El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves ampliar hasta el mes de junio las medidas de exoneración del pago del alquiler de las viviendas sociales de titularidad pública, lo que beneficiará a 17.253 familias del archipiélago y supondrá un gasto de 600.000 euros.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, a los adjudicatarios de viviendas protegidas (VPO) no se les cobra la mensualidad desde el pasado 1 de abril.

Con la ampliación de la exoneración en el pago se trata de apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población afectados en sus ingresos por la crisis sanitaria causada por el coronavirus, señala la nota.

El Gobierno ha considerado en su reunión que aún no se dan las condiciones para una plena recuperación económica, al mantenerse el estado de alarma, la limitación de movimientos y las restricciones a determinadas actividades a causa del obligatorio distanciamiento social.

La nota recuerda que esta exención del pago del alquiler mensual forma parte del decreto-ley de Medidas Extraordinarias de carácter social aprobado por el Gobierno canario el pasado mes de abril para hacer frente a las consecuencias económicas a las que se enfrenta gran parte de la ciudadanía de las islas, al perder o ver reducido sus ingresos como consecuencia de la paralización económica que han sufrido muchos sectores a causa de la crisis sanitaria.

Se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, que son un total de 4.528 viviendas.

Los beneficiaron de esta ayuda no tienen que hacer gestión alguna, recuerda la nota, que añade que la medida adoptada por el Gobierno canario impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.