El Ejecutivo regional aspira a mantener el teletrabajo como la modalidad preferente para que los empleados públicos desarrollen su labor tras la crisis del coronavirus. Con el inicio de la segunda fase del desconfinamiento el próximo lunes también comienza la desescalada en la Administración autonómica y el Gobierno quiere que al menos entre el 30% y el 40% de la plantilla pueda desarrollar su trabajo de forma telemática. El ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma es el que tiene mejores condiciones para consolidar el teletrabajo frente al trabajo presencial. La plantilla es de unos 10.000 trabajadores, por lo que hasta unos 4.000 podrían realizar su labor on line en la nueva normalidad.

El trabajo no presencial es una modalidad voluntaria y, por lo tanto, está en manos del empleado acogerse o no a la misma en la nueva etapa que se abre en la Administración. En una encuesta interna realizada por la Dirección General de Función Pública a todos los empleados la aceptación del teletrabajo como modalidad habitual de trabajo es apoyada mayoritariamente, según explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva. "El teletrabajo ha llegado para quedarse, el Covid-19 ha acelerado los procesos y ahora tenemos la oportunidad de profundizar en la Administración telemática para ser más eficientes y cumplir con más garantías las normas de seguridad y riesgos laborales que implica volver a la nueva normalidad", explica Rodríguez.

Para la consejería de dirige Julio Pérez lograr que un 40% de los funcionarios desempeñen habitualmente su labor en la modalidad de teletrabajo resolvería bastantes problemas de cara a la implantación de las medidas de prevención, porque así habrá distanciamiento suficiente en las oficinas entre los trabajadores y los ciudadanos, además de que serán más baratas y eficientes porque no será necesario invertir tanto en nuevos elementos de seguridad como mamparas, reestructuración de espacios, cambios de salidas y entradas, etcétera. La voluntariedad exige que cada centro directivo y los jefes de personal de cada departamento evalúen los puestos de trabajo que son susceptibles de acogerse al teletrabajo por sus características para que sea el empleado el que puede aceptar o no acogerse a esta modalidad laboral. Alejandro Rodríguez es firme defensor de la labor telemática, pero también advierte de que la Administración autonómica no tiene aún suficiente controles de la gestión por objetivos, algo necesario para evaluar la eficacia del teletrabajo. Rodríguez menciona el ejemplo de la Administración Tributaria como un ejemplo de trabajo por objetivos y de indicadores de gestión.

Desde que se inició el estado de alarma hasta ahora sobre el 80% de los empleados públicos han estado teletrabajando. El viceconsejero explica que durante este tiempo se han alcanzado hasta 8.000 conexiones diarias VPN (conexión remota desde el ordenador personal al del trabajo), lo que da idea de los cambios que ha provocado el Covid-19. Como dato llamativo, el Sábado Santo (el pasado 11 de abril) se alcanzaron las 2.000 conexiones pese a ser una jornada en medio de un puente festivo.

Los cambios ocasionados por la crisis del coronavirus en la Administración también implican otras modificaciones que acompañarán al teletrabajo y que suponen cambios organizativos importantes en la forma de trabajar de los funcionarios. El viceconsejero de Administraciones Públicas habla de la "flexibilización" de la jornada laboral, de tal forma que se pueda combinar, en los puestos que así lo requieran, la modalidad on line con la presencial. También hay que determinar los nuevos turnos, la reestructuración de aquellos puestos que sí exigen la forma presencial -como es el caso de las oficinas de atención a la ciudadanía- o nuevas medidas para la conciliación laboral y familiar. La Viceconsejería ultima el marco general que regula esta nueva organización y las medidas de prevención frente al Covid-19 para que después cada departamento lo adapte a sus particularidades.

Estos cambios han encontrado de entrada ciertas reticencias en varios de los sindicatos que representan a los empleados públicos. El hecho de que los cambios no solo sean de seguridad sanitaria sino también organizativos y de modificaciones en la forma de trabajar levanta suspicacias entre algunas centrales, que consideran que son cuestiones a negociar con más profundidad. Alejandro Rodríguez asegura que las nuevas condiciones de los puestos de trabajo se seguirán negociando.