El plan de vivienda que ultima el Gobierno canario permitirá construir unas 4.400 casas durante los próximos cuatro años, el doble de las que había planteado inicialmente el Ejecutivo. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, compareció ayer ante el Pleno del Parlamento regional a instancias del grupo nacionalista (CC-PNC) y explicó el trabajo desarrollado desde que el 12 de marzo -dos días antes de decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus- se firmara el pacto social y político que reunió a partidos y organizaciones sociales y empresariales en torno al objetivo de reactivar la ejecución de vivienda digna y a precios asequibles en las Islas. A las 2.200 que en un principio se habían anunciado se unen ahora 1.434 en régimen privado y otras 800 de alquiler que se encuadran en la participación de Canarias en el Plan 20.000 del Ministerio de Fomento. Pese a este incremento, esta oferta cubre poco más del 25% de la demanda registrada en el Archipiélago, que además es, según sospechan los ayuntamientos, menor que la real, como comentó la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, exalcaldesa y concejal de Vivienda de Telde.

Además, el desarrollo del plan generará alrededor de 24.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, aseguró Franquis, citando estimaciones del propio sector de la construcción. Que las previsiones de construcción de unidades alojativas y de creación de empleo se hagan realidad dependen, advirtió, de la "complicidad" de las corporaciones municipales, para que cedan suelo en el que poder materializar los proyectos, y también de los empresarios. "Es fundamental que los ayuntamientos nos acompañen", dijo. El consejero agradeció "profundamente" la firma del pacto. "El Gobierno solo quiere ser el instrumento para llevarlo a cabo", añadió.

La diputada de CC-PNC Socorro Beato, promotora de la comparecencia de Franquis, reconoció el "talante" demostrado por este a la hora de hacer posible el pacto, al tiempo que destacó la "generosidad" de los grupos políticos al sumarse a él. No obstante, la parlamentaria nacionalista reclamó que se aceleren los plazos si no quieren frustrarse las expectativas que ha despertado el acuerdo. "¿Cuándo vamos a ver la primera piedra de alguna de esas viviendas?", se preguntó. Beato expresó su temor de que, si se mantienen los ritmos actuales, el comienzo del plan se demore hasta 2022.

También desde las filas de la oposición, Manuel Domínguez, del PP, coincidió en que "el plan está tardando un poco" y sugirió a Franquis trasladar a ayuntamientos y cabildos la contratación y adjudicación de las obras "para que el trabajo sea más rápido". Por su parte, Vidina Espino, de Ciudadanos, acusó al consejero de haberse "dormido en los laureles".

Antes de la comparecencia de Franquis se produjo el turno de preguntas a los miembros del Gobierno, en el que la responsable de Derechos Sociales, Noemí Santana, confirmó que a lo largo de esta semana se terminará de pagar el ingreso canario de emergencia (ICE). El Ejecutivo ha tramitado hasta el momento más de 25.000 expedientes de solicitud de esta ayuda -concebida como un "puente" para los isleños en peores condiciones hasta que se abone el ingreso mínimo vital del Gobierno central- y ha resuelto de forma favorable 15.000. Además, Santana agregó que la cifra de beneficiarios de la prestación canaria de inserción (PCI) ha aumentado un 40% en lo que va de legislatura, al pasar de 5.600 a 8.000.

La consejera avanzó, asimismo, que su departamento estudia cómo integrar dentro de la futura renta de ciudadanía una ayuda para incentivar la emancipación juvenil, que no solo facilite el acceso de los jóvenes a una vivienda sino también contribuya a evitar el abandono de los estudios.

En el terreno medioambiental, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, se mostró dispuesto a "modular" la entrada en vigor de los plásticos de un solo uso, prevista para el 1 de enero de 2021, que, en lugar de esa fecha, podría aplicarse a partir de julio del mismo año.