Anticorrupción concentra desde 2019 sus denuncias en los casos de Clavijo

La fiscal se ha entregado con persistencia, esmero y celo a un trabajo pertinaz desde 2019 para tratar de demostrar la conducta delictiva de Clavijo por prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Las peores imputaciones para quien aspire a la gestión pública. El Tribunal Supremo ha tumbado sin embargo todas las diligencias, investigaciones y conclusiones que con tanto esmero y ganas le puso Farnés al caso grúas. No hay caso. Ni se ha celebrado juicio. Para el presidente de la sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y para los otros cuatro compañeros de sala, no ha sido preciso ni citar a declarar a Clavijo. Carpetazo total.

Anticorrupción se niega a facilitar datos territoriales sobre los asuntos que indaga y las denuncias presentadas. Sin embargo, para un cuerpo tan especializado del Ministerio Público dedicado a la lucha contra la corrupción, la difusión y publicidad de sus actuaciones es relevante para justificar la existencia del mismo, desacreditar a quienes lo acusan de actuar con intereses políticos, mantener la vigilancia ante posibles comportamientos corruptos y ser garante ante la opinión pública del cumplimiento de la legalidad. Desde 2019 no se conoce, sin embargo, ningún asunto que haya suscitado una denuncia de Anticorrupción en los tribunales de Santa Cruz de Tenerife ajeno a los casos del expresidente del Gobierno. Solo los vinculados a Clavijo. Asuntos que la fiscal Farnés asume con entusiasmo tras llevárselos el ahora concejal de Avante en La Laguna, Santiago Pérez. Ahora Farnés, tras la bofetada del Supremo, vuelve a la carga con el caso reparos, que replica el modelo del caso grúas, otra vez de la mano de Santiago Pérez.

Todo comenzó en marzo de 2019, cuando la Fiscalía que dirige María Farnés se hace cargo del caso grúas, un procedimiento que ya llevaba dos años de tramitación sin que en su paso por el juzgado de instrucción número 2 de La Laguna, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le hubiera prestado atención. Atención que sí prestó en cambio a tres meses de las autonómicas del 26 de mayo de 2019, en las que Clavijo se presenta como candidato a la reelección a la Presidencia de Canarias. La Fiscalía General del Estado, de la que depende Anticorrupción, pide que Farnés se encargue del asunto. El caso en apariencia es menor. Lo que se dilucida es una cuantía de 120.000 euros en una cuestión fronteriza entre lo contencioso-administrativo y lo penal. Nada que ver con grandes tramas de financiación o pelotazos urbanísticos de decenas de millones de euros.

Una irrupción sorprendente

La irrupción de Anticorrupción -que depende del Fiscal General del Estado, cargo que nombra el Gobierno- es sorprendente. El asunto de las grúas de La Laguna era un caso sin la menor enjundia en comparación con los que investiga esta unidad especial. La Fiscalía Anticorrupción se creó en 1995 por el Gobierno de Felipe González para investigar los procesos de especial trascendencia relacionados con delitos económicos. De ahí que fuera la propia María Farnés la que se encargase de la acusación del caso Las Teresitas. Farnés pasa de un procedimiento que condenó a una compleja trama político-empresarial, cuya actuación ilegal conllevó la pérdida para el Ayuntamiento de Santa Cruz de unos 100 millones de euros, a otro que se centraba en un crédito de 120.000 euros, que había sido devuelto además en tiempo y forma -y con intereses- al Ayuntamiento de La Laguna cuando Clavijo era alcalde. Es el préstamo que el Consistorio lagunero concedió en 2014, con el aval de la Junta de Gobierno y el Pleno Municipal, a Autogrúas Poli para salvar el servicio de recogida de vehículos contratado a la empresa.

No fue el único motivo por el que la irrupción de Farnés en el caso grúas provocó estupefacción. También por el hecho de que lo hiciera apenas tres meses antes de unas elecciones a las que se presentaba el principal investigado, dos años después de la apertura del procedimiento y una vez que una jueza y hasta dos fiscales avalaran el archivo de la causa al no ver ningún indicio de delito en la actuación de Fernando Clavijo.

El 15 de junio de 2017, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, archiva la denuncia que habían presentado meses antes los partidos de la oposición en el Ayuntamiento lagunero Unid@s Podemos y Por Tenerife. El 27 de julio, el fiscal de la Audiencia Provincial Santiago Sánchez apoya el sobreseimiento al entender que "los fundamentos expuestos por la juzgadora son plenamente ajustados a derecho". Y en septiembre de 2018, durante el ir y venir insólito del caso grúas por diferentes órganos judiciales después de que fuera reabierto por orden de la Audiencia Provincial, el teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, eleva otro escrito al fiscal jefe, Vicente Garrido, en el que también se descarta que Clavijo cometiera irregularidades. Este último informe nunca se adjuntó a la causa, en una de las numerosas decisiones polémicas de este enrevesado proceso, cuya accidentada tramitación provocó un enorme perjuicio en el derecho a la defensa de Fernando Clavijo.

Sin embargo, Anticorrupción, un órgano independiente del resto de fiscalías canarias y bajo las órdenes directas de Madrid, no solo toma el mando de la acusación en marzo de 2019, sino que unos meses después, en noviembre, pide ampliar los cargos contra Clavijo. Farnés eleva un informe, ya cuando el caso estaba en manos del Tribunal Supremo por el aforamiento de Clavijo en su condición de senador, en el que pide imputarle más cargos en relación con el delito de prevaricación, al considerar que existen indicios para concluir que los cometió de manera continuada.

La fiscal Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación continuada al sumar al otorgamiento de ese préstamo -devuelto en tiempo y forma- otros hechos con "aparente significación delictiva": la dejación de funciones frente a incumplimientos del pliego de condiciones, la prórroga de la concesión a una empresa que acumulaba una cuantiosa deuda con Hacienda y la Seguridad Social y la compra de las participaciones de la sociedad por parte de un grupo de trabajadores con los que Clavijo mantenía presuntamente vínculos personales.

El pasado lunes, los contundentes argumentos de Farnés contra Clavijo se desmoronan uno por uno. El Tribunal Supremo, en el auto que archiva el caso grúas -no es una sentencia que lo declara inocente; es un auto que señala que no hay ninguna razón para investigarlo-, rechaza todas las conclusiones de Anticorrupción e incluso deja entrever que nunca debió llegar al ámbito penal. En una decisión adoptada por cuatro magistrados de la Sala II -Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro y Susana Polo- y como ponente Manuel Marchena, el presidente considera que los hechos descritos no permiten la exigencia de responsabilidad criminal del entonces alcalde Fernando Clavijo.

El auto recuerda que en el expediente constaba un dictamen encargado a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, en el que, "sin margen para la duda, se reconoce la cobertura jurídica del préstamo para restablecer el normal funcionamiento del servicio". Y por lo que afecta a las garantías que deben asegurar la restitución de ese préstamo, el propio dictamen señalaba que la fianza inicialmente prestada -en 2003- para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la concesión, podía servir de garantía de devolución. La Sala añade que "para el caso en que la falta de cobertura jurídica y consiguiente carácter injusto de ese préstamo pudiera llegar a afirmarse, tendríamos que descartar el tipo subjetivo". "Los términos del informe de reparo suscrito por la intervención municipal y, de forma inequívoca, el dictamen incorporado al expediente y firmado por los catedráticos de derecho, nos llevan a excluir la responsabilidad penal que se atribuye al aforado".

Solo 24 horas después

Sin embargo, apenas 24 horas después, otro informe de la Fiscalía Anticorrupción sirve a los mismos denunciantes del caso grúas para cargar contra Clavijo. Esta vez se trata del caso reparos, denunciado también por Santiago Pérez. El escrito de Farnés era del pasado marzo pero sale a relucir precisamente cuando solo había pasado un día de la comunicación del archivo del caso grúas. En este nuevo frente judicial contra Clavijo, Anticorrupción observa indicios de "prevaricación continuada" en su gestión como alcalde por las presuntas ilegalidades en las contrataciones realizadas por el Consistorio, a pesar de las advertencias de la Intervención, cuyos reparos fueron levantados por el equipo de gobierno. De nuevo los mismos nombres y de nuevo la misma irrupción de Anticorrupción sobre un asunto: los reparos, de los que se levantan a diario decenas en los municipios canarios.

Que un alcalde levante reparos no supone por sí solo ni una irregularidad ni mucho menos un delito. La misma jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) expone que el hecho de que el responsable de un ayuntamiento tome una decisión contraria a los avisos del interventor, que es el fundamento de las nuevas acusaciones contra Fernando Clavijo en el caso reparos, de entrada solo significa que se ha producido una discrepancia. Y esta discrepancia "no puede interpretarse, siempre y en todo caso, como la estratégica cobertura para una actuación delictiva", según fija el TS. Para Farnés, sin embargo, urge la apertura de una pieza separada relativa a la participación de Clavijo en este proceso judicial debido a su aforamiento como senador.