14 de junio de 2020
14.06.2020
Análisis
'Caso Grúas' | El Tribunal Supremo archiva la causa

Un triángulo que se repite

La historia de los tres protagonistas –un magistrado, una fiscal y el ahora concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna– claves en el acoso judicial a Clavijo

14.06.2020 | 00:04
Clavijo, en la sede de CC en Tenerife antes de dar una rueda de prensa tras el fallo que archiva el 'caso Grúas'.

Fue la precipitada filtración del escrito de la fiscal anticorrupción, María Farnés, solicitando de nuevo la imputación de Fernando Clavijo, y de nuevo también por su pasado desempeño en la alcaldía lagunera, la que disparó todas las alarmas. Lo más llamativo resultó que la filtración del nuevo informe –fruto de otra denuncia del concejal Santiago Pérez– se produjera apenas unas horas después de hacerse público el archivo del caso Grúas por el Tribunal Supremo, como una respuesta previamente preparada, al archivo del procedimiento contra Clavijo.

La publicación simultánea de esa nueva filtración en los medios de comunicación que más se habían significado previamente en la denuncia de un procedimiento administrativo anodino y de escasa enjundia –un préstamo de 120.000 euros garantizado y devuelto con intereses–, como si fuera uno de los casos de corrupción más graves de la historia de Canarias, suponía una provocación inaudita de la Fiscalía, una reacción a la absoluta desconsideración reflejada en el auto al informe de la fiscal Farnés, que ni siquiera se cita. Un pulso al Supremo.

El caso Reparos había sido presentado al juzgado lagunero el 11 de marzo, tres días antes de que se decretara el estado de alarma y se suspendiera la actividad judicial. El informe de Farnés sobre el nuevo caso denunciado por Pérez reproduce literalmente los argumentos de la denuncia presentada por este, remitiéndose a ella en multitud de ocasiones. No es extraño que así sea: Santiago Pérez presentó su demanda en enero de 2018, acompañada de gran aparato mediático, y en pleno bloqueo procedimental del caso Grúas. Pero el caso no avanzaba en el Juzgado de Instrucción número 4 al ritmo que él esperaba, ni la jueza Ana Serrano-Jover lo había activado, ni se había producido intervención de la Fiscalía adscrita a su Juzgado.

La fiscal Farnés se hace cargo

Preocupado por la escasa trascendencia que el asunto estaba teniendo, Pérez se reunió con la fiscal Farnés a la que pidió incorporarse al caso. Farnés ya había sustituido para entonces al fiscal lagunero del caso Grúas, con lo que se convertía en la fiscal responsable de dos casos denunciados por Santiago Pérez La reunión entre la Farnés y el concejal Pérez se produjo a mediados de julio del pasado año, pocos días después de que se supiera que Clavijo sería propuesto por el grupo parlamentario de Coalición Canaria como senador por la Comunidad Autónoma. Pérez declaró que había llevado el caso a Anticorrupción, que ya había sustituido al fiscal lagunero del caso Grúas por considerar que "la notoriedad y la trascendencia social del asunto denunciado" eran competencia de Anticorrupción. Pérez lo había pasado a la fiscal convencido de que Farnés no soltaría la presa. No lo hizo: desde que comenzó a ocuparse del caso Grúas en La Laguna, donde fue colocada ex profeso por la Fiscalía General del Estado, la fiscal responsable de Anticorrupción en Tenerife solo se ha ocupado de investigaciones relativas a la ejecutoria del expresidente Clavijo. Durante 2019 y 2020 su única ocupación ha sido intentar demostrar que Clavijo cometió prevaricación, malversación y tráfico de influencias. De momento, sin éxito

María Farnés es una fiscal significada políticamente: fue nombrada para el cargo por el entonces ministro Juan Fernando López Aguilar, hizo triplete con Santiago Pérez y el juez Astor Landete en el caso de corrupción más importante de la historia judicial de Canarias, el caso Teresitas. Su demoledor informe, y la prolija instrucción de Landete, permitieron inculpar y encarcelar a los empresarios implicados, al alcalde Zerolo y a varios concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Todos de Coalición Canaria, a pesar de que el resto de los partidos santacruceros, incluyendo el PSOE, apoyaron la operación y votaron en pleno la compra de los terrenos de la playa. Tampoco resultó inculpado ningún directivo de la Caja de Ahorros, entidad desde la que se planificó y financió la operación, y que fue amonestada por el Banco de España por su comportamiento irregular.

Como fiscal, Farnés se ha significado en varias ocasiones, renunciando a un papel protagónico en investigaciones delicadas para el PSOE. La Fiscalía del Estado llegó a investigar sus reiteradas ausencias en el caso Granadilla, la causa abierta contra el ex alcalde socialista Jaime González Cejas y otros siete concejales, imputados por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. También rechazó hacerse cargo del inicio del caso Arona, en el que estaba implicado al ex alcalde socialista Manuel Barrios, denunciado ante su oficina por La Opinión de Tenerife. El caso fue recuperado bastantes años más tarde por el juez de Arona, Nelson Díaz Frías, y concluyó en el Supremo con doce condenas de inhabilitación –entre ellas la de Manuel Barrios– y varias de prisión.

Astor Landete, a por Clavijo

El papel de la fiscal Farnés, su aparente coordinación con la acusación de los casos Grúas y Reparos tiene mucho que ver con la oportunidad brindada por las decisiones del juez Joaquín Astor Landete, un prestigioso magistrado progresista, presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido el principal responsable de la importancia judicial, política y mediática adquirida por el préstamo a Grúas Hipólito. Un caso sin demasiada importancia, desmontado unánimemente por el Tribunal Supremo, que tuvo un desarrollo zigzagueante sólo explicable desde la intención de predeterminar que fuera la Audiencia Provincial la responsable de juzgarlo en última instancia.

El caso arrancó por una decisión administrativa bastante trivial: el 24 de junio de 2014, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna acordó un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli, empresa que prestaba el servicio de grúas al Ayuntamiento y que ya estaba intervenida municipalmente por su mala situación económica. Previamente, el Pleno de la Corporación lagunera, sin ningún voto en contra y con la abstención de Por Tenerife-Nueva Canarias –el partido con el que se presentó Santiago Pérez– y Unidos se Puede, había acordado la modificación presupuestaria que permitía iniciar el expediente para conceder ese préstamo. En la Junta de Gobierno no estuvo presente Fernando Clavijo, y seis meses después, la empresa devolvió al Ayuntamiento la totalidad del dinero con intereses, en un plazo muy inferior al fijado. Año y medio después, tras la publicación de algunos artículos con denuncias sobre robo de materiales en el depósito de las grúas municipales, se creó una Comisión Especial de Estudio sobre el servicio, que no detectó irregularidades. No fue hasta mayo de 2017, dos años y medio después de que se hubiera devuelto el préstamo, y pocos meses después de que el PSOE abandonara el Gobierno de Fernando Clavijo, cuando Santiago Pérez –que había defendido en pleno el levantamiento del reparo para salvaguardar los puestos de trabajo de la empresa y que se abstuvo en la votación– presentó la denuncia contra Fernando Clavijo por haber concedido el préstamo.

Esa denuncia fue archivada por la jueza Celia Blanco en menos de un mes, al no ver indicio alguno de delito en la actuación de Clavijo. Tampoco los vio el fiscal Santiago Sánchez, según consta en el dictamen emitido por él. Pero en octubre, en una decisión sorprendente, Astor Landete exigió a la jueza Celia Blanco reabrir el procedimiento argumentando que no se había tomado declaración a todos los encartados. Es en ese momento cuando el presidente de la Audiencia Provincial se implicó por primera vez con una orden a la jueza, cuya instrucción el Supremo considera en su auto de archivo minuciosa y encomiable€ ¿Qué perseguía Astor Landete al reabrir el procedimiento? En ese momento era difícil saberlo, pero Clavijo es ya presidente del Gobierno y está aforado, y por tanto la jueza elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lo devolvió porque tampoco encontró evidencias de delito.

Un recorrido plagado de "casualidades"

Y es aquí cuando empiezan a producirse situaciones inexplicables: el 13 diciembre de 2017, la jueza vuelve a solicitar informe al mismo fiscal, Santiago Sánchez, para que se pronuncie sobre el mismo caso en el que no había encontrado delitos unos meses antes. El fiscal tardaría ocho meses (ocho) en redactar un informe sobre un caso en el que ya había dictaminado con anterioridad. Durante ese tiempo, la jueza se dirigió al fiscal dos veces más instándole a presentar el dictamen sin obtener ninguna respuesta. El fiscal rompió su silencio justo veinticinco días después del nombramiento de la nueva Fiscal del Estado, María José Segarra, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy que ganó Pedro Sánchez. A partir de entonces, lo que había sido un procedimiento marcado por una desesperante lentitud, muy perjudicial para Clavijo, se acelera: el 27 de julio de 2018 el fiscal Sánchez, emitió por fin su informe sobre el caso Grúas, donde decía que Fernando Clavijo, al tratarse de una persona aforada, debe ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Es el mismo fiscal que había estudiado el caso con anterioridad y solicitado su archivo. El mismo que guardó silencio ocho meses a pesar de la presión de la jueza para que informara. ¿Qué pudo ocurrir para ese cambio de criterio? Una explicación, o una casualidad: Sánchez llevaba años solicitando, sin éxito, ser traslado a una plaza cercana a su lugar de nacimiento. Tras cambiar de criterio y emitir el informe, en cuestión de horas, fue aceptada su petición y trasladado a la Península de inmediato.

El 8 de agosto, tras conocerse el nuevo informe fiscal, la jueza solicita del TSJC una exposición razonada y eleva la causa al Alto Tribunal canario. Demetrio Pintado, fiscal del TSJC designado para el caso, redacta un dictamen de quince folios en el que pide la absolución de Clavijo porque no ve delito alguno. Ese informe está terminado a finales de agosto de 2018 y es entregado en mano a su superior, el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, el 7 de septiembre de 2018. Aún faltan dos meses para que la reforma del Estatuto de Canarias se publique en el Boletín Oficial del Estado. Garrido retiene el informe en una gaveta de su despacho durante esos dos meses. ¿Por qué? Otra explicación, u otra casualidad: el 18 de octubre, tan solo seis días antes de que el Senado apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que retira el aforamiento a todos los integrantes del Parlamento canario, Garrido envía por fin a la Fiscalía General del Estado el informe. Desde la Fiscalía se decide entonces descartar el informe de Pintado, que absuelve a Clavijo, argumentando que el TSJC no es competente, y decide esperar a que entre en vigor el Estatuto de Autonomía, para solicitar que se devuelva de nuevo el caso al juzgado de La Laguna. Cuando se aprueba el Estatuto, y ante un recurso de los abogados de Clavijo, el TSJC opta –con el pronunciamiento en contra de su presidente, Antonio Doreste– por devolver el caso a La Laguna, donde –finalmente– después de algún ridículo y confuso episodio sobre la situación judicial de Clavijo, la jueza Blanco comunica que está siendo investigado. En todo ese tiempo, Santiago Pérez, el concejal denunciante, ha ido adelantando las decisiones de la fiscalía o de la judicatura.

Pérez llegó a asegurar que el caso Grúas no sería resuelto en un juzgado de La Laguna, sino que había de ser juzgado por Astor Landete –el juez que decidió reiniciar un caso ya archivado– en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde el caso tenía que llegar en segunda instancia –sí o sí– tanto si Clavijo era declarado culpable como si era declarado inocente. La elección de Fernando Clavijo como senador por Coalición Canaria frustró esos planes.

Política y venganza

Pero el objetivo se había conseguido: tras ser considerado investigado, Clavijo perdió la posibilidad de ser un candidato viable. Tras las elecciones, Ciudadanos declaró que no apoyaría un gobierno de centro derecha con Fernando Clavijo de presidente, porque ellos no apoyan la investidura de imputados/investigados. Clavijo tardó demasiado en reaccionar al rechazo de Cs a apoyarle, se obstinó en mantener su opción a la Presidencia y para cuando se decidió a renunciar y dejar paso, Ángel Víctor Torres ya había logrado convencer a Casimiro Curbelo para que apoyara un gobierno de izquierdas.

Con ese objetivo logrado, lo que podría ser considerado como una operación política de extraordinario calado, llevada a cabo utilizando de manera descarada la fiscalía del Estado y Anticorrupción, y con la colaboración necesaria de un juez decidido a juzgar a Clavijo en su tribunal, debería haber perdido ya todo interés. Pero no es así: la airada reacción que supuso contestar publicando la petición de imputación contra Clavijo por la nueva denuncia de Pérez, demuestra que tras la persecución orquestada debe haber algo más que un objetivo político, probablemente esto sea ya –más que una cuestión política– puro encanallamiento personal, o voluntad de venganza. Además, ahora se trata de demorar el caso reparos todo lo que se pueda, para seguir con él el mismo recorrido que en el caso Grúas. Clavijo está aforado en el Supremo y lo estará mientras sea senador. La jueza puede archivar el caso –es difícil que Astor Landete se atreviera a corregir también a esta jueza tras el varapalo del auto– o mandar el caso al Supremo, si aprecia indicios de delito en Clavijo. Si así fuera, el Supremo tendría que investigar el caso, y eso tarda más de unos pocos meses€
Mientras tanto, lo que queda es la sospecha de una creciente connivencia de intereses entre políticos, fiscales y jueces, una voladura de la separación de poderes, imprescindible para que la libertad y la democracia pervivan. Con el recuerdo de recientes escándalos en la Justicia grancanaria, la politización creciente de los organismos jurisdiccionales, la instrumentalización partidaria de la Fiscalía del Estado, o el intento de intervenir políticamente la Policía, la Guardia Civil o los servicios de inteligencia, vigilar lo que nos ocurre más cerca es más que una obligación cívica, una cuestión de supervivencia.

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