14 de junio de 2020
14.06.2020

Antonio Doreste: "Si la Fiscalía investiga todos los reparos, colapsará los juzgados"

El presidente del TSJC afirma que "raro es el mes que no tenemos una querella criminal contra un juez, lo que ocurre es que no sale a la luz pública porque la mayoría son inadmitidas"

13.06.2020 | 23:55
Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Antonio Doreste (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) concede a este diario la que podría ser su última entrevista como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El último jueves de este mes puede tener lugar el relevo al frente del máximo órgano del poder judicial en la Comunidad Autónoma. "Por fin", celebra Doreste, en el cargo desde 2014 y quien desde el año pasado aguarda a que se produzca el acuerdo político que le dé sucesor en la Presidencia.

No acaba usted de dejar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Las circunstancias son las que son. El Consejo aún no se ha decidido, pero a fin de mes habrá una sesión en la que se volverá a tratar este asunto, con lo que a lo mejor el último jueves de este mismo mes tendremos, por fin, nuevo presidente.

Su interinidad se debe a la falta de un acuerdo político. Da la sensación de que cada vez hay más vasos comunicantes entre la política y el poder judicial.

La de la legitimidad del poder judicial es una vieja polémica. Hay quien defiende que el poder judicial no tiene legitimidad democrática por sí mismo porque los jueces no han sido elegidos, ni directa ni indirectamente, por el pueblo, de modo que no está mal que los órganos de gobierno, en la función meramente gubernativa, es decir, no en la función jurisdiccional, pues reciban cierto control por parte de las fuerzas políticas elegidas democráticamente. Esta postura está en contraposición con la de los jueces, que entienden que el poder judicial debe ser completamente independiente. Son dos posturas defendibles cada una desde su punto de vista, pero lo que sí tiene que quedar claro es que el Consejo General del Poder Judicial nunca interfiere en la actividad jurisdiccional, en lo que es el poder judicial en estado puro. Ahí los jueces y magistrados conservamos una completa independencia, por lo que el Consejo General del Poder Judicial interfiere muy poco.

Aunque algunos se empeñen en dar a entender lo contrario.

Claro. Jamás se le ocurriría a nadie del Consejo General del Poder Judicial, ni a su presidente ni a sus vocales, llamar directa o indirectamente a un juez para que resuelva un asunto de una u otra manera. Eso jamás ha pasado ni pasará.

Ahora más que nunca se clasifica a los jueces entre los de izquierdas y los de derechas, progresistas o conservadores.

Mal, porque la ley casi siempre restringe tanto la posición del juez que sus convicciones políticas influyen muy poco. Es verdad que en algunas materias y en algunos momentos sí ocurre, pero en general, nosotros lo que debemos hacer es aplicar la ley. Ese etiquetado, que desde luego existe, entre otras cosas porque nadie es políticamente puro, por así decirlo, no debería influir en la actuación del juez como tal. No debería, aunque he de reconocerle que hay muchos casos en los que se nota, casos en los que ese sesgo ideológico sí juega un papel.

Antes la propia sociedad ponía a los jueces en una atalaya...

Sí sí, en un altar... Eran intocables, respetadísimos y diría que hasta venerados. Una especie de semidioses.

... Y ahora, y tras una especie de secularización de la figura del juez, no es el poder judicial ajeno al chismorreo, el barullo y hasta la condena social que tanto proliferan en las redes sociales.

Pero mire, creo que es un proceso de desmitificación, diría yo, de todas las figuras que tradicionalmente ostentaban una gran autoridad: desde los sacerdotes, ante quienes todo el mundo se inclinaba, hasta los maestros, los médicos y por supuesto los jueces. Fíjese, le voy a dar un dato: raro es el mes que nosotros no tenemos una querella contra algún juez, digo una querella criminal, en la que una persona le imputa a un juez un delito. Lo que ocurre es que no sale a la luz pública porque la gran mayoría son inadmitidas.

Es raro que haya un mes sin que se presenten querellas contra jueces, pero no es menos cierto que hay muy pocas condenas.

Eso es verdad.

El mal pensado diría que se protegen a sí mismos.

Bueno, si se atiene a los datos estadísticos... Como usted dice, y yo también conozco esos datos, serán tres o cuatro; vamos, menos de diez seguro. Menos de diez a lo largo de toda la historia.

¿Corporativismo?

Si usted compara la cantidad de jueces que hay y la cantidad de resoluciones que dictan con la cantidad de políticos que hay y la cantidad de resoluciones que dictan, y compara a su vez las condenas por prevaricación en uno y en otro caso, desde luego están desproporcionadas. Eso es verdad, es un dato estadístico. Si en todos los años que llevamos con responsabilidad penal de los jueces empieza usted a ver las sentencias condenatorias, pues ya le digo que no podría cuantificárselas ahora con exactitud, pero insisto: más de diez no hay.

Nuestro sistema confiere a los juzgados de instrucción una doble función hasta cierto punto contradictoria: por un lado investigan y por otro velan por la debida protección de los investigados. Ángel y demonio. En otros sistemas solo investiga la fiscalía. ¿Cuál es su postura?

Mi postura es muy clara. Hay una gran polémica al respecto, una polémica en este momento muy avivada porque es lo que defiende el Gobierno, para que la instrucción la lleven los fiscales, y yo me opongo completamente. Los fiscales dependen jerárquicamente del Gobierno, no tienen esa independencia judicial de la que hablábamos antes. ¿Si desde arriba se ordena que en un asunto no se acuse o que se acuse de determinada manera, o incluso que no se haga nada, porque el poder no está tanto en hacer como en no hacer? No puede ser. Que los fiscales llevaran la instrucción sería estupendo si antes se les da el estatus de independencia que tienen los jueces, es decir, si los incorporas al poder judicial. Pero con el actual sistema, ni hablar. A pesar de eso que usted dice, de ese doble papel que implica el investigar y al mismo tiempo proteger, a pesar de ese difícil equilibrio, la justicia está muchísimo más garantizada con la instrucción del juez dependiente del poder judicial que con la instrucción del fiscal mientras el juez está en una posición pasiva. No hombre no, ni hablar.

En un país europeo se ha dado el caso de una ministra de Justicia que ha saltado a la Fiscalía General del Estado de un día para otro y de la mano del mismo Gobierno. Cuesta creerlo.

[Ríe]. Ejemplo más claro...

En su opinión, ¿quiénes deberían estar aforados? ¿Es un tribunal más garantista que un juzgado de instrucción?

La gente cree que el aforamiento es un privilegio, y no es así. El aforamiento se produce en actos relacionados con el ejercicio del cargo. Si a mí, Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, me pilla la Guardia Civil conduciendo borracho, no estaré aforado ante el Supremo, no; me tocará un juez del sitio donde me hayan sorprendido conduciendo con las cinco copas de más. Ahora bien, si se trata de la actividad jurisdiccional, pues resultaría anormal que personas que están bajo mi dependencia vayan a encargarse de la instrucción. Para garantizar la independencia es necesario cierto distanciamiento entre la persona sometida a un procedimiento y la persona que resuelve. Al aforamiento hay que quitarle ese matiz negativo que tiene, como si fuera un privilegio cuando en realidad es una garantía. Otra cosa es que el aforamiento pudiera no ser ante un tribunal superior sino ante un tribunal del mismo nivel pero distinto. Un aforamiento horizontal, lo llamaría yo. ¿Que se acusa a un consejero del Gobierno canario de prevaricación?, pues mire, que en vez de juzgarlo un juez canario lo haga uno de Navarra, por ejemplo.

Los partidos se han tirado los aforamientos a la cabeza según les ha convenido, como también la figura del investigado, que en no pocos casos se ha usado para auténticas cacerías políticas.

Efectivamente, y precisamente porque falta pedagogía sobre la condición de investigado, que es una garantía para la persona. Si un juez tiene alguna sospecha de que alguien puede haber cometido un delito, le otorga el estatus de investigado, pero esto no significa que lo haya cometido, ni mucho menos, sino que hay una sospecha, una ligerísima sospecha que precisamente está puesta en garantía de esa persona. Y esa garantía se manifiesta, primero, en que tiene derecho a un abogado, y segundo, en que tiene derecho a mentir porque se está defendiendo. Es muy fácil que a una persona se le otorgue la garantía de investigada, es muy fácil, con lo que no puede ser que ante esa garantía se le cargue una especie de estigma porque poco menos que ya ha sido condenada y hay que apartarla de todos sitios: de la vida política, de la vida social... Vamos, convertirla en un apestado. ¡Espere usted a que el procedimiento acabe!

En Canarias hemos visto ejemplos de esas cacerías políticas. Por cierto, no me diga que no ha sido raro el caso Grúas.

Mire, como yo he intervenido en ese asunto, prefiero no opinar, ahí están los datos y que cada uno haga lo que quiera. Pero no puedo dejar de decir que me parece muy mal que personas sin una sólida formación jurídica, es más, sin ni siquiera formación jurídica, critiquen jurídicamente una decisión tomada por alguien como Manuel Marchena, que merece el mayor de los respetos y que es de la mayor talla jurídica que hay en España, es decir, que critiquen una decisión tomada por el Supremo con esa solidez y por personas de ese nivel de solvencia. Hombre, es difícil criticarla, pero quien la critique debería al menos ser una persona con cierta formación. Esto quizá no debería decirlo, pero no me puedo callar porque me parece escandaloso.

Usted emitió dos votos particulares en este caso, respaldados ahora por la sentencia del Supremo, y se lo criticó por ello.

Se me criticó por una información falsa que decía que yo, que fui consejero, tuve vinculación con Coalición Canaria. Eso es mentira. No es que sea una valoración, es pura y simplemente mentira. Estamos hablando de hace treinta años, cuando estuve dos años en política, pero es que encima no milité en Coalición Canaria; yo estaba en el CDS, el partido de Adolfo Suárez, y esa militancia sí que no solo la reconozco, sino que me enorgullezco de ella, de haber estado junto a Adolfo Suárez promoviendo la democracia en nuestro país. Y hasta ahí: esa época acabó, el partido fracasó y yo volví a mi profesión. Pero decir que yo tuve vinculación con Coalición Canaria y por eso la defiendo ahora es una trola, una auténtica trola.

Los reparos, a raíz de otra denuncia del mismo rival político contra Fernando Clavijo, se han presentado estos días en sociedad. Pero levantar un reparo no supone una ilegalidad, ¿no?

Es una discrepancia jurídica entre la autoridad que levanta el reparo y el funcionario que formaliza el reparo. No se puede decir que sea o no delito, sino que hay que ver exactamente en qué ha consistido el reparo y por qué se levanta. Lo que sí digo, teniendo en cuenta que según el informe anual del Tribunal de Cuentas solo en 2017 hubo en los ayuntamientos y cabildos canarios 5.500 levantamientos de reparos y que la Fiscalía Anticorrupción ha empezado solo con los de La Laguna, es que si continúa, para tratar a todos igual, colapsará los juzgados. Tendríamos 5.500 procedimientos por año, 5.500 causas penales, con lo cual tendríamos que crear diez o doce juzgados para analizar si en cada uno de esos levantamientos de reparos ha habido o no prevaricación. Espero, por favor, que no judicialicen esos reparos, porque es una práctica muy común. Vuelvo a insistir: no significa que sea delito ni que no lo sea. Hay que analizar cada caso concreto, y de ahí deduciremos si hay prevaricación o no según el grado de grosería, y así lo dice el Supremo, de la actuación de la autoridad pública. Tiene que ser una cosa escandalosa, grosera, llamativa... Cuando se produce esa actuación, es delito; y cuando se produce un levantamiento con cierta base jurídica, aunque sea ligera, y cierta razonabilidad, pues mire usted, es una discrepancia administrativa. Y esto no solamente pasa en los reparos, sino en informes de cualquier tipo. Lo que espero es que siendo algo tan normal, tanto que hubo 5.500 casos en 2017, pues que no se judicialice, porque aviados estamos si tenemos que analizar levantamiento por levantamiento con todo el trabajo que tenemos en los juzgados.

Avisa el Supremo que para atribuir un delito en el levantamiento de reparos debe haber un "alto valor incriminatorio".

Tiene que ser un disparate. Un alcalde que dice: voy a construir una carretera por aquí, y le advierten todos los informes que no, que por ahí no porque es un espacio protegido, pero él se empeña en que sí. Eso es prevaricar. Pero otra cosa es la mera discrepancia. Al final qué pasa con esto, pues que quienes tienen que juzgar si una actuación es o no escandalosamente contraria a Derecho son los jueces del área penal, que no están acostumbrados a manejar la práctica administrativa, y ese es el problema de fondo, que se establece la prejudicialidad penal, lo que significa que las cuestiones penales tienen preferencia. Y ocurre que en este tipo de delito en realidad no estamos viendo cuestiones penales, sino administrativas.

De hecho no cesa el desvío de asuntos de lo contencioso-administrativo a lo penal.

Eso se arreglaría con la prejudicialidad inversa, es decir, que primero juzguen los tribunales de lo contencioso si hay o no ilegalidad y en qué grado, y después, y en caso de que haya una ilegalidad grave, que el caso pase a la jurisdicción penal. Pero no como ahora. En Canarias ha habido tres casos escandalosos, tres asuntos que han ido en paralelo por las vías de lo contencioso y de lo penal y en los que tras dictarse condenas por prevaricación la jurisdicción de lo contencioso dijo que no había habido ninguna irregularidad; ojo, ya no grosera o no grosera, sino ninguna irregularidad. Fíjese qué grave.

Claro que los denunciantes dicen que la vía de lo contencioso es más cara.

Es cierto, pero se solucionaría si se les diera prioridad a esos asuntos en los que hay sospecha de prevaricación, de modo que la vía de lo contencioso tuviera que estudiarlos inmediatamente.

¿Deberían ustedes, los jueces; nosotros, los periodistas; y ellos, los políticos, ser algo menos frívolos en el tratamiento de la información judicial? Lo digo por la criminalización de quienes luego acaban absueltos cuando se filtran informes policiales, por ejemplo.

Hay que ser más prudentes en nuestros juicios, más moderados, y no adoptar posiciones maximalistas ante un simple informe que a veces se toma como si fuera la sentencia que en su debido momento se publicará. Los informes tienen la importancia que tienen, ni más ni menos.

Hay jueces que son como monarcas absolutistas en sus juzgados y que luego trasladan comportamientos altaneros y soberbios fuera de su esfera profesional. Al ahora ministro Grande-Marlaska, sin ir más lejos, se le achaca esto.

Algunos jueces sí que no tienen la modestia que deberían tener. No debemos creernos tan poderosos como realmente somos, porque por esa independencia judicial tienes un poder impresionante en tus manos, sobre todo los jueces de instrucción, con un poder enorme. Debemos ser respetuosos con ese poder y usarlo con mucho cuidado. Y sí, efectivamente hay alguno por ahí que adolece de esto, pero afortunadamente son muy pocos, se lo puedo asegurar.

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