Crisis en Educación tras la dimisión del director general de Innovación y Ordenación

Gregorio Cabrera emitió un escrito a varios agentes de la comunidad educativa en el que afirma: "En los últimos meses he intentado mantener el compromiso adquirido y trabajar de la mejor forma posible en un doble escenario de dificultades: la Covid19 y la respuesta que en cada momento debíamos dar.

Aún cuando desde la DGOIC se ha defendido la necesidad de centrarnos en la puesta en marcha y organización del curso 20-21, aceptamos el acuerdo de afrontar un proceso de desescalada que incluía actividad docente presencial a partir del 25 de mayo.

Sin embargo el desencuentro con la estrategia asumida por el equipo director de la Consejería de Educación y Universidades ha llegado a un punto de no retorno, a raíz de las instrucciones no consensuadas que en forma de Orden dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones.

Hace ya un mes anuncié mi intención de no continuar como director general el próximo curso y puse de inmediato mi puesto a disposición de la Sra. Consejera. Acepté, no obstante, mantenerme hasta finalizar julio, pero, ante la imposibilidad profesional y personal de continuar en esta situación, he tomado la difícil decisión de presentar mi dimisión formal con petición de reincorporación en el menor tiempo posible a mi puesto de inspector, donde seguiré trabajando, como siempre he intentado hacer, por la Educación en Canarias".

El presidente del Gobierno canario. Ángel Víctor Torres, se limitó a decir esta mañana que, hasta que no se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), no habrá constancia oficial de la citada dimisión.

CCOO de Canarias manifestó ayer que los responsables de la Consejería de Educación no deberían continuar "ni un minuto más", por la gestión de la crisis y exigió al presidente del Gobierno canario que eviteque la educación pública no universitaria "continúe avanzando hacia el precipicio".

"Así no se puede seguir un curso más. Alguien debe poner orden en educación", sostiene Comisiones Obreras en un comunicado en el que acusa a la Consejería de carecer de "un plan de desescalada" cuando está a punto de comenzar la fase dos.

El sindicato acusa a la Consejería, a cuyo frente está María José Guerra, de trasladar su responsabilidad y sus obligaciones a los equipos directivos, al profesorado y a las familias, al no haber "instrucciones concretas y claras para que la comunidad educativa pueda organizar la vuelta progresiva a la normalidad".

"No se sabe si van a abrir los centros la semana próxima" y el borrador de propuesta de desescalada presentado ante el Consejo Escolar de Canarias contiene "vaguedades, imprecisiones y contradice documentos anteriores", según el sindicato.

Hay "desconcierto entre el personal docente y no docente, las familias y los equipos directivos", y "hay centros que han distribuido ya material a las familias desde hace varios días" mientras que otros "están planificando la vuelta sin tener en cuenta el carácter voluntario" de la reincorporación de alumnos y profesores.

CCOO exige la elaboración urgente de un plan de desescalada educativa, la constitución y convocatoria inmediata de los comités de seguridad y salud y la adaptación a los diferentes escenarios que pueden darse el próximo curso.

También reclama el sindicato un plan de inversión para compensar la desigualdad entre alumnos y la falta de recursos y medios de personal, así como la regulación de las condiciones laborales de los docentes en la nueva situación.

Coalición Canaria-PNC mostró ayer sábado su desacuerdo con que sea cada centro educativo el que decida si reabre o no las aulas ante el final del curso, como ha establecido la Consejería de Educación.

La diputada regional de CC-PNC Beatriz Calzada cree que es un "despropósito", porque esa decisión deja "solos y sin apoyos" a los directores de los centros y a la comunidad educativa, además de que no se garantiza un acceso igualitario a todos los alumnos de Canarias.

Para Calzada "debe haber un criterio único y claro para todos los centros educativos" y que luego cada uno lo adapte a sus circunstancias, con protocolos y directrices para que los directores de centros y el profesorado pueda actuar con seguridad.

La Consejería no ha dotado a los centros educativos de medidas mínimas de protección como mascarillas o guantes ni ha establecido un calendario para realizar test, señala la diputada de CC-PNC en un comunicado.

"No valen ya vaguedades ni inexactitudes; no se puede seguir permitiendo tal dejadez de funciones y tamaña falta de respeto a los profesionales de la educación", indica Calzada.

Profesores, personal no docente y familias, así como directores y directoras de diferentes CEIPS, IES, CER, EOI, Residencia Y CEPA de la comarca Norte de Gran Canaria, de los municipios de Agaete, La Aldea de San Nicolás, Arucas, Gáldar y Santa María de Guía, entienden que "precisamos instrucciones específicas sobre los protocolos a seguir sobre temas relevantes, como la distribución del alumnado por aulas y ratio, equipación del personal de limpieza, personal no docente y docente, desarrollo de convivencia en zonas comunes o servicio de cafetería, entre otras cosas.

No obstante," estamos trabajando en el acondicionamiento de los centros, para retomar nuestra labor educativa presencial con todas las garantías de seguridad e higiene para el conjunto de nuestra comunidad, indican en un comunicado..

"Dicho lo cual, por prudencia y hasta la recepción de instrucciones, la actividad lectiva presencial no está prevista, por lo que permaneceremos prestando los servicios educativos de forma no presencial (telemática)", advierten.