El Gobierno del Estado retira a Canarias el mando de coordinación de recursos para controlar la inmigración clandestina por vía marítima y unifica en un único general de división, Juan Luis Pérez Martín, las competencias del control de medios sobre este fenómeno en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y aguas adyacentes y Canarias, que tendrán su base en Andalucía. Con esta medida, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se descabeza el Centro Coordinador Regional de Canarias (CCRC), al frente del cual estaba hasta ayer el general Juan Miguel Arribas, jefe de Zona de Guardia Civil en el Archipiélago. El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca centralizar todos los esfuerzos para intervenir en materia migratoria en un único mando y obtener así mayor eficacia, equiparar los procedimientos en todas las áreas de actuación y mejorar la coordinación.
El BOE publicó ayer el nombramiento del teniente general Pablo Salas como director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, mientras que el teniente general Félix Blázquez asciende a jefe del Mando de Operaciones del cuerpo. Blázquez ejercía hasta ahora como autoridad de coordinación contra la inmigración clandestina por mar en el Estrecho, Mar de Alborán y aguas adyacentes. El Gobierno central considera que ha habido hubo muchos éxitos en esta materia en el Sur de la Península en los últimos años y por ese motivo el control de Canarias también se centralizará a partir de ahora desde la Península con Juan Luis Pérez Martín.
Esta reorganización de las acciones en materia migratoria se produce ante un evidente repunte del fenómeno en el Archipiélago, que se empezó a apreciar el pasado año de forma clara y que en este ejercicio se ha confirmado en base a las estadísticas de llegada de ciudadanos magrebíes y subsaharianos procedentes de la costa Noroccidental de África.
Si en todo el 2019 arribaron 2.644 migrantes a Canarias, en los cinco primeros meses del 2020 esa cifra ya es de 2.493. De hecho, la declaración del estado de alarma por el riesgo de expansión de la pandemia del Covid-19 tampoco ha frenado la salida de pateras o cayucos hacia las Islas. La retirada de las competencias al general jefe de Zona de Canarias de la Guardia Civil se produce días después de que el teniente general Laurentino Ceña presentara su renuncia como número dos del cuerpo de seguridad tras la destitución del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, supuestamente por no dar información a autoridades políticas sobre la investigación desarrollada por sus subordinados de la Policía Judicial sobre la manifestación celebrada en la capital española el 8 de marzo. Blázquez releva como número tres de la Guardia Civil al teniente general Fernando Santafé, que también fue cesado por el ministro del Interior.
La creación del Centro Coordinador Regional de Canarias de la inmigración clandestina se aprobó en Consejo de Ministros el 6 de octubre de 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a propuesta de la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. En los primeros años, este órgano fue asignado a un general de división destinado en Madrid, hasta que, por orden del Ministerio del Interior de 18 de mayo de 2009, se nombró para ese cargo al general jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil. Desde ese entonces, cuando dicha plaza la ocupaba el general Juan Sánchez Medina, se compatibilizaron ambos cargos, hasta el pasado domingo.
La implantación del CCRC se produjo en plena crisis de los cayucos, en 2006, cuando cerca de 32.000 personas de origen subsahariano y magrebí llegaron al Archipiélago en embarcaciones precarias, como pateras y cayucos procedentes, de manera principal, de Mauritania y Senegal. El objetivo de dicho organismo era el control con medios aéreos, marítimos y terrestres de la llegada de dichos barcos con inmigrantes en situación irregular, intentar disuadirlos de llegar hasta Europa y tratar de frenarlos en sus países de origen, detectar su aproximación a las respectivas islas y gestionar su asistencia humanitaria. Desde la puesta en marcha del CCRC hubo un progresivo descenso en la llegada de migrantes en situación irregular por vía marítima, que coincidió con la grave crisis económica internacional, que afectó de manera significativa a España.
El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en la provincia de Las Palmas, Juan Couce, califica la decisión del ministro Marlaska de retirar las competencias en inmigración al general Arribas como "acertada". "De hecho, cuando se creó, el Centro Coordinador Regional de Canarias dependía de forma directa de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, con sede en Madrid", aclara Couce. A su juicio, "al volver a unificar todas las unidades" contra la inmigración clandestina por vía marítima, "confiamos en que haya más beneficios para Canarias". José Cobo, portavoz de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), indica que "los servicios en las Islas se van a prestar igual, no se llevan nada"; es decir, que se trata de una medida de carácter "organizativo" y una designación política.
