El magistrado que ha investigado las presuntas irregularidades cometidas por el empresario Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en la empresa Seguridad Integral Canaria ha dictado su procesamiento como posibles autores de un delito de fraude tributario y contra la Seguridad Social.
En un auto facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justiciad de Canarias, el juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha solicitado a la Fiscalía y a las demás partes procesadas que formulen sus correspondientes escritos de acusación y de solicitud de archivo del caso.
En el auto que da por concluida la instrucción de este caso, que puede ser objeto de recurso de forma en un plazo de tres días, el magistrado pide que se inicien los trámites como procedimiento abreviado por considerar "razonable" la acusación.
Según la querella que dio origen a la causa, Seguridad Integral Canaria eludía "importantísimas" cantidades a la Agencia Tributaria, al disfrazar de dietas el abono de las horas extraordinarias de sus trabajadores durante los años 2009 a 2013, señala el auto en sus antecedentes de hecho.
Este procedimiento contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, que ahora concluye Díaz Tejera, ha pasado por otros tres jueces instructores, Victoria Rosell, Salvador Alba y Carla Vallejo.
El segundo de ellos, Salvador Alba, fue condenado a seis años de porque ofreció beneficios a Ramírez en esa causa a cambio de que declarara en cuestiones que perjudicaron a la primera instructora, Victoria Rosell, cuando fue candidata de Podemos al Congreso.
