Va a resultar que no siempre que la pobreza entra por la puerta salta el amor por la ventana. Los cuatro socios que dan forma al Gobierno de Canarias aseguran que los principios que cimentaron su acuerdo no se han visto afectados por el duro golpe que ha supuesto la pandemia. Incluso, las mayores necesidades sociales y el protagonismo que ha cobrado el sector público para salir del atolladero los ha reforzado.

Hace prácticamente un año, PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) rubricaron el pacto de las Flores, que desenmarañó un resultado electoral complicado. El acuerdo convirtió a Ángel Víctor Torres en el primer presidente socialista de los últimos 26 años. La desconocida fórmula, en el Archipiélago, de un acuerdo a cuatro alimentó rápidas especulaciones sobre su solidez. Terminar el primer trimestre de este ejercicio encerrando a los ciudadanos en sus casas o cancelando la entrada de los hoteles animó aún más la generación de dudas. ¿Superaría este golpe el Gobierno de Canarias?

El indudable cambio radical de contexto que ha provocado el Covid-19 genera la primera y gran duda. Cuando se firmó el pacto, la economía canaria continuaba creciendo. Los niveles de paro y pobreza estaban muy lejos de ser los deseables pero menguaron hasta el inicio de este 2020 en el que, de manera más tenue y según todos los centros de estudios, el producto interior bruto (PIB) del Archipiélago se iba a anotar otro avance.

Entonces llegó el golpe. Los cálculos ahora se realizan sobre el tamaño de la contracción de la economía, cuál será la proporción de desaparición del tejido productivo o dónde detendrá el desempleo su alocada carrera. ¿Es necesario entonces revisar los principios del acuerdo de gobernabilidad?

Respuesta uniforme

La respuesta de los cuatro socios es uniforme y negativa. "Han aparecido una serie de prioridades nuevas", admite el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera (PSOE). Sin embargo, todas las actuaciones que se están adoptando para atenderlas tienen la premisa de "no perder de vista lo anterior". Es decir, los objetivos a medio plazo que esboza el pacto de las Flores y detalla la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible: acortamiento de la brecha social o respeto al medio ambiente, por ejemplo.

El propio Olivera señala que el 30% del pacto reactivación", suscrito el Día de Canarias por todos los partidos excepto el PP, lo ocupan cuestiones que ya estaban "en el pacto de gobierno". El restante 70% es el trabajo añadido que ha traído la pandemia: "mantener los ingresos o los nuevos parámetros de la negociación con el Estado", cita como ejemplos el viceconsejero de la Presidencia.

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), asegura que su partido, del que es presidente, "no va a renunciar a nada" que esté contenido en el acuerdo de gobierno. En su opinión, los objetivos permanecen invariables y el único cambio radica en el modo en que se consiguen los ingresos para lograrlos.

Rodríguez expone el presupuesto canario para este año como un ejemplo claro. "Ya he dicho con contundencia que no se toca", señala en referencia a una reciente intervención en el Parlamento de Canarias. Reconoce con ironía que tiene "un pequeño problema", que es la falta de "1.000 millones de euros" que se esfuman por el desplome de los ingresos fiscales; "pero los vamos a buscar y los vamos a encontrar". De esa suma, "casi 400 millones están cubiertos con el superávit", continúa, que arrastraba la comunidad autónoma y que por fin esta semana Madrid permitió utilizar. "Y vamos a seguir peleando los 500 millones de euros que nos corresponden del convenio de carreteras", añade.

Si ni con eso da, tendrán que autorizarnos el endeudamiento", explica. En sus cuentas, Román Rodríguez incluye también entre "600 y 630 millones de euros" de los 16.000 millones que repartirá el Gobierno central a fondo perdido para paliar la insuficiencia a la que el Covid-19 ha conducido a las 17 arcas autonómicas españolas.

Eso salvaría las cuentas canarias de este año, pero el acuerdo es por cuatro años y no se cumple sino el primero en las próximas semanas. El presidente de NC tiene claro que todos ellos -2021, 2022 y 2023- serán "años de crisis" y el endeudamiento y las transferencias desde la Unión Europea (UE), los pilares que permitirán atender las necesidades ciudadanas.

"Escudo social"

En la misma línea, la consejera autonómica de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos), sostiene que "poco ha cambiado" esta crisis los objetivos, incluso ha animado a "priorizar más" los que se ciñen a la atención a los más desfavorecidos. "Afortunadamente el Gobierno central ha desplegado un escudo social que permite a las comunidades autónomas atender esas necesidades", explica la también secretaria general de Podemos-Canarias.

Coincide con Casimiro Curbelo, presidente de ASG, cuarto partido integrante del Ejecutivo regional, en que los problemas sociales que de manera inmediata ha traído el coronavirus han generado soluciones que alivian de algún modo la maltrecha caja de las Islas. Se refieren ambos de ese modo al ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en Madrid y que cubre, está por determinarse si parcial o totalmente, la partida autonómica diseñada para atender la Renta de Ciudadanía.

Curbelo asegura que esta crisis "no debilita al pacto. Al contrario, hay que reforzar los planes para alcanzar los objetivos que nos marcamos en él". No por ello niega que se hayan producido cambios, pero circunscribe estos a la necesaria mejora del aparato administrativo.

"La burocracia, que nos come a todos, y la potenciación del ahorro energético" son dos de las cuestiones que enumera el también presidente del Cabildo de La Gomera. Y ante todo, "hacer la tarea para que la inversión sea efectiva" y se vincule, por ejemplo, "a políticas muy potentes de vivienda o a la dependencia, con infraestructuras sociosanitarias".