australia Navarro, del Partido Popular, en contestación a la pregunta formulada por esta en el Parlamento regional. Por categorías profesionales, el colectivo más envejecido es el de los funcionarios de carrera (aquellos que cuentan con plaza), con una media de edad de 54,27 años. Las cifras proporcionadas por el Gobierno -a fecha del pasado 1 de febrero- revelan que en la Comunidad Autónoma hay 2.841 funcionarios de carrera. Por su parte, la media de los 622 funcionarios interinos es notablemente más baja, 46,6 años. La imposibilidad de convocar procedimientos selectivos durante los últimos años ha obligado a recurrir al nombramiento de este tipo de personal para cubrir vacantes.

En cuanto al personal laboral -trabajadores contratados por la Administración-, la media de edad de los 3.359 fijos es incluso más elevada que la de los funcionarios de carrera, 56,11 años. Por su parte, los laborales temporales -equivalentes en este tipo de personal a los funcionarios interinos- son 4.311 y acumulan una media de edad de 50,4 años. Los datos de la Consejería incluyen también categorías minoritarias como los altos cargos -115, con 50,5 años de media-, eventuales -personal de confianza, 92 personas que tienen una media de 44,7 años- y personal caminero -una modalidad en proceso de extinción de la que solo quedan tres representantes, con una media de edad de 58,3 años-.

Los datos suministrados a este periódico por la Dirección General de Función Pública permiten ir más allá de las magnitudes medias y cuantificar el volumen de empleados de la Administración que se encuentra muy cerca de la casilla de salida. Los que tienen más de 55 años ascienden a 4.543, el 40% de los 11.343 efectivos de los que en total dispone la Comunidad Autónoma. Casi la mitad de ellos -2.159- tienen 60 o más años, lo que los acerca todavía más a la jubilación. En cambio, apenas un 6,7% de la plantilla -763 personas- tiene 40 años o menos, lo que da una idea de la estructura por edades, en forma de pirámide invertida, del personal de la Administración regional.

Tasas de reposición

"Estamos sufriendo las consecuencias de la crisis anterior", explica Laura Martín, directora general de Función Pública del Gobierno canario. Martín recuerda que para controlar el gasto durante el último ciclo recesivo se aplicaron tasas de reposición de efectivos del 5% -solo podían cubrirse con funcionarios de carrera cinco de cada cien vacantes por jubilación, fallecimiento u otros motivos-, hasta que en 2015 volvió a permitirse sustituir al 100%, si bien las oposiciones que se han culminado desde entonces son más bien escasas. "Desde que se inició la legislatura, la primera instrucción del consejero [Julio Pérez] fue poner en marcha y acelerar los procedimientos", indica Martín. De esta manera, en los últimos meses se han desarrollado todos los derivados de las ofertas públicas de empleo (OPE) de 2015 y 2016, aunque no todos se han completado y existen dudas sobre cómo finalizar algunos de ellos.

Esas restricciones elevaron tanto la edad media de la plantilla autonómica como su temporalidad. Casi cuatro de cada diez funcionarios, un 38%, son interinos, mientras que el 29,3% del personal laboral tiene contrato temporal. Las tasas son altas, aunque no tanto como en la docencia (50%) y la sanidad (43%). Ante esta situación, al objetivo de rejuvenecer el personal se une el de estabilizarlo, mediante mecanismos que se negocian con los sindicatos. El envejecimiento no resulta un problema para la prestación de los servicios, salvo en determinados casos, sino para la estabilidad de la plantilla. De hecho, los procedimientos de consolidación persiguen aprovechar la experiencia que ese grupo de trabajadores ha adquirido en el seno de la administración. Al mismo tiempo, Martín resalta el esfuerzo para actualizar la formación del personal por parte del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP).

La sucesión de obstáculos en los procesos de acceso al empleo público -nada menos que dos grandes crisis en poco más de un decenio- genera un problema añadido, el de la sobrecualificación de los efectivos. Gran parte de los administrativos y auxiliares han cursado estudios universitarios, pero la falta de procesos de promoción interna, igualmente afectados por las limitaciones, les impide progresar en la carrera funcionarial, lo que lleva al "estancamiento" y la "frustración", advierte la directora general.

Plazos reanudados

Los plazos de los procedimientos selectivos se paralizaron con el estado de alarma decretado para frenar la expansión de la epidemia de Covid-19, pero tras su levantamiento se han reanudado, con la excepción de los cuerpos de administrativo y auxiliar -con 1.300 y 1.800 participantes, respectivamente-, de los que resta por celebrar un segundo examen -el primero fue en noviembre-, además de la baremación de méritos. Tampoco se ha recuperado la tramitación del proceso para el cuerpo de ingenieros agrónomos. Función Pública se debate entre dos opciones para reanudarlos: utilizar un "formato telemático" para realizar las pruebas u organizarlas de manera presencial si pueden garantizarse las medidas de seguridad sanitaria, algo que ahora se presenta "muy complicado". "Nos marcamos octubre como horizonte temporal, pero el pronóstico es tremendamente cambiante y dependerá mucho de cómo evolucione la situación de salud pública", expone Martín. La Administración se plantea una tercera alternativa, de carácter temporal, consistente en la elaboración de una lista con los aspirantes que hayan realizado el primer examen y así poder cubrir de forma interina bajas y vacantes en los próximos meses.