Los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma está previsto que se reincorporen a sus puestos de trabajo de forma escalonada a partir del 25 de mayo, con el inicio de la segunda fase del plan de desescalada.
La Dirección General de Función Pública ultima el protocolo con las medidas de prevención frente al Covid-19 tanto para los trabajadores como para los usuarios de los servicios públicos, además de un conjunto de medidas de carácter organizativo, entre ellas la de priorizar el teletrabajo, que será voluntario a petición del trabajador. No obstante, el Ejecutivo pretende potenciarlo siempre y cuando lo permitan las circunstancias de cada puesto. Ayer tuvo lugar una mesa general de negociación entre los dirigentes de la Consejería de Administraciones Públicas y los sindicatos que acabó con una nueva división entre las centrales sindicales, ya que tres de ellas -UGT, CCOO e Intersindical- votaron en contra del documento presentado por Función Pública, frente a Sepca y CSIF que dieron su voto favorable.
La reincorporación afecta a cerca de 10.000 empleados de la Administración General más los 3.000 de Justicia, que ya iniciaron esta semana la reintegración a sus puestos.
Antes, Función Pública tendrá que adaptar los inmuebles administrativos a las nuevas circunstancias que impone el coronavirus.
