Los ayuntamientos canarios tienen una "tarea pendiente" que la Diputación del Común ha instado a aprobar lo antes posible. El informe anual, referido a 2019, de la institución encargada de defender los derechos y libertades de los ciudadanos y supervisar la actuación de las administraciones públicas constata que continúan en ascenso las quejas presentadas contra las corporaciones locales por "no dar respuesta a las denuncias presentadas contra la ejecución de obras presuntamente ilegales". Entre estas obras, señala el defensor del pueblo canario, las hay realizadas "en propiedades privadas y denunciadas entre particulares", pero también otras, "notorias y flagrantes", que "afectan a una generalidad de la población", lo que hace "aún más inexplicable la inactividad de la administración".

El titular de la Diputación, Rafael Yanes, entregó hace unos días al presidente del Parlamento regional, Gustavo Matos, el informe con el que el órgano rinde cuentas de su actividad durante el pasado ejercicio. En el área de Política Territorial -que corresponde a uno de los adjuntos a Yanes, Felipe Afonso El-Jaber-, destacan las quejas de los ciudadanos por la pasividad de las administraciones municipales, materializada en la "inactividad o retraso" en la labor de inspección y de incoación y resolución de expedientes administrativos sancionadores. Esta actitud, advierte el documento, "genera un descontento en la ciudadanía y una falta de confianza en dichas instituciones, al comprobar que prescriben muchas de las infracciones urbanísticas denunciadas".

La falta de agilidad o la inhibición administrativa se plasma también en otras actuaciones en materia territorial, como la resolución de los expedientes catastrales, sean de altas, bajas o modificación de datos. Esta demora "trae aparejadas consecuencias negativas para los interesados", que deben seguir haciendo frente a los tributos e impuestos liquidados por sus inmuebles, cuando en algunos casos ya no son de su propiedad o se han producido variaciones catastrales, aún no registradas, que podrían beneficiarles fiscalmente.

La Diputación del Común afea la conducta de "algunas corporaciones locales" que han convertido en "práctica habitual" el no contestar a las solicitudes de licencias o certificados urbanísticos. Los consistorios que incurren en estos comportamientos se amparan en el silencio administrativo negativo, que surte sus efectos en el caso de procedimientos de esta naturaleza, pero obvian que la ley obliga, en todos los casos, a dictar resolución expresa y notificarla.

"Son muchas las administraciones que justifican los retrasos en la falta de recursos humanos cualificados que puedan ser destinados a tal fin", apunta la institución en su informe anual. Sea como sea, el problema se mantiene "año tras año" sin que las corporaciones afectadas le pongan solución. Otro de los factores que influye en esta inactividad, reconoce el defensor del pueblo autonómico, es, en algunos casos, que existen "inconvenientes en el fondo del asunto", básicamente planes generales de ordenación que no han sido aprobados o bien anulados o derogados parcialmente por resoluciones judiciales. Esto "conlleva un estancamiento de la corporación local a la hora de dictar resoluciones que afecten o guarden relación con dichos planes", puntualiza la Diputación.

Pese a su llamada de atención a las administraciones, el órgano del que es titular Yanes destaca que "una gran mayoría" de ellas responde de manera positiva cuando intercede el Diputado del Común, pese a que este carece de potestades coercitivas o sancionadoras, agilizando la tramitación de sus expedientes administrativos, resolviéndolos y, "lo más importante, solucionando los problemas planteados por los ciudadanos y ciudadanas". Un ejemplo de esta actitud colaborativa es la Gerencia Regional del Catastro de Canarias. Este organismo, que depende de la Administración del Estado y, por tanto, queda fuera de las competencias de la Diputación, "colabora activamente, dando respuesta a las solicitudes de informes y resolviendo los expedientes en menor espacio de tiempo".

Necesidad de viviendas

Otro capítulo en el que se ha producido un crecimiento considerable de las quejas tramitadas es el de vivienda. Han sido 141 los expedientes abiertos en 2019, frente a los 97 del año anterior, a los que se suman los que continúan de ejercicios precedentes. "Esto es debido, principalmente, al aumento de las quejas relacionadas con los desahucios de viviendas y lanzamientos judiciales y, en segundo lugar, a la necesidad de vivienda de los ciudadanos y la escasez de vivienda pública que permita cubrir esta demanda", explica el comisionado en el informe entregado al Parlamento.

Las quejas sobre desahucios y lanzamientos judiciales, en concreto, se han incrementado más del doble -un 155%-. La Diputación del Común advierte de que, en estas situaciones, "una adecuada orientación a aquellas personas que se encuentran inmersas en procedimientos por desahucios es fundamental para que puedan ejercitar los derechos que les asisten y evitar situaciones de exclusión social". La institución asegura que ha "intensificado la intermediación" con las administraciones competentes en materia de vivienda y prestación de servicios sociales, lo que "ha permitido una respuesta más inmediata para la búsqueda de una solución habitacional". En este sentido, defiende que la "comunicación directa y continua" con los responsables autonómicos y municipales y con los equipos técnicos del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y los distintos ayuntamientos ha permitido "la resolución de muchos casos de forma favorable para el ciudadano".

En cuanto al problema de la escasez de vivienda pública, el Diputado sigue atendiendo los casos de ciudadanos que son solicitantes de uno de estos inmuebles desde hace más de una década sin haber podido todavía acceder a ellos. "El aumento del número de quejas relacionadas con esta cuestión, un 45,45% con respecto al año anterior, es un indicador claro de la necesidad de implementar las medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda digna dirigido a los sectores de la población menos favorecidos económicamente", expone el órgano en su informe.

La tarea de supervisión desarrollada por la Diputación del Común le ha permitido comprobar, "un año más", que la alternativa de adjudicar viviendas protegidas de promoción pública que van quedando vacantes para atender las "situaciones de excepcionalidad" que se producen no da el resultado deseado , puesto que la cantidad de estos inmuebles disponibles "continúa siendo insuficiente".

El comisionado del Parlamento sigue recibiendo peticiones de intervención relacionadas con la falta de respuesta a las solicitudes de ayudas al alquiler, tanto para la población en general como las específicamente dirigidas a los jóvenes. Destaca, en este aspecto, la investigación de oficio realizada a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ante las quejas generadas tras la publicación de las ayudas al alquiler de 2018, motivadas por las "largas esperas para solicitar información o presentar la documentación requerida", el "reducido" plazo de la convocatoria y la aplicación del horario de verano para atender a los interesados, todo ello pese a que el plazo de prórroga se amplió de cinco a veinte días hábiles. En el momento de informar al Parlamento autonómico, la queja se encontraba en investigación y la Diputación no había recibido, "a pesar de las reiteraciones", ningún informe del departamento del Ejecutivo.