El Gobierno central, los sindicatos y las patronales ultiman el acuerdo que permitirá prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, pero el planteamiento del Ministerio de Trabajo no termina de convencer a los interlocutores sociales y económicos ni, menos aún, a Canarias, donde el perjuicio que la propuesta causaría al sector turístico ha encendido las alarmas. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha pasado a la acción dirigiéndose por carta a cinco ministerios para exponerles la "cruda realidad" del Archipiélago y, de esta manera, presionar a Madrid para que la renovación de los ERTE se produzca en condiciones favorables para la región y, además, se extienda, al menos, durante lo que resta de año. Si así no fuera, Castilla teme que el paro en las Islas podría rozar el 50% de la población activa.

El mayor escollo para el turismo reside en la propuesta de Trabajo de que las empresas disfruten de una mayor reducción en las cotizaciones de los empleados que se hayan reincorporado del ERTE que en las de aquellos que aún permanezcan con sus contratos suspendidos. La actividad de los establecimientos turísticos será, previsiblemente, muy baja durante los próximos meses debido a la escasa demanda. De hecho, las patronales hoteleras canarias calculan que apenas un 10% de las plazas volverá a abrir en julio, lo que hace inviable que el sector pueda recuperar a corto plazo a una parte apreciable de la plantilla. La propuesta del Ministerio busca incentivar, mediante unas mayores exoneraciones a los negocios que rescaten a sus trabajadores del ERTE, la recuperación de la actividad y la reapertura de los establecimientos, pero los empresarios advierten de que sin que se incremente la demanda no podrá alcanzarse este objetivo.

Un segundo aspecto preocupa a la Administración y los empresarios isleños: que estos ERTE en condiciones favorables solo se prolonguen hasta finales de septiembre, cuando la temporada alta en Canarias comienza, precisamente, al finalizar ese mes, sin que existan visos de que para ese momento el sector se haya reactivado.

Unos 200.000 trabajadores han sido incluidos en ERTE en las Islas desde que se decretó el estado de alarma para luchar contra la expansión de la epidemia de Covid-19. Alrededor de un 58% de ellos desarrollan su labor en el sector turístico.

"Vamos a seguir insistiendo en la prolongación de los ERTE hasta 2021, si es necesario, y en que se flexibilicen sus condiciones", afirmó ayer, durante una sesión plenaria en el Parlamento regional, la consejera de Turismo. En las misivas remitidas a las ministras de Trabajo, Turismo, Economía y Hacienda y al ministro de Seguridad Social, Castilla explica que el turismo en las Islas presenta tres características diferenciales: la dependencia casi absoluta del transporte aéreo para los desplazamientos de pasajeros; la temporada alta, que se produce entre los meses de octubre y abril; y el gran peso del turismo extranjero sobre el total de visitantes, que supera el 87%.

La "razón principal" para renovar estos ERTE es, a juicio de Turismo, que "la fuerza mayor no desaparece con la relajación de las medidas de confinamiento, sino que perdurará en la economía y la sociedad en el tiempo". Como mínimo, esta situación se prolongará hasta el inicio de 2021, lo que haría conveniente llevar hasta entonces la prórroga de los expedientes, pero podría "llegar incluso hasta la finalización de la denominada temporada alta turística en Canarias".

Las particulares condiciones de las Islas, junto a "la ausencia de una respuesta coordinada a nivel europeo", ha supuesto, añade Castilla en las cartas, que los principales países emisores de turistas a Canarias, como Alemania y, especialmente, Reino Unido, no se encuentren en disponibilidad de reactivar los flujos turísticos con garantías. Esto representa "el mayor impedimento para una pronta recuperación del sector".

En respuesta a una pregunta planteada por el portavoz del grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, la consejera aseguró ayer que el plan para el sector diseñado por el Gobierno central "ha causado decepción" en Canarias al no prever actuaciones específicas para las Islas. "El presidente, el vicepresidente y la consejera lo seguiremos demandando, pero el Gobierno español está llegando tarde", alertó Castilla, que enfatizó que Canarias necesita que estas medidas se pongan en marcha "ya". No obstante, admitió que el plan tiene "aspectos positivos", como los incentivos de AENA para aerolíneas, que "pueden ayudar a recuperar la conectividad".

Las asociaciones hoteleras coinciden en que los ERTE, tal y como los plantea el Estado, no atienden la realidad del sector turístico y de Canarias. "No se puede utilizar este instrumento para que una empresa que no tiene demanda saque a gente del ERTE", indicó Jorge Marichal, presidente de la patronal tinerfeña (Ashotel). Para Marichal, "puede que a otros sectores les pueda venir bien esta medida, pero para el turismo es lo contrario". Su homólogo de la patronal de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, cree que "lo fundamental es la duración de los ERTE". "En Baleares y la España mediterránea la temporada alta termina en octubre y los empleados, que son fijos discontinuos, pasan a cobrar la prestación por desempleo. En Canarias las empresas van a tener que afrontar a pelo esos costes", advierte Mañaricua, que reclama una "especial protección" para el Archipiélago y que los ERTE estén vigentes, como mínimo, hasta el 31 de diciembre.

Pese a todo, desde CC se da por hecho que, con o sin acuerdo -que ayer parecía estar a punto de lograrse tras la última de las reuniones negociadoras-, la fecha de aplicación de los ERTE se prorrogará hasta el 30 de septiembre, y que el compromiso del Ejecutivo central de extenderlos en el caso de Canarias hasta diciembre o hasta la recuperación plena de la actividad turística no corre peligro. CC había alcanzado este acuerdo con el Gobierno central como condición a su apoyo a los sucesivos decretos de prórroga del estado de alarma. Concluido el periodo de excepcionalidad y alcanzada la nueva normalidad, la formación nacionalista asegura que no contempla ningún "posible escenario de marcha atrás ni una rectificación" por parte del Ejecutivo de Sánchez respecto a ese compromiso, independientemente de que haya o no acuerdo con empresarios y sindicatos sobre la prórroga de los ERTE y sus condiciones de aplicación. Ello a pesar de los rumores que ayer por la tarde circulaban sobre una limitación de la prorroga a los establecimientos turísticos abiertos a 30 de junio. "Sería un incumplimiento total del acuerdo, que no contemplamos", señalan desde CC.

Consejo de Ministros

El decreto en el que debe recogerse todo esto no pudo ir al Consejo de Ministros del martes por el bloqueo en las negociaciones de la mesa de concertación social, pero el Gobierno convocará con toda probabilidad uno extraordinario para mañana. En el nuevo decreto, según el acuerdo entre CC y el Ejecutivo central, una disposición adicional recogerá que "los expedientes de regulación temporal de empleo que afecten a empresas cuyas actividades que se desarrollen en Canarias y estén basados en las causas de fuerza mayor vinculadas al estado de alarma se extenderán hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional y se beneficiarán de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo vigentes en cada momento".

Fuentes de CC señalan que la garantía para esa prórroga hasta una normalización de la actividad turística en las Islas está avalada no sólo por el Ministerio de Trabajo, sino también, en un plano político más amplio, por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, número dos del PSOE y uno de los interlocutores del Gobierno para negociar los apoyos parlamentarios. Los contactos entre los dos principales negociadores de CC, su secretario general, José Miguel Barragán, y el senador Fernando Clavijo, con Ábalos y otros responsables de Trabajo están siendo constantes durante los últimos días precisamente para tratar de apuntalar el acuerdo mencionado independientemente de la marcha de las negociaciones entre Gobierno, empresario y sindicatos.