13 de junio de 2020
13.06.2020

El Tribunal de Cuentas sitúa a Canarias a la cabeza en gastos con reparos

Los alcaldes y presidentes insulares invirtieron 7. 410 millones sin el visto bueno de los interventores; solo Andalucía y Valencia adelantan a las Islas en esta práctica

12.06.2020 | 23:13
Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el Parlamento.

Los cabildos y ayuntamientos canarios mantienen un elevado nivel de expedientes que se aprueban con reparos de los interventores. En su último informe sobre el sector público local el Tribunal de Cuentas detectó hasta 5.497 acuerdos que contaron con objeciones por parte de los funcionarios encargados de fiscalizar las cuentas. El gasto de estos expedientes sumó de 410,5 millones de euros, lo que coloca a Canarias en el pelotón de cabeza en esta práctica junto a Andalucía y Comunidad Valenciana.

Se trata pues de una fórmula de gestión habitual que alcanza a alcaldes y presidentes de cabildos de todos los colores políticos y que abre interrogantes en el caso abierto en un Juzgado de La Laguna en el que la Fiscalía Anticorrupción ve prevaricación continuada por, precisamente, levantamientos de reparos. Fueron es este caso hasta 180 de los exalcaldes de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz entre 2013 y 2017 para prorrogar concesiones de servicios cuyos plazos habían expirado. Una práctica habitual que, de hecho, la jurisprudencia de Tribunal Supremo establece que no siempre el levantamiento de un reparo implica un delito.

Otro aspecto que recoge el Tribunal es la omisión del trámite de fiscalización previa en los expedientes administrativos. El órgano encargado de inspeccionar las finanzas públicas refleja en su análisis que las corporaciones del Archipiélago obviaron este trámite en 479 expedientes, que suponen 29 millones de euros sin inspeccionar por los órganos fiscalizadores habilitados. Aquí Canarias no se encuentra en cabeza pero sí es la séptima comunidad en volumen.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la situación financiera de las administraciones locales corresponde al ejercicio 2017 y en las próximas semanas saldrá a la luz el de 2018, según fuentes del órgano fiscalizador. En el mismo, el Tribunal analiza de forma pormenorizada el contenido de los expedientes que ocasionan más reparos por parte de los interventores, siendo los expedientes de contratación los que cuentan con más objeciones durante su tramitación. También los gastos de personal, las subvenciones y ayudas públicas y las operaciones financieras forman parte de las pegas que, posteriormente, son levantadas por el alcalde o presidente del cabildo en la gran mayoría de las ocasiones.

El principal motivo por el que los funcionarios habilitados ponen trabas a los procedimientos es por la omisión de requisitos o de trámites esenciales en los expedientes. Esta situación se evidencia sobre todo en las contrataciones que realizan las corporaciones locales, que, junto al personal, suponen el mayor volumen de gasto de las administraciones. Con posterioridad a este último informe del Tribunal de Cuentas el Ministerio de Hacienda aprobó el real decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, con el fin de evitar un volumen tan elevado de acuerdos con reparos. Con posterioridad también se reformó la ley de contratos públicos, que ha supuesto quebraderos de cabeza añadidos para el sector público.

El último informe oficial del Tribunal de Cuentas es una continuidad de los dictámenes anteriores. En el informe de 2016 el órgano fiscalizador colocó a Canarias como la segunda comunidad, después de Andalucía, cuyas corporaciones locales más levantaban expedientes con reparos.

Informe específico


En enero de este año el Tribunal hizo público un informe específico sobre los cabildos y ayuntamientos de las Islas del ejercicio 2016 donde se desmenuzan los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales canarias y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. En este análisis eleva a 6.123 el número de expedientes aprobados por ayuntamientos y cabildos a pesar de las objeciones de la Intervención y eleva a 442,3 millones de euros la cuantía que se gastó en estos expedientes.

Uno de los detalles en el que entra el Tribunal de Cuentas es que son los cabildos insulares los que tienen más gastos vinculados a estos procedimientos, mientras que los ayuntamientos tienen mayor volumen de expedientes con reparos pero de menor cuantía. De esta forma, en este ejercicio los cabildos aprobaron 1.109 acuerdos con reparos por un valor de 311 millones de euros, mientras que los ayuntamientos dieron su visto bueno a 5.009 expedientes con objeciones por un montante de 124 millones.

El retraso que acumula la fiscalización de las cuentas de las entidades locales lo demuestra el hecho de que el pasado mes de enero compareció en el Parlamento canario el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, para informar de los expedientes con reparos aprobados por los cabildos insulares de los años 2014 y 2015. Los informes del Tribunal de Cuentas se nutren de la información que le facilitan los distintos órganos auditores de las comunidades autónomas, entre ellos la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Pacheco informó que las corporaciones insulares tramitaron en 2014 y 2015 en conjunto 2.477 expedientes sin tener en cuenta los reparos de la Intervención, lo que de forma global supuso un importe de más de 388 millones de euros.

Los partidos políticos que han tenido responsabilidad de gobierno en las administraciones locales mantienen que el levantamiento de reparos no es siempre ilegal ni irregular porque hay supuestos que están contemplados en la legislación. En algunos casos se trata de expedientes sociales, prórroga de contratos hasta que se adjudiquen de nuevo o de obras de emergencia o interés público que requieren agilidad y que los trámites administrativo ralentizan.

Las corporaciones locales canarias utilizan con profusión tanto la contratación como los convenios para el desarrollo de sus prestaciones y servicios a la ciudadanía. Sin embargo, no son tan ágiles a la hora de remitir los mismos en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas. La ley estipula una serie de plazos para que este tipo de expedientes y sus gastos correspondientes sean fiscalizados en plazo por los órganos auditores de cada comunidad autónoma y, con posterioridad, sean dirigidos al órgano central. Según el último informe, Canarias es la comunidad con mayor número de convenios comunicados pero sin enviar el expediente.

El Tribunal de Cuentas recoge que fueron 2.120 millones de euros el total de fondos que se gastaron las corporaciones locales de todo el país con reparos de los interventores en un total de 45.391 acuerdos.

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