La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Cámara regional, Vidina Espino, afirmó ayer que el Gobierno de Canarias "abusa" del decreto ley y advirtió de que no permanecerá "callada" ante lo que considera "una enorme anomalía democrática que secuestra al Parlamento" su función legislativa. Vidina Espino argumenta en un comunicado que en un año de legislatura, la única iniciativa legislativa que ha sacado adelante el Gobierno canario ha sido la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma porque "no le quedaba otro remedio". Sin embargo, en el mismo periodo, el Ejecutivo presidido por Ángel Vítor Torres ha aprobado doce decretos ley y, añade la parlamentaria de Cs, "algunos tienen justificación, pero otros no".
La portavoz también critica la modificación del decreto ley de medidas extraordinarias de carácter económico porque, añade, además de retrasar sus plazos de tramitación como ley de medidas urgentes en el Parlamento, pone de manifiesto que "el Gobierno canario no tiene ni idea de la situación en la que se encuentra hoy en día el tejido empresarial de las islas". Espino apuntó que se trata de la segunda modificación de esta norma y, pese a que se justifica argumentando que se adoptan medidas dirigidas a agilizar y mejorar la eficacia de la tramitación de los procedimientos administrativos, sin embargo, "en lo que se refiere a las ayudas aprobadas para los autónomos, no se ha cambiado nada". Destacó que de 30.000 peticiones de ayuda presentadas en tres meses solo se han pagado 1.100, lo que tiene a este colectivo "indignado".
La diputada reprobó las dos medidas incluidas en la iniciativa del Gobierno canario para mejorar los contratos de los trabajadores afectados por un ERTE, pues "lo que están solicitando las empresas es liquidez para no tener que despedirlos". Es una muestra más de que el Ejecutivo "vive en una burbuja, al margen de la realidad de los ciudadanos de las islas". La parlamentaria de Cs manifestó que, para estimular la contratación de las personas que prestan servicios en el hogar, hace falta algo más que una mera subvención. "Es preciso un verdadero plan de lucha contra el fraude", concluyó.
