La Consejería de Educación del Gobierno canario y las dos universidades públicas del Archipiélago han acordado poner en marcha medidas compensatorias a los alumnos que se hayan visto alcanzados por las consecuencias de la crisis originada por la epidemia de Covid-19. En respuesta a una pregunta formulada por el diputado de CC-PNC Jesús Machín, el consejero del área, José Antonio Valbuena, dijo ayer en el Parlamento que el Ejecutivo propondrá a la comisión de selección de becas autonómicas que los universitarios a los que los efectos de la pandemia han impedido satisfacer los requisitos académicos no tengan que devolver las ayudas.
Entre las medidas que han tomado Educación y las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria también figura a la exoneración del pago del último plazo de matrícula del curso actual -que habitualmente se fracciona en seis- a los estudiantes que "no puedan afrontarlo". Valbuena -que ocupa el cargo de forma provisional tras la dimisión de su antecesora, María José Guerra- avanzó, asimismo, que no correrán las convocatorias no superadas y que tampoco se aplicará un sobrecoste a las segundas y sucesivas matrículas, que en circunstancias normales son más caras que la primera.
En cuanto a las becas del curso 2020-21, el Ejecutivo y las instituciones de enseñanza superior entienden que "los parámetros económicos no pueden circunscribirse a 2019", año al que corresponde la declaración de la renta con la que los solicitantes deben justificar la situación económica de sus familias. Al mismo tiempo, Educación y las universidades abogan por una "flexibilización de los criterios académicos" que facilite el acceso de los estudiantes a las ayudas.
Además de adoptar estas medidas en el ámbito autonómico, el Gobierno de Canarias se dirigirá al Ejecutivo central para pedirle que ponga en funcionamiento iniciativas "similares" que permitan que "a ningún alumno la situación económica pueda suponerle un sobrecoste" a la hora de afrontar sus estudios universitarios, indicó el consejero.
Muchas de las medidas anunciadas por Valbuena -exoneración de la devolución de becas, bonificación de la segunda y sucesivas matrículas y mayor ponderación de los requisitos económicos para las ayudas al estudio del próximo curso- habían sido sugeridas por Coalición Canaria a la anterior titular del área, pero María José Guerra "pasó totalmente", aseguró el diputado de la formación nacionalista. Aunque celebró que finalmente se haya actuado, Machín lamentó que la Consejería se haya "olvidado de las islas no capitalinas". El parlamentario de CC-PNC recordó que las ayudas para el desplazamiento de alumnos universitarios de esos territorios a Tenerife y Gran Canaria se aprobaron en la legislatura pasada, pero que en la actual "no se han convocado y nunca llegaron". "María José Guerra recortó 300.000 euros a esa partida", afirmó Jesús Machín. Ahora, y dado que en las actuales circunstancias "no tienen sentido", el diputado opositor propuso destinar este importe a ayudas para el alquiler de las familias de esos estudiantes.
Caída de actividad
Valbuena se refirió también, en otro momento de la sesión plenaria, a la situación que viven las empresas del transporte escolar, algunas de las cuales -alertó la diputada de Nueva Canarias Esther González- "corren el riesgo de quedarse en el camino". El consejero dijo que esta semana se terminará de ingresar a las firmas del sector las cantidades correspondientes al periodo anterior al 13 de marzo, mientras que las dirigidas a compensar la caída de actividad que se ha producido después se pagarán a partir de la próxima semana, una vez las empresas cumplimenten las correspondientes declaraciones responsables.
