El Gobierno regional pretende ampliar la cuantía del ingreso canario de emergencia (ICE) destinando el presupuesto sobrante de esta medida, dirigida a aliviar la situación de las familias cuya economía ha sido más castigada por la crisis del coronavirus, a un segundo pago que complemente la ayuda hasta alcanzar el 100% de la prestación canaria de inserción (PCI). Esta iniciativa fue anunciada ayer en el Pleno del Parlamento por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que de esta manera intenta garantizar que se gaste toda la partida asignada al ICE, que asciende a 16 millones de euros.

El cambio supondrá que los beneficiarios reciban un segundo pago que, en el caso de los que viven solos, será de 123 euros. Para las unidades de convivencia formadas por dos personas este ingreso complementario será de 138; para las de tres, de 142; y para las constituidas por cuatro personas o más el segundo pago ascenderá a 159 euros.

La sesión de la Cámara, calificada de "histórica" por su presidente, Gustavo Matos, se desarrolló en unas condiciones inusuales. Para mantener la distancia social, una parte de los diputados ocupó sus escaños en el hemiciclo y otros siguieron la sesión desde otra dependencia del Parlamento -la sala Europa-, mientras que el resto participó por videoconferencia desde sus casas. En "tiempo récord", destacó Matos, se han habilitado los medios tecnológicos que hacen posible estas medidas, a las que una reciente modificación del reglamento ha dado cobertura legal.

La consejera de Derechos Sociales defendió, durante la sesión plenaria, la convalidación del decreto ley de medidas urgentes contra los efectos de la crisis, que incluye, precisamente, iniciativas como el ingreso canario de emergencia. Esta normativa es, en rigor, un segundo decreto, dado que el primero, ya convalidado -y recibido por parte de la oposición como "una chapuza legislativa"-, recibió observaciones del Consejo Consultivo que aconsejaron su modificación. Ahora será tramitado como proyecto de ley y será en esa tramitación, indicó Santana, cuando se promuevan modificaciones que puedan elevar la cuantía de esta prestación.

En una comparecencia posterior, la consejera detalló que su departamento ha recibido más de 30.000 solicitudes para percibir el ICE, de las que se han resuelto hasta ahora alrededor de 5.600, un 19% del total. Ante las críticas de los grupos de la oposición sobre el retraso en el abono de la ayuda, Santana garantizó que "el 100% va a llegar antes del 26 de junio", fecha en la que está previsto el pago del ingreso mínimo vital del Estado.

Por su parte, la diputada de CC-PNC Cristina Valido, solicitante de la comparecencia de Santana, recriminó que el cierre del plazo de presentación de solicitudes se produjera el 27 de abril, "con mucha gente incorporándose al paro" y una situación económica que no dejaba de deteriorarse. Valido advirtió de que hay personas que "no tienen para comprar comida" que no cumplen los requisitos para ser beneficiarios del ICE.

"No puede ser que la ayuda de los ayuntamientos y las ONG haya llegado a 200.000 personas y la del Gobierno de Canarias solo a 1.600", lamentó la diputada nacionalista, para quien el sistema para solicitar el ingreso de emergencia ha sido "discriminatorio", puesto que ha dejado fuera a las familias sin recursos digitales, a lo que la consejera repuso que, para prevenir esa "brecha", la tramitación también se ha realizado por teléfono.