La Secretaría de Estado de Migraciones busca instalaciones en las Islas para concentrar a los migrantes y paliar la dispersión de estas personas llegadas por vía marítima a Canarias. El repunte de las pateras o cayucos que arriban a las costas isleñas, sumado a la imperativa cuarentena derivada por el Covid-19, ha provocado que los migrantes estén ubicados en numerosas infraestructuras salpicadas por todas las Islas, situación que está saturando a las ONG y cuerpos de seguridad del Estado, que reclaman centros adecuados que puedan acoger a estas personas. También lo piden los ayuntamientos, que, además, demandan que se empiecen a derivar a migrantes a la Península que no pueden ser devueltos a sus países de origen por no haber convenios de repatriación. La realidad es que las personas que llegan en pateras están dispersos en pabellones, centros, casas u hostales en distintos municipios de Gran Canaria - como la capital, Moya, Tunte o Tejeda-, también de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

La Secretaría de Estado de Migraciones confirma que están analizando espacios en los que puedan congregar el mayor número de estas personas para una mejor atención, instalaciones que acojan a 300 ó 400 migrantes, y menos de los 900 que se plantean para el campamento que se preveía instalar en el polígono industrial de Arinaga, en terrenos de la Zona Franca cedidos por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Cruz Roja. Este campamento desmontable ha concitado el rechazo del Ayuntamiento de Agüimes y de empresarios de este área. La habilitación de esta zona está pendiente de la decisión de la Secretaría de Estado de Migraciones, señala el presidente de Cruz Roja, Antonio Rico.

Hana Jalloul, la secretaria de Estado, se trasladará a las Islas próximamente para analizar la situación de la llegada de migrantes, ante el aumento embarcaciones arribadas en estos meses. Canarias ha recibido de enero a junio en torno a 2.700 personas en pateras o cayucos, un 600% más que el año anterior en el mismo periodo, y se prevé que en agosto, septiembre, octubre y noviembre crezca este flujo de migrantes, mientras que las personas llegadas por mar a la Península y Baleares cayó casi un 60%, lo que evidencia que se ha reactivado la ruta del Atlántico, que no ha frenado el coronavirus.

A su llegada se les hace test PCR, y ya han dado casos positivos. Todos los migrantes tienen que pasar la cuarentena en espacios habilitados con las medidas de seguridad y protección adecuadas, por lo que la situación se está desbordando.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias, José Luis Guedes, expone que cuando llegan tiene que estar 72 horas en una nave para realizar los trámites preceptivos de identificación, de lo que se encarga la Policía Nacional, lógicamente con sus trajes de protección, pero "el problema" es que "se dilata" la recepción por parte de las organizaciones que también están saturadas, con lo que la Policía tiene que hacer funciones de cuidado de los migrantes, indica. Por ello, reclaman más infraestructuras.

El pastor Ángel Hernández, responsable de Misión Cristiana Moderna en Fuerteventura, indica que están desbordados tanto de espacio como de recursos. Atiende a 200 migrantes y da comidas a 350 personas además de repartir compras a unas 1.500 familias, cifras que se han multiplicado por la crisis económica del Covid-19. Hace un llamamiento porque, según asevera, no tienen ayudas gubernamentales y lo que necesitan "es comida". "Estas personas están desamparadas por el Estado", denuncia.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también pide infraestructuras y, sobre todo, que se reactive el traslado a la Península de las personas llegadas en pateras que veían a las Islas como un tránsito para Europa.

Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, coincide en que el Estado se ha de "mojar" y realizar estos desvíos a otras comunidades. Hernández y empresarios de Arinaga rechazan el 'macrocentro' que Cruz Roja propone instalar en el polígono industrial de Arinaga porque, según el regidor, es una zona ventosa con máximo riesgo de insolación y, además, las normas urbanísticas no permiten el uso del polígono para seres humanos sino para actividades industriales vinculadas al desarrollo marítimo.

Recalca que "no es insolidaridad" y se ha demostrado con el Festival Tres Continentes que Agüimes lleva celebrando más de 30 años, puntualiza. En una reunión con la Delegación del Gobierno se le informó que buscan espacios, como puedan ser cuarteles militares, entre otras ubicaciones.