La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha anunciado este martes en el Parlamento un plan de 50 millones de euros para 2020 con el que se pondrán en marcha políticas activas de empleo que permitan mitigar el impacto de la pandemia.

Además, de las políticas activas de empleo, los planes de la Consejería incluyen el apoyo y asesoramiento de autónomos y empresas para tratar de preservar el tejido productivo, así como programas de formación laboral y de modernización administrativa del Servicio canario de Empleo.

Máñez, que compareció a petición propia en el pleno parlamentario, dijo que Canarias ha sufrido un gran impacto en el empleo por "una situación sobrevenida", la epidemia de coronavirus, que se suma a una situación estructural previa que ya era bastante complicada.

Los planes que quiere promover su Consejería para mitigar el impacto de la crisis, con los que se pretende beneficiar a unas 130.000 personas, se basan en el consenso y la coordinación con los agentes sociales, así como con cabildos y ayuntamientos.

El principal pilar de la política laboral de la Consejería son los planes de empleo, a los que se destinarán 50 millones de euros procedentes sobre todo de los recursos del Estado para el Plan Integral de Empleo de Canarias, más otros fondos del Servicio Canario de Empleo que estaban presupuestados para otros fines pero que se han reestructurado.

De esa cifra, se destinarán 10 millones de euros a un plan de empleo turístico destinado a los municipios que reciben más visitantes y que son los más afectados por el desempleo, dijo Máñez.

Otros diez millones de euros irán destinados a un "plan de empleo covid", que beneficiará a quienes han perdido su trabajo por la crisis sanitaria.

También habrá cinco millones de euros para un plan de transición ecológica que se ejecutará con los cabildos dentro de la estrategia de diversificación hacia la economía azul y la economía circular.

La Consejería tiene además previsto mantener el plan de empleo social con los ayuntamientos por veinte millones de euros, destinado a desempleados de larga duración.

El segundo pilar del programa de actuación de la Consejería es el apoyo y asesoramiento de empresas y autónomos, que incluirá la aprobación de un plan de emprendimiento que mitigue el impacto de la pandemia en el tejido productivo.

Otra novedad será la incentivación de la contratación de personas empleadas de hogar como una forma de luchar contra la economía sumergida, que en esta área beneficia principalmente a las mujeres, dijo Máñez, y anunció que se pondrá en marcha el observatorio contra el fraude laboral.

La formación es el tercer pilar de los planes de la Consejería, y estará adaptada "a la realidad de cada isla" y buscará la diversificación hacia nuevos sectores.

El último pilar del plan expuesto por la consejera es la modernización tecnológica del Servicio Canario de Empleo, para acercar la gestión a los ciudadanos.

Los planes de la Consejería recibieron el apoyo de los grupos que respaldan al Gobierno, pero fueron recibidos con reticencias o rechazo entre la oposición.

Pablo Rodríguez, de CC-PNC, criticó que no haya planes para la reactivación de las empresas y dijo que los fondos para el plan de empleo no son nuevos.

De hecho el PIEC ya está presupuestado cada año desde 2018 y lo interesante, en su opinión, sería que el Estado suscribiera y financiara un plan de empleo plurianual para poder planificar, y no tener que pelear los fondos año por año.

El diputado del PP Carlos Ester acusó al Gobierno canario de no hacer nada durante la crisis sanitaria y de tirar de "marketing" ante su falta de voluntad para aplicar "un plan de choque" con rebajas fiscales a empresas y autónomos que evite quiebras y preserve el tejido productivo.

Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, reclamó "medidas claras y contundentes" que preserven la actividad y el empleo, y eso, en su opinión, no se consigue diversificando la economía, sino apostando "por lo que sabemos que funciona".