El Gobierno de Canarias quiere que los 500 millones que el Estado le debe a la Comunidad Autónoma por el incumplimiento del convenio de carreteras se incluyan en el superávit que el Ejecutivo regional ya puede usar libremente. Los contactos del Gobierno con Hacienda comenzaron nada más conocerse la autorización del Consejo de Ministros para que el Archipiélago disponga de los dineros del superávit para paliar las consecuencias del coronavirus en la economía y la sociedad isleñas. Un total de 389 millones que serían 889 si finalmente fructifican las conversaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio, una cantidad que por sí sola taparía un 60% del agujero que la pandemia ha ocasionado en los presupuestos autonómicos. Con esos 889 millones de euros más la suma que se arañe de los 16.000 del fondo anticrisis nacional y lo que pueda venir de Europa, Canarias incluso podría sortear 2020 sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Y en última instancia, y aunque no se dé el mejor de los escenarios (ya sea porque se produzca un indeseable rebrote de la enfermedad o porque el gasto se dispare aún más de lo previsto), la deuda seguiría en todo caso bajo control.

Los 500 millones que el Estado adeuda a la Comunidad Autónoma tienen su origen en los recortes del convenio de carreteras efectuados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. En lo peor de la anterior crisis económica, con las arcas públicas bajo mínimos, el Ejecutivo del PP decidió segar el convenio de forma unilateral. Canarias llevó el asunto a los tribunales y la Justicia le acabó dando la razón, una victoria judicial que, sin embargo, aún no le ha valido para poder usar un dinero que legítimamente le corresponde. Primero porque la deuda no asciende a 500 millones, sino a 945, y segundo porque el Gobierno central hizo el primer pago, esos exactamente 500,4 millones de euros, sin previo aviso y sin que la Comunidad Autónoma pudiera utilizar el dinero.

Las Islas habían cerrado 2018 en superávit, esto es, con más ingresos que gastos. Una diferencia de alrededor de 421 millones bloqueada por la Ley de estabilidad presupuestaria, que impide gastar el superávit en todo aquello que no sea pagar deuda (a excepción de en las cuestionadas inversiones financieramente sostenibles) por más que Canarias sea la región menos endeudada del país. Para más inri, y para sorpresa del Gobierno regional (entonces presidido por Fernando Clavijo), el Ministerio de Hacienda no contabilizaba 421 millones de superávit, sino 921, ya que a la cifra original sumaría los 500,4 millones del primer pago de la deuda. En definitiva, Canarias cobraba sin cobrar más de la mitad de un dinero que aún sigue en el aire y que el Ejecutivo autonómico, presidido ahora por Ángel Víctor Torres, quiere recuperar cuanto antes aprovechando la "buena" predisposición de María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda se había comprometido a permitir el uso del superávit a las tres regiones con regímenes fiscales especiales, es decir, a las Islas y las dos comunidades forales (las únicas con saldo positivo al cierre de 2019), y cumplió su palabra en el Consejo de Ministros del martes. Pero eso sí, con un matiz no precisamente menor en el caso del Archipiélago. La disposición aprobada efectivamente da vía libre para echar mano del superávit de ejercicios anteriores que todavía no se haya empleado en pagar deuda, 389 millones en el caso de Canarias sin contar el dinero de las carreteras. Así pues, se deja temporalmente sin efecto el artículo 32 de la ley de estabilidad. Ocurre, sin embargo, que los 500 millones del convenio no son superávit presupuestario propiamente dicho por más que la misma Intervención de la Administración General del Estado así lo considere en términos de contabilidad nacional. En otras palabras: ese dinero continúa, de momento, bloqueado.

No obstante, en el Gobierno de Canarias entienden que cabe la posibilidad de incluir los 500 millones en el superávit autorizado sin mayores problemas, con lo que hay cierto optimismo sobre una rápida solución. Las conversaciones al respecto las están llevando directamente desde el área de la Presidencia, donde en la tarde de ayer se intercambiaban correos y llamadas con el Ministerio, que aún no se ha manifestado oficialmente sobre este asunto. "Hay que aclarar el alcance de la disposición", explicaron fuentes del Ejecutivo, que creen que el paso más difícil, el de exceptuar a la región del artículo 32 de la ley, ya se ha dado. Además, en favor de Canarias juega el hecho de que desbloquear esos 500 millones no daría lugar a ningún tipo de agravio comparativo en otros territorios, ya que se trata de un asunto que concierne exclusivamente a las Islas.