Una encuesta realizada por una universidad británica planteó a los ciudadanos si consideraban más eficientes las viejas democracias o los nuevos Estados autoritarios para combatir la Covid-19. Y el 60% concluyó que los segundos. La encuesta ponía así en evidencia que los sistemas democráticos están enfermos no solo de coronavirus. Están cada vez más debilitados por la falta de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, ya sean políticas, judiciales, policiales o mediáticas. Incluida la monarquía, en el caso de España. Y por el resquicio de la ruptura de ese vínculo, acusado por la anterior crisis económica y la actual crisis sanitaria, se han ido colando los populismos y otras formas de autoritarismo dentro de la mismísima democracia.
En este contexto hay que ubicar algunas de las cosas que vienen ocurriendo en Canarias en los últimos años, con el caso Grúas como último capítulo del gran culebrón. El Tribunal Supremo dio esta semana carpetazo a un asunto que incidió en el devenir político de las Islas tras las últimas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019. Y del mismo modo que a los escolares de mi tiempo se nos obligaba a destripar ranas, nos gustara o no, para saber cómo eran en realidad más allá de su apariencia; el alto tribunal ha dejado al descubierto las tripas del entramado político-jurídico-mediático que se ha auto encomendado la altísima misión de limpiar de desafectos y herejes esta bendita tierra canaria. El objetivo es acabar de una vez por todas con la corrupción, corrompiendo el propio sistema de división de poderes si fuera necesario. Y sí, ha sido necesario.
El fin del 'caso Grúas'
"La Sala constata que ninguna irregularidad ha sido detectada por la magistrada instructora [del Juzgado número 2 de San Cristóbal de La Laguna], cuyo documento es expresivo de un minucioso y encomiable trabajo de investigación y una laboriosa exposición razonada", sentencia el Tribunal Supremo. Y los cinco magistrados, presididos por Manuel Marchena, añaden por unanimidad: "A nuestro juicio, la mención de los hechos atribuidos al Sr. Clavijo carece de toda relevancia penal". Con afirmaciones de esta contundencia, y sin un solo voto particular en contra, el Tribunal Supremo puso fin a tres años de una implacable campaña contra Fernando Clavijo mientras ejercía de presidente del Gobierno de Canarias. Una campaña que tenía como objetivo dejar a un rival político fuera de la carrera electoral y reducir a la mínima expresión, como así fue, sus posibilidades de continuar al frente del Ejecutivo autonómico.
La realidad es que Coalición Canaria llegaba ya debilitada al 26M, no solo por el desgaste de más de un cuarto de siglo de gobierno sino por sus tensiones internas, cada vez mayores tanto desde el punto de vista ideológico como territorial. Pero daba igual, había que despejar cualquier obstáculo que pudiera impedir el cacareado "cambio de régimen" en las Islas. Un relevo deseable y saludable, por cierto, desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia. Y que efectivamente llegó, por lo que ahora son otros los que toman las decisiones en Canarias.
Era de esperar que, alcanzado el poder, las aguas volvieran a su cauce y la normalidad democrática se instalara en la vida pública. Pero un sector progresista sigue obsesionado con la operación de derribar a Coalición Canaria, como si éstos fueran aún Gobierno y ellos oposición. Y no se conforma con haber desbancado a los nacionalistas de la mayoría de las instituciones del Archipiélago. Quieren destruirlo. Acabar con el nacionalismo de raíz, no tanto porque no compartan su visión política de las relaciones de Canarias con el Estado, sino porque sigue siendo la única alternativa que puede desalojarlos del gobierno.
De ahí la virulencia con que los denunciantes del caso Grúas, y sus adláteres, han reaccionado tras la decisión del TS: "Es un caso evidente de vulneración de la legalidad", señaló Unidas Se Puede de La Laguna. "Si el caso se hubiera quedado en Canarias, lo habrían condenado", escribió un plumilla del nuevo régimen. Y sobre la misma tesis insistió el "sorprendido" denunciante Santiago Pérez, que dictó su propia sentencia: "No hay una ley para todos. Cualquier personaje puede maniobrar para zafarse de los jueces y tribunales predeterminados por la ley; y aforarse y elegir al Tribunal que le archive la causa". Sí, han leído bien, no son errores de transcripción: los instigadores de la denuncia insinúan que Fernando Clavijo eligió un tribunal amigo de él, impidiendo así ser juzgado por un tribunal amigo de ellos. ¡Manda trillos!
Aunque la guinda al pastel la puso la propia Fiscalía Anticorrupción, creada para investigar asuntos de especial trascendencia y no para dar especial transcendencia a asuntos administrativos. Y cuyas vergüenzas quedaron al aire por el razonamiento del Supremo en el caso Grúas. Ante ello, también movió ficha y aireó otro informe sobre supuestos delitos de Fernando Clavijo como alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, cuando al denunciado aún no le había tiempo de levantar una copa para celebrar que había dejado de serlo.
Torquemadas del siglo XXI
En realidad, nada de esto es nuevo en las Islas. Hubo un tiempo no lejano en que se puso en marcha el mismo ventilador, por los mismos y contra los mismos. Hasta 800 teléfonos fueron pinchados entonces en la mayor operación anticorrupción desatada en Canarias. Cayeron como moscas alcaldes, concejales y empresarios, sospechosos de formar parte de una red de corruptelas que acabó en nada. La operación se convirtió además en un reality show por la connivencia de una parte de la clase política con una parte de la policía (que aún no recibía el nombre de "patriótica") y el oportuno linchamiento de algunos medios de comunicación: "Mañana se va a detener a fulanito a tal hora y en tal sitio", se contaba en ciertas redacciones. Y allí estaba la canallesca al día siguiente para retratar en vivo y en directo al desconcertado político o empresario, que esa mañana había salido de su casa al trabajo y terminaba en el calabozo, en no pocas ocasiones esposado. Esto parecía Miami Vice. Pero al ruido y la furia sucedió la realidad y aquello se desinfló como un suflé. Quedaron, eso sí, las condenas de telediario.
El celo y la pasión de los torquemadas del siglo XXI es tal que no les detiene ni la pandemia ni sus efectos sociales y económicos. Ahora se les ha sumado, además, alguna reina de corazones: "¡Que les corten la cabeza!", ordenan. Y una disparatada tropa de barajas-soldados sale atolondrada a abrir roperos y cajones; a desempolvar expedientes; a buscar afiliaciones políticas en las relaciones de puestos de trabajo; a levantar piedras o husmear en los bajos fondos: "Llevamos un año buceando en las cloacas de Coalición Canaria", anunció estos días un ciudadano recién llegado a la política. ¿Les queda tiempo, recursos y ganas para gestionar?
Y si pese a las pesquisas no encuentran nada, simplemente lo inventan. El fin justifica los medios. Que nos cierran el caso Grúas. No importa: abrimos el caso Reparos. ¡Y en menos de 24 horas! "Lo grave de todo esto es que después no pasa nada. Nadie es culpable de nada. Nadie se arrepiente. Nadie pide disculpas", reflexionó Casimiro Curbelo al valorar una sentencia que cayó como una bomba de relojería sobre el Archipiélago.
'Made in' Canarias
En Canarias se fabrican productos que son ya parte de nuestras señas de identidad. Se elabora un buen ron y olorosos vinos; singulares chorizos y exquisita repostería; mojos y almogrotes o jabones y cremas de aloe vera. Se están haciendo también exitosas series de televisión. Pero los mejores especialistas que tenemos aquí en las Islas son los fabricantes de escándalos. Una industria boyante, integrada por un nutrido elenco de artistas de la manipulación. Que elaboran a conciencia, con gran dedicación y con una coordinación envidiable escándalos políticos de toda índole, combinando medias verdades con medias mentiras; magnificando hechos o reparos; y realizando calificaciones jurídicas que los tribunales no secundan en sus autos: "Hay que diferenciar entre las meras irregularidades o ilegalidades administrativas y las conductas delictivas como la prevaricación o la malversación de fondos públicos", precisa el auto del TS presidido por Manuel Marchena. Un juez, por cierto, nada sospechoso de prestarse a secundar tesis nacionalistas.
De ahí la relevancia de la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Grúas: no sólo exculpa a Fernando Clavijo, condena el modus operandi de los denunciantes y del entramado político, judicial y mediático al que pertenecen.
Lo más grave de este espectáculo no es que haya agentes del propio sistema judicial que no tengan escrúpulos en saltarse a la torera la presunción de inocencia. Ni políticos que utilicen a los medios para lograr condenas de rivales electorales antes de ser juzgados. Lo más grave de todo es que estas cazas de brujas siguen ocurriendo en un tiempo en que Canarias debe hacer frente al mayor desafío histórico desde la Transición. En que todos los esfuerzos y recursos deberían estar dirigidos a combatir el impacto de una pandemia que, en términos de creación de riqueza y empleo, deja a Canarias a los pies de los caballos. Como diría Ortega y Gasset, "no es este, no es este" el cambio que se esperaba.
