Cuatro días en casa y uno en la oficina. Esa podría ser, a partir del lunes, cuando acaba el estado de alarma, la nueva rutina laboral de los 17.495 empleados de la Administración del Estado en las Islas con hijos menores de 14 años y dependientes a su cargo. El acuerdo no es extensible al resto de las administraciones pero la Comunidad Autónoma de Canarias tiene ya hechos sus deberes. La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias reguló el teletrabajo antes de la entrada de la región en la fase 2 de la desescalada, el 25 de mayo, y actualmente el 70% de sus empleados trabaja al menos un día la semana desde casa.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, bajo la dirección de Carolina Darias, y los sindicatos CSIF, UGT y CIG cerraron ayer el acuerdo de medidas para la nueva normalidad del que, sin embargo, ha decidido descolgarse CCOO.

En concreto, la resolución contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que asuman en cuidado de menores, dependientes o los trabajadores con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Para el resto de los trabajadores estatales, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de, como mínimo, un día a la semana de teletrabajo. Según el acuerdo, la modalidad no presencial, que en ningún momento se denomina teletrabajo, tendrá carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio. "Se articulará por el titular de cada centro directivo, en los puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios". CSIF destacó tras la firma telemática de la medidas que se trata de un acuerdo "pionero" en la organización del trabajo en España, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, que tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo que se empezará a negociar en julio. "El acuerdo garantiza mantener la calidad en las prestación del servicio, además de la salud de los empleados público", subrayó la ministra.

La propuesta no convence a CCOO, el sindicato mayoritario en el conjunto de las administraciones públicas. Según José Manuel Vera, secretario general de la Función Pública de ese sindicato, "CCOO no ha firmado el acuerdo, porque en realidad no es una regulación, sino una desregulación del teletrabajo". Sostiene que la forma que se le ha dado al acuerdo asume que el pacto de teletrabajo se mantendrá de forma indefinida y no mientras dure la pandemia, que es lo que la Administración había aunciado en su momento.

Vera explica que CCOO pidió al Ministerio hace seis semanas constitutir una mesa de trabajo para abordar el teletrabajo y no ha habido otra respuesta que "pactarlo por la puerta de atrás con otros sindicato". En el acuerdo, advierte, no se precisa quién podrá acogerse a la modalidad no presencial ni quién debe aportar los medios para el teletrabajo, si la Administración o los propios trabajadores. "Hasta ahora han sido los funcionarios", afirma.

En el caso de Canarias la fórmula que se ha puesto en marcha va más allá de los cuatro días establecidos en la estatal. De hecho, se puede teletrabajar desde un solo día de la semana laboral a un máximo de cinco; se contempla la opción de cambiar a la modalidad presencial en su totalidad cuando se desee -una medida pensada para parejas separadas o divorciadas con hijos con custodia compartida- y para los trabajadores con hijos menores de 14 años o mayores dependientes se les da posibilidad de flexibilizar la jornada de trabajo y distribuirse el horario laboral como mejor le convenga.

El teletrabajo, subrayaba ayer la directora general Función Pública, Laura Martín, ya era un objetivo de legislatura en el trabajábamos pero que " el coronavirus ha acelerado".

Evidentemente, hay empleados públicos y empleados públicos entre los 69.810 con los que cuenta la Comunidad Autónoma, y son los del ámbito de la Administración General los que en mejores condiciones están para consolidar esta modalidad. En una encuesta interna de este mismo mes el 87% de ellos aplaude la medida.