La mayoría de las comunidades de propietarios no podrán cumplir con las condiciones impuestas por el Gobierno estatal para el uso de las piscinas. Esto denunció ayer el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), que ha elevado un escrito al Ministerio de Sanidad tras la publicación de la orden de entrada a la fase 2 del plan de desescalada. Los administradores de fincas consideran, según aseguraron en una nota de prensa, que esta orden no resuelve las cuestiones pendientes que el Consejo General del CGCAFE ha ido exponiendo en distintas comunicaciones al presidente del Gobierno y a los responsables de los ministerios competentes.

El aforo máximo permitido será del 30%. La mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo. No hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.

Cita previa y organizarse por turnos. Según los administradores de fincas, no es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos. La competencia es de la Junta General de Propietarios. Al margen de la controversia que supondría tratar de alcanzar un acuerdo para los turnos, hay que recordar que todavía no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios, lo que impide esta regulación.

Distancia de seguridad. En las zonas de estancia de los usuarios en las piscinas, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Si se marca un área de uso reservado para cada persona y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso (tanto a dichos espacios como al vaso de la piscina o a los vestuarios), el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que disparará los costes del servicio en proporción al número de usuarios. Tampoco se dispone de recurso para ejercer el control de que los usuarios respetan sus respectivas zonas de estancia. El presidente del CGCAFE, Salvador Díez, propone al Gobierno que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales, el aumento de plazos para la celebración de las reuniones y se confirme a los propietarios que ocupan cargos, con lo que se resolverían muchos problemas actuales, tanto para la apertura de piscinas como para el resto de los problemas planteados en las distintas fases de la desescalada.