El primer año de la décima legislatura del Parlamento de Canarias se ha visto truncado, como el resto de actividades, por el coronavirus. La vida parlamentaria se tuvo que refugiar en las nuevas tecnologías para seguir adelante, primero con la Comisión Permanente, luego con las comisiones vía telemática y, finalmente, con la celebración del primer pleno el 9 y 10 de junio, con la participación de los 70 diputados y diputadas mediante un sistema mixto de presencia física y videoconferencia. Menos suerte corren las leyes que quiere sacar adelante el pacto de las flores, que por ahora duermen el sueño de los justos y no se han asomado todavía por sede parlamentaria.
Entre estas normativas que se han quedado en el limbo se encuentra uno de los baluartes del grupo de gobierno, la Ley de Cambio Climático, presentada como un antes y un después en el cuidado del medio ambiente de las Islas. A finales de noviembre de 2019, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, anunciaba que se presentaría un primer borrador en la primavera de 2020, un plazo que no se pudo cumplir y que se retrasó hasta finales de este mes, aunque todavía se desconocen los detalles del documento.
Precisamente, ligada a este texto se encuentra la Ley del Suelo, aprobada en 2017 con los votos en contra de tres de los actuales socios de gobierno -PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias-, y con el voto a favor del cuarto componente, la Agrupación Socialista Gomera, que se sumó a PP y Coalición Canaria para dar luz verde a esta normativa que, según Valbuena, se modificará una vez que se apruebe la Ley del Cambio Climático ante las incompatibilidades en los distintos usos del territorio. A finales de marzo y en lo peor del confinamiento, el consejero anunciaba una ronda de consultas con los cabildos y ayuntamientos para revisar esta ley, aunque aclaró que en ningún caso se derogaría, sino que se cambiarían algunos artículos para agilizar trámites y facilitar las funciones del resto de administraciones.
Dos leyes aprobadas
Tampoco la Renta Ciudadana de Canarias, recogida en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, ha llegado todavía a la Cámara regional, al quedar solapada primero por el Ingreso Canario de Emergencia (ICE), ideado para paliar la debacle económica del coronavirus que sufren 38.000 familias de las Islas, y, en segundo lugar, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno central ya ha puesto en marcha. De hecho, la Consejería de Derechos Sociales estudia ahora cómo se compatibilizarán las dos ayudas.
Respecto a la lista de leyes por tramitar, la portavoz parlamentaria del PSOE, Nayra Alemán, asegura que en septiembre comenzará el trabajo para la modificación de la Ley Electoral, establecida en noviembre de 2019 como una prioridad por el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, que en comparecencia parlamentaria explicó que la modificación debía acometerse en primer lugar pues el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018 establecía que debía hacerse en el plazo de dos años.
La normativa que sí salía adelante el pasado martes por unanimidad era la Proposición de Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Un texto que, de todas formas, no es mérito ni del gobierno ni de la oposición, pues fue elaborado por los colectivos de la coordinadora por una Ley Trans e Intersex para Canarias. Sólo esta normativa y la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma han sido debatidas y aprobadas en la Cámara. El resto, tal y como critica la oposición, han tomado forma a través de los decretos leyes, una fórmula novedosa permitida por el Estatuto. Luz Reverón, diputada del PP, considera que se está echando demasiada mano de esta herramienta y no entiende por qué "no se han llevado a pleno algunas modificaciones legislativas que, en principio, son más rápidas de gestionar que una ley nueva". La misma crítica expresa la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, que se queja de que las normativas "se aborden de manera secreta en el Consejo de Gobierno y no en el Parlamento, donde el debate es público, abierto y transparente". A pesar de que el portavoz de CC en la Cámara, José Miguel Barragán, entiende que algunos decretos están justificados por la crisis del Covid, lamenta que "la agenda legislativa ordinaria del Gobierno se desconozca después de un año con muchos anuncios y pocas iniciativas".
Alemán sale al paso de estas críticas, explicando que el Estatuto permite el decreto ley en situaciones excepcionales "y no se me ocurre otra mayor que los tres meses de pandemia". La socialista no entiende además que la oposición exija continuamente medidas urgentes ante la crisis económica y luego "se quejen por quejarse" si éstas se adoptan "además con todas las garantías jurídicas, pues cuentan con el informe del Consejo Consultivo de Canarias".
