La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha pedido al Diputado del Común, Rafael Yanes, que investigue si a consecuencia de la pandemia de Covid-19 se han vulnerado los derechos de los residentes en centros de mayores y si hay indicios de infracciones o delitos.

La solicitud ha sido registrada en un escrito presentado el 8 de junio en el que la Asociación expresa al Diputado del Común su preocupación por una serie de hechos, evidenciados durante la pandemia, en relación a la situación de los ancianos acogidos en las residencias de mayores y con discapacidad en Canarias.

Esta preocupación la extienden a la atención que reciben las que viven en sus domicilios y presentan dependencia, ya sea por situación de discapacidad o por precariedad económica, indica en el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

La Asociación es consciente de que en Canarias la pandemia ha tenido menos casos de contagio que en el conjunto del Estado y que su repercusión y consecuencias letales en residencias no han sido tan elevadas como en otras comunidades, pero afirma que han existido los suficientes casos para revisar actuaciones que guíen en la búsqueda de soluciones, sobre todo si surgen rebrotes, como advierte la comunidad científica.

Por ello considera recomendable que desde la Diputación del Común solicite y se haga público las instrucciones o protocolos que se dieron en Canarias a las distintas residencias pues hubo traslados de enfermos de los centros residenciales a los hospitales, pero se desconoce "si fue por instrucciones o protocolos existentes previamente o, sencillamente, se realizó a través de la improvisación".

La Asociación se pregunta cuál es la razón por la que la mayoría, por no decir, la casi totalidad de casos se ha producido en la isla de Tenerife?, con 17 de los 18 mayores fallecidos en residencias, y pide al Diputado del Común que investigue los datos por centros y si hay despidos o amenazas a los trabajadores que denuncian malas condiciones laborales o de las personas residentes.

Si por el fruto de sus investigaciones el Diputado del Común tuviese conocimiento de hechos presuntamente delictivos, la Asociación pide que los traslade al Fiscal General del Estado o, en este caso, a la Fiscalía correspondiente de la Comunidad Autónoma de Canarias.