Algunos ayuntamientos están ya alcanzando una fase crítica en recursos económicos por la pérdida de ingresos derivados del Covid-19. Ante ello, los alcaldes están buscando fondos por todas las vías posibles: del Gobierno de Canarias, del Estado y de Europa, y que no se retrase más del mes de julio porque, en caso contrario, corre peligro la atención que se da a los ciudadanos en servicios esenciales en este primer frente de batalla que son los ayuntamientos. Por ello, en la primera reunión en la 'nueva normalidad' que mantuvo la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ayer con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, los alcaldes reclamaron una parte de los recursos que va a destinar el Gobierno de España a las comunidades autónomas a fondo perdido, el llamado 'fondo Covid': esos 16.000 ansiados millones de euros de los que a Canarias le corresponderán en torno a 290 millones para la sanidad, 93 para la educación y 32 para transportes.
Los ayuntamientos no quieren quedar exentos de estos recursos y le plantearon al presidente que, de esas partidas que llegan a la Comunidad Autónoma, se les transfiera la parte vinculada a competencias municipales. Por ejemplo, en materia de educación, los ayuntamientos se encargan del mantenimiento de los centros escolares y han tenido que aplicar los protocolos de limpieza y adaptación con el coronavirus.
"Son entre 90 y 94 millones de euros para educación y se tendrá que ver cómo se distribuye ese dinero con los ayuntamientos", explicó María Concepción Brito, presidenta de la Fecam, tras la reunión con Torres. Los recursos no solo irían a los colegios sino a cualquier área donde los ayuntamientos tengan competencias municipales, como en seguridad, principalmente de las playas, "que está suponiendo un coste muy importante", indica Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la Fecam , al señalar que el cuidado de las costas con el Covid-19 está triplicando la cuantía de esos servicios y son los ayuntamientos los que lo están sufragando con sus limitados recursos. En este aspecto en concreto, si el dinero no viene por vía del 'fondo Covid' deberá ser el Gobierno quien lo dote, expone Hernández, al igual que en área de derechos sociales donde las corporaciones locales son las que se enfrentan al día a día de los ciudadanos, y aunque han recibido los fondos estatales de la pobreza del año pasado, se requieren más recursos para acometer todo el trabajo que les conlleva el coronavirus, puntualiza Brito.
Asimismo los ayuntamientos insisten que el Gobierno de Canarias defienda ante el Estado que se les compense por la pérdida de recursos en el Bloque de Financiación Canario, del REF, por la escasez de ingresos tributarios con la pandemia, -593 millones de euros entre cabildos y ayuntamientos-. Y por otra parte, la Federación Española de Municipios (FEMP) ha pedido que se autorice que se flexibilice la regla de gasto porque si no hay ingresos todos los municipios van a seguir gastando e incurrirán en déficit, señala Brito, aparte de reclamar el uso del superávit y los remanentes pero sin esos condicionantes en la ley de estabilidad presupuestaria. Para todos estos asuntos han urgido a que se convoquen las comisiones sectoriales para definir lo acordado en el pacto de reconstrucción económica postulado por el presidente Ángel Víctor Torres. Además, demandan participar en la comisión bilateral Estado Canarias, que, según confirmó ayer el presidente, se celebrará el viernes.
Los ayuntamientos, al igual que trasladaron los cabildos, reclaman poder intervenir en asuntos como la inmigración irregular, turismo o la financiación, en esa comisión mixta bilateral con el Gobierno de España.
Además, piden que se les adelante el pago del Fondo Canario de Financiación Municipal, que se suele ingresar a final de año, porque "algunos ayuntamientos están empezando a tener problemas de liquidez y necesitan oxígeno", insiste Brito. Para ello se les emplazó a una reunión con la Consejería de Hacienda, con el fin de definir cómo se puede articular ese adelanto del fondo.
Para los dirigentes de la Fecam el mes de julio es clave, porque si no se ponen en marcha estas medidas los ayuntamientos tendrán graves problemas en el último trimestre del año. Todo ello, debe ir aparejado con la negociación europea, y que se demande un buen bocado para Canarias de todos los recursos que se consigan.
En este contexto, el presidente de Canarias consideró que la decisión del Consejo de Ministros de autorizar a las tres comunidades autónomas que tuvieron superávit en 2018 y 2019 a gastar esos recursos en las necesidades generadas por la pandemia de Covid-19 "abre una puerta para que la ley de estabilidad de 2012 decaiga". Para Torres, la merma de recursos de las corporaciones "debe cubrirse por parte del Ministerio de Hacienda" y recuerda que ya hay un compromiso al respecto.
