Unos 23,4 millones de euros. Y subiendo. Esa es la suma que hasta el momento ha tenido que desembolsar la Administración autonómica en suministros y servicios para combatir, prevenir y paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. El Gobierno regional y sus entidades dependientes, con el Servicio Canario de la Salud (SCS) en primer lugar, habían adjudicado hasta el viernes un total de 112 contratos relacionados directa o indirectamente con la lucha contra la Covid-19. El gasto en mascarillas, guantes, respiradores, kits de diagnóstico, geles hidroalcohólicos, zafarranchos de limpieza y desinfección, mamparas de protección o, por ejemplo, equipos informáticos para el teletrabajo más que duplica el presupuesto anual para desarrollo sostenible (9,2 millones) y supera lo destinado para promoción económica (20,8 millones).

Los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda en la Plataforma de Contratación del Sector Público muestran hasta qué punto los Gobiernos, tanto el central como los autonómicos, se han visto obligados a echar mano de la contratación de emergencia y del negociado sin publicidad (la fórmula mediante la que la Administración negocia la mejor oferta con una o varias empresas) para agilizar la adquisición de material sanitario y la prestación de determinados servicios. En un mercado de guerra, en el que instituciones y entidades de medio mundo se apresuraban para dotar sus hospitales e instalaciones del material y los medios necesarios contra el coronavirus, el Ejecutivo canario también ha tenido que pelearse para que los suministros lleguen a tiempo. Y, paradójicamente, el principal aliado de la Comunidad Autónoma para la llegada de materiales básicos, como las mascarillas, no ha sido una empresa sanitaria, sino una hasta ahora dedicada a la electrónica, la sociedad limitada InnJoo Technology.

InnJoo no dispone de instalaciones propias en España y nació en 2017, con otra denominación, para actividades relacionadas con los electrodomésticos y las telecomunicaciones. Sin embargo, la firma consiguió los permisos necesarios y ha sabido hacer de la necesidad virtud, tanto que no solo es proveedor del SCS, sino también del Gobierno estatal. El único traspiés en las Islas fue el de una partida de 38.000 mascarillas defectuosas, si bien la empresa reintegró los 106.000 euros que costaron. De momento, InnJoo ha resultado adjudicataria de ocho contratos por un montante de 8,9 millones de euros para el suministro de mascarillas, kits de diagnóstico, batas impermeables, guantes y caretas de protección.

Al margen de los adjudicados a los empresarios chinos de InnJoo, otros cuatro contratos millonarios se concedieron a Palex Medical (dos por un total de 3,45 millones para la compra de batas impermeables), a Damco Trading Services (de 1,33 millones para la adquisición de test de diagnóstico rápido de la Covid-19) y a NATH 2004, uno más por 1,19 millones para el suministro de mascarillas. Y ello sin olvidar que en geles y soluciones hidroalcohólicas se han invertido casi 1,7 millones de euros.

Además, el gasto a consecuencia del coronavirus va más allá de lo estrictamente sanitario. Casi medio millón se ha tenido que destinar para que los magistrados, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia pudieran teletrabajar, incluida la compra de ordenadores portátiles; y otros casi 285.000 euros ha tenido que desembolsar la Dirección General de Telecomunicaciones justamente en portátiles con los que atender las incidencias de la pandemia.

Lo más llamativo, eso sí, son los 44.000 euros del contrato que el Instituto de Igualdad ha adjudicado a Codexca (también por vía de emergencia y bajo la fórmula del negociado sin publicidad) para que esta firma facilite al organismo la "evaluación" del impacto de la pandemia en la sociedad "con perspectiva de género".