Nuevo frente abierto para el Gobierno central en materia de política territorial. Ha sido a cuenta del recién creado ingreso mínimo vital (IMV) y sobre el ámbito administrativo a quien compete gestionarlo. La posibilidad, contemplada en el decreto publicado el lunes en el BOE, de que dicha gestión recaiga en el Estado salvo para los casos del País Vasco y Navarra, ha vuelto a levantar una oleada de protestas entre buena parte del resto de comunidades autónomas. Aunque el decreto señala que a partir del 2021 se podría empezar a transferir esa gestión a las demás administraciones regionales, lo cierto es que el hecho de que, nuevamente, algunos territorios representados políticamente por partidos nacionalistas obtengan 'privilegios' o concesiones como contrapartidas por su apoyo político al Gobierno vuelve a provocar malestar en el resto de territorios y entre algunos dirigentes regionales de los partidos estatales.
Es lo que ha ocurrido esta vez con los presidentes autonómicos del PP y algunos de los del PSOE tras conocer la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de implantar un ingreso que garantice una renta básica para personas y familias en riesgo de pobreza. Las comunidades de Galicia, Andalucía, Castilla-León, las tres gobernadas por el PP, denuncian lo que consideran "discriminación" y reclaman la gestión de este nuevo fondo social. También lo han hecho dos regiones gobernadas por los socialistas, Comunidad Valenciana y Aragón, así como Cantabria, y Cataluña.
Los presidentes autonómicos de estas regiones no se conforman con el hecho de que el decreto establezca esa posibilidad a partir año próximo. Por el contrario, parecen darle más importancia a la confirmación, por parte del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de que sólo Navarra y País Vasco están en condiciones de llevar esta gestión de forma eficiente. "Para el resto de autonomías, se abre la posibilidad a un arreglo posterior, porque en estos momentos hemos priorizado ser lo más eficaces posibles y algunas autonomías no han demostrado serlo con prestaciones similares", señaló el ministro el lunes.
Canarias se ha desmarcado de momento de este nuevo pleito territorial. No renuncia a obtener esa competencia, pero no en estos momentos, ni en las actuales circunstancias. Reconoce, junto al Gobierno central, que no existe aún la infraestructura administrativa ni la dinámica para hacerse cargo de este nuevo pilar del estado del bienestar, y prefiere dar pasos previos que son importantes para que el objetivo final, ayudar a las personas y a las familias en riesgo de pobreza extrema, reciban la prestación. La máxima de la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud es que "lo importante no es qué administración lo vaya a gestionar, sino que llegue de la forma más ágil a los beneficiarios", según Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales.
Martínez admite que el País Vasco y Navarra "son comunidades que tienen mucha más experiencia en esto" y que en ambos casos vienen desarrollando este tipo de prestación "con éxito desde hace muchos años".
Reforma en el País Vasco
Recuerda que en Euskadi se está precisamente reformando en estos momentos para mejorarlo, mientras que en Canarias la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) "siempre ha tenido problemas en cuanto a su diseño y eficacia", con una cobertura de apenas 7.000 beneficiarios. "Con estas mimbres, plantear quedarnos con el IMV en una primera etapa no sería factible". "Hacer llegar a 49.000 familias en Canarias la nueva prestación de forma ágil y efectiva sólo puede hacerlo el Estado, al menos durante un periodo transitorio para, poco a poco, ver si lo podemos incluir en nuestra futura Renta Canaria de Ciudadanía", afirma la viceconsejera en referencia a la nueva figura de protección que prepara la Consejería.
La viceconsejera señala que "durante este periodo transitorio habrá que culminar el diseño de la nueva RCC, y cuando nos dotemos de personal y de unos gestores de expedientes ágiles, que ahora mismo no lo tenemos, podríamos solicitarle al Estado la gestión". "Ahora hay muy poca gente. Ese ha sido siempre nuestro caballo de batalla desde que llegamos a esta consejería".
Acuerdos políticos
Las dificultades del Ejecutivo central para sacar adelante las sucesivas prórrogas del estado de alarma con el que se ha gestionado la emergencia sanitaria y la desescalada, le ha obligado a pactar en el Congreso los apoyos necesarios a cambio de determinadas medidas que, en algunos casos, sólo tiene una aplicación en algunos territorios. La gestión del IMV por parte de las dos comunidades forales ha sido fruto del acuerdo político entre el Gobierno y el PNV para que los seis diputados del este partido apoyen la sexta, y última, prórroga del estado de alarma.
Para muchas fuerzas políticas y otros territorios del Estado, este acuerdo supone un nuevo privilegio para esas dos comunidades, que ya se vieron beneficiadas quince días antes por el pacto entre el PSOE y Bildu, a cambio de su abstención en el Congreso para la quinta prórroga, para que las administraciones vascas y navarras puedan usar el superávit, y que ambas comunidades autónomas puedan endeudarse al margen de la actual norma estatal de estabilidad presupuestaria. La puesta en marcha de la renta vital vuelve a poner de manifiesto tanto la eterna pugna por la gestión de competencias y de fondos públicos, y el habitual recelo entre las autonomías por las posibles ventajas de unas sobre otras.
