El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, garantiza que la crisis social que sigue a la crisis sanitaria del coronavirus no socavará el estado del bienestar en las Islas. Es lo que se han propuesto los firmantes de la declaración institucional del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que se selló ayer en el Salón Europa del Parlamento de Canarias. El acto coincidió con una atípica celebración del Día de Canarias: sin público, sin apenas medios de comunicación y con solo unas decenas de asistentes debido a las restricciones sanitarias. Con esta firma, Canarias se convierte en la primera Comunidad Autónoma en suscribir un pacto de reconstrucción. "Cualquier pacto siempre es un paso adelante. Pactar nunca es una debilidad, creo que es una fortaleza. Y en estos momentos, una necesidad", aseguró Torres.

El texto del pacto, que pretende impulsar medidas que garanticen la recuperación de la región tras la pandemia, fue apoyado por los grupos Socialista, Nacionalista, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias, la Fecam, la Fecai, los sindicatos mayoritarios, las patronales y representantes de los distintos sectores sociales. No consiguió el respaldo de 13 de los 70 diputados de la Cámara Autonómica. Tanto el Partido Popular (tercera fuerza política con 11 diputados) como Ciudadanos (dos diputados) decidieron no adherirse a un documento que han tildado de "papel mojado" porque no cuenta con partidas financieras que garanticen la materialización de sus medidas. Además, y pese a que finalmente apoyaron el texto, los nacionalistas se han mostrado críticos con su contenido y avisan de que permanecerán vigilantes y a la espera de su cumplimiento.

La ausencia de PP y Ciudadanos desluce las intenciones del Ejecutivo regional, que aspiraba a exhibir una imagen de unidad a la hora de exigir ayudas y recursos para Canarias en Madrid y Bruselas. El Archipiélago necesita un plan extraordinario de rescate que atienda a sus circunstancias más allá de las disposiciones del REF y del Estatuto de Autonomía. Se estima que sacar adelante las medidas de reactivación que se esbozan ya en este pacto costará unos 18.000 millones de euros. De estos, unos 11.000 podrían afrontarse con fondos de las administraciones canarias. Conseguir el resto dependerá de la colaboración del Estado y de las instituciones europeas.

En el discurso que efectuó tras la firma, Torres advirtió de que será necesario "mirar al futuro y afrontar que tras la pandemia tendremos que hacer muchos esfuerzos". "Hoy comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito en los próximos años", añadió. "Nos vamos a adaptar a la nueva situación, no dejaremos que el Covid-19 derribe los cimientos de nuestro estado del bienestar", insistió.

Asimismo, el dirigente regional volvió a tender la mano a PP y Ciudadanos para que se incorporen a un pacto que "es de todos". "Agradezco el apoyo a quienes lo han firmado pero también a quienes no lo han hecho, a quienes no lo han firmado agradezco el trabajo realizado durante estos meses de negociación". En su intervención, el dirigente socialista reconoció que los esfuerzos por conseguir la adhesión de estos dos partidos se prolongaron hasta "esta misma mañana".

El pacto deberá plasmarse ahora en un plan con las medidas específicas y las correspondientes partidas económicas. Está articulado en torno a siete grandes ejes de actuación: conservar los servicios públicos fundamentales; reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias, atender a los más vulnerables; mantener y recuperar el empleo; reimpulsar la actividad económica; agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos e impulsar la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible.

Con el objetivo de que "nadie se quede atrás" y un horizonte de ejecución plurianual que se extenderá al menos hasta 2023, el presidente regional esbozó algunas de las medidas y explicó que el pacto compromete "a los que lo han firmado a defender su contenido y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles".

Canarias es la comunidad española más afectada económicamente por la pandemia, que ha golpeado de lleno en su principal sector productivo: el turismo. El pacto aboga por la extensión de los ERTE de fuerza mayor en el ámbito del turismo y en sus actividades auxiliares. Además, se impulsará políticas de compensación de rentas para las personas afectadas por la caída de sus recursos. "Si no fuera por esos ERTE, hoy estaríamos hablando de cifras de desempleo espeluznantes en las Islas", valoró Torres. El documento incluye un compromiso para articular acciones que permitan a las administraciones canarias usar los remanentes y superávits y las transferencias precisas para preservar el estado de bienestar y recuperar los distintos sectores productivos.

Canarias debe exhibir el que puede convertirse ahora en su principal atractivo económico y turístico: la seguridad sanitaria. La rehabilitación de los espacios hoteleros y el impulso de la digitalización en el sector también serán vitales. Los responsables públicos se comprometen a vigilar, también, los precios de los billetes y defender "como derecho intocable" la bonificación del 65% para los residentes. Para compensar las pérdidas por la crisis, plantean ayudas a las pymes y la revisión del REF para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Planes de recualificación y el desarrollo del Plan Integral de Empleo, que requiere al menos de 42 millones de euros, completarán un paquete de medidas de fomento del empleo diseñadas para este nuevo período.

La construcción también será fundamental para el futuro de las Islas, tanto la pública como la privada. Puede incentivarse con la agilización de la concesión de licencias. Torres también abogó por apoyar al sector primario y tampoco se olvidó de la cultura. "Deben potenciarse y son parte relevante de este documento". En cuanto a la sanidad, el compromiso será invertir y exigir inversiones en los espacios sanitarios, el fortalecimiento de la atención primaria y de la vigilancia epidemiológica. Para ayudar a la población más vulnerable, se hará necesario el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y se plantea la prórroga del Ingreso Canario de Emergencia, las ayudas a los comedores escolares y la suspensión del alquiler social.