La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional ha tramitado unas 27.000 solicitudes del ingreso canario de emergencia (ICE), el pago único con el que el Ejecutivo persigue aliviar la situación de personas en situación de vulnerabilidad social por causa del coronavirus que no pueden acceder a otras prestaciones. La titular del departamento, Noemí Santana, sostuvo ayer en el Parlamento que ampliar el plazo para pedir la ayuda -que en principio concluye el 27 de mayo- sería "una buena medida", aunque deberán ser los grupos parlamentarios los que la impulsen, dado que el decreto ley que la regula se tramitará ahora como proyecto de ley tras ser convalidado por la Cámara.

El pleno iniciado el martes concluyó ayer con una jornada centrada en las políticas sociales, motivo de todas las iniciativas con la excepción de la aprobación del nuevo reglamento del Parlamento. Santana compareció para detallar la actuación de la Consejería durante la crisis del coronavirus y para defender la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en materia social y recibió las críticas de la oposición, entre otras cosas, por la tardanza en abonar el ICE. La intención del Gobierno es comenzar a pagar a partir del día 27 y sus previsiones apuntan a que serán alrededor de 38.000 los beneficiarios, aunque a falta de una semana para que se cierre el plazo -si no se amplía- se han tramitado las mencionadas 27.000 solicitudes.

"No puedo felicitarla por la ayuda de emergencia porque no ha llegado a una sola familia", dijo Cristina Valido, diputada de CC-PNC y antecesora de Santana en el cargo, quien denunció las dificultades que encuentran los posibles beneficiarios para presentar sus solicitudes (solo se pueden formular telemáticamente o a través del 012). Las felicitaciones, añadió, llegarán cuando toque -"tiempo habrá"-, al igual que las que correspondan por las ayudas para el pago del alquiler de la vivienda, que tampoco se han abonado todavía. Valido exigió mayor eficacia al Gobierno autonómico en la gestión de las medidas destinadas a amortiguar los efectos de la crisis en la población más vulnerable. Destacó, en este sentido, que la prestación canaria de inserción (PCI) llegaba en 2017 a unas 13.000 personas, mientras que ahora solo la perciben alrededor de 7.000.

Pese a las críticas, también hubo lugar para los reconocimientos. La parlamentaria nacionalista felicitó a la Consejería y a su personal por las renovaciones de oficio de la PCI y por las gestiones para suministrar alimentación a los alumnos con menos recursos, los que en los comedores escolares disfrutan de cuota cero. Sin embargo, Valido propuso estudiar la evolución de la situación económica de las familias con objeto de atender el más que probable aumento de los destinatarios, que en la actualidad ascienden a 13.000. La sugerencia fue bien acogida por Noemí Santana, que la consideró "una medida muy interesante".

También coincidió la consejera en la necesidad de estudiar un cambio en los criterios por los que se distribuyen entre los ayuntamientos los recursos para los equipos de intervención en infancia, que, por consejo de la Intervención, han pasado a primar la población de los municipios. Santana se comprometió a "buscar una solución que concilie las recomendaciones técnicas y lo que es justo moral y éticamente".

Tanto CC-PNC como el PP y Ciudadanos acusaron a la consejera de haber estado ausente en los contactos con asociaciones, administraciones y partidos políticos. "Ha estado usted desaparecida", afirmó Vidina Espino (Cs), mientras que Poli Suárez (PP) le diagnosticó "alergia" a compartir espacio con formaciones políticas cuyos principios no comparte.

"Hay que flexibilizar la gestión de las administraciones para llegar más rápido y de forma más eficaz a los ciudadanos", urgió el diputado popular, quien de esta manera coincidía con lo expresado antes por Carmen Hernández (NC). "Necesitamos una revolución administrativa para que la administración y las leyes estén al servicio de la gente, y no al revés", dijo la concejal y exalcaldesa de Telde.

En materia de violencia contra la mujer, la consejera confirmó que Canarias deberá devolver la mayor parte de los 6 millones que recibió del Estado en 2018 -cuando gobernaba CC- para luchar contra esta lacra, dado que solo se ejecutaron 173.000. Sin embargo, ambas partes han acordado que se detraiga la cantidad correspondiente a 2020 y sin sumar intereses, por lo que Canarias ya dispone de fondos para desarrollar estas políticas este año.