El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apeló ayer a la "responsabilidad colectiva" para pedir la aprobación del real decreto para evitar el colapso de los juzgados cuando se levante el estado de alarma, porque considera que su convalidación "es crucial" para la vuelta a la actividad normal de los juzgados, pero también para "contribuir a la recuperación del país". Finalmente fue aprobado con los votos de ERC, PNV y de algunos grupos minoritarios. Tanto los republicanos catalanes como los nacionalistas vascos condicionaron su apoyo a que se tramite como proyecto de ley para poder modificarlo vía enmiendas.

Las primeras noticias sobre el real decreto, que entre otras medidas propone potenciar los juicios telemáticos y turnos de mañana y tarde en los juzgados, ya motivaron el rechazo del líder del PP, Pablo Casado, por, entre otras razones, tratarse de una norma que modifica la ley orgánica del poder judicial sin tener el mismo rango, extremo que el ministro cuestionó recordando cómo el Gobierno de Mariano de Rajoy lo intentó con un sistema similar.

Desde Justicia se asegura que la colaboración con los consejeros ha sido de tal nivel que fue el magistrado madrileño Enrique López quien propuso la habilitación de agosto, medida que puso en pie de guerra a los colegios de abogados y procuradores, cuya instrumentalización lamentó Campo desde la tribuna.

Y en esa medida centró Ciudadanos su voto en contra, pese a que el Consejo General del Poder Judicial había salido en su ayuda al aconsejar a los jueces que en la medida de lo posible prescindan de señalar ese mes.

El real decreto también incluye otras medidas, como facilitar la disposición de planes de pensiones de los autónomos con graves pérdidas o un procedimiento "especial y sumario" para resolver los cambios que haya producido el coronavirus en el propio régimen de visitas y de custodia de menores establecido, o a la hora de revisar la situación económica de los progenitores obligados al pago de pensiones alimenticias o de quienes las reciben.

El ministro Campo, por su lado, destacó, además, los juzgados Covid-19, para dar respuesta a la litigiosidad producida por la pandemia y las medidas que incluye para agilizar la tramitación de los concursos de acreedores, que se calcula que se incrementen en un 246% respecto al año pasado.